COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local aprobó un punto de acuerdo para denunciar penalmente, ante la Fiscalía General del estado (FGE), a servidores públicos de diversas dependencias estatales y municipales por el presunto delito de desvío de cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol). La propuesta, presentada por la diputada morenista Claudia Gabriela Aguirre Luna, establece que entre los presuntos responsables de los ilícitos se encuentran funcionarios del gobierno estatal, DIF y la propia FGE, así como de los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, quienes pudieran resultar imputados por delitos señalados en el Código Penal para el Estado de Colima. El Congreso también instruyó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) para que en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas inicie un procedimiento de investigación para fincar responsabilidad administrativa contra el exdirector y el actual director del Ipecol. Según el acuerdo avalado por el pleno de los legisladores, esas acciones deberán realizarse en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir de su fecha de aprobación. En el documento se argumenta que el tipo penal de desvío de cuotas y aportaciones consiste en que un servidor público descuente dinero a los trabajadores de una entidad pública y omita destinarlas a lo que estaban previstas, o los aplique a un fin distinto al establecido, con lo que se incumple la obligación de enterar las referidas cuotas o aportaciones a determinadas instituciones públicas, sociales o privadas. Al presentar la propuesta, la diputada Aguirre dijo que es un clamor social aplicar todo el rigor de la ley a ese tipo de conductas que afectan el patrimonio de trabajadores, aprovechándose de un cargo público. Recordó que desde la tribuna legislativa ha realizado distintas acciones para que el Ipecol cumpla sus obligaciones y cobre a los entes públicos las aportaciones que no han sido entregadas, sin embargo, por miedo o incompetencia el organismo ha fracasado en ese objetivo. “Es notorio el caso de su exdirector, que prefirió renunciar a afrontar las consecuencias legales de su negligencia, creyendo ingenuamente que con su renuncia evadiría las consecuencias legales de su pésima actuación”, señaló la legisladora. Añadió que con el nuevo director ocurre lo mismo, pues “ha quedado claro que obedece a intereses ajenos al bienestar del Instituto de Pensiones y los trabajadores a quienes debería servir; basta recordar que hace unas semanas el Congreso le pidió, en un acto de buena voluntad, que enviara a esta Legislatura un informe de las acciones que ha emprendido para la recuperación de los adeudos”. Claudia Aguirre consideró que la respuesta del titular del Ipecol fue “mediocre y pusilánime”, evidenciando la implementación de una estrategia dilatoria para evitar el ejercicio de las acciones legales que tiene a su alcance y que por supuesto perjudicaría los intereses de quienes lo llevaron a dicho puesto. Ante la falta de acciones contundentes del Ipecol y la urgencia de acabar con esta mala práctica que constituye actos de corrupción, y dado que este tipo penal no requiere de querella alguna para su investigación, propuso que la Legislatura presente denuncia ante la FGE para realizar la investigación correspondiente. Aguirre Luna estimó que esa investigación no es complicada, pues basta acreditar que después de febrero de 2019 no se entregaron al Ipecol las cuotas correspondientes, para que quede acreditado el ilícito. El mismo Instituto de manera gris y mediocre ha evidenciado que los entes mencionados le adeudan aportaciones, siendo suficiente dicho dato para dar trámite y entrada a esta denuncia, abundó. De igual manera, destacó que, aunque son diversos los entes que adeudan al Instituto de Pensiones, se optó por un primer paquete de denuncias, tomando como criterio los entes que más adeudan hasta abril de 2019 a Ipecol, que es la última fecha que se tiene disponible, pues a partir de dicho periodo el propio Ipecol se ha rehusado a transparentar los adeudos, no obstante que por obligación debe ser información pública. Sostuvo que, además de los entes públicos que han omitido el entero de las cuotas de los trabajadores al Instituto de Pensiones, tanto el exdirector como el actual director del organismo incumplieron sus obligaciones legales, causando perjuicio a las finanzas del Instituto a su cargo. “Con esta inacción de ambos funcionarios, las y los trabajadores de las dependencias públicas han visto menguadas sus pensiones, préstamos y servicios médicos, lo que representa faltas administrativas graves en términos de la ley general de responsabilidades administrativas”, puntualizó. Hace varias semanas el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado dio a conocer que tan sólo el Poder Ejecutivo estatal tiene un adeudo de alrededor de 300 millones de pesos al Ipecol.