Para muchos integrantes del Poder Judicial, el atentado que cobró la vida del juez Uriel Villegas, en sí mismo atroz, implica también una advertencia para todos los impartidores de justicia. En particular éstos se sienten vulnerables porque se han suspendido algunos mecanismos de protección que existían en administraciones anteriores a la del ministro Arturo Zaldívar en el Consejo de la Judicatura. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El asesinato del juez de control Uriel Villegas Ortiz encendió las alarmas de los impartidores de justicia a escala federal, algunos de los cuales lamentan que exista un distanciamiento entre la cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro Arturo Zaldívar, con sus principales activos: jueces y magistrados. De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el homicidio del juez Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, perpetrado frente a su domicilio en la capital de Colima, también ha propiciado que se cuestione la decisión de relajar la seguridad que se brinda a titulares de juzgados y tribunales federales, una prioridad en administraciones pasadas. Proceso buscó al consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, quien preside la Comisión de Vigilancia del CJF, para preguntar sobre los señalamientos de jueces y magistrados. Sin embargo, la posición de la Judicatura es que ya se había emitido un comunicado sobre la seguridad de los impartidores de justicia, aunque dicha postura fue para responder a un señalamiento del diario Reforma en el sentido de que sólo 14% de los juzgadores federales tienen acceso a servicio de protección personal. El doble crimen, cometido el pasado martes 16, impactó de tal forma al aparato judicial que al menos tres organizaciones en las que participan jueces y magistrados federales resolvieron emitir pronunciamientos para condenar el atentado y solicitar mayor seguridad para sus agremiados, de forma totalmente independiente y al margen del ministro Zaldívar Lelo de Larrea. La molestia y desazón de los impartidores de justicia no es para menos: el de Villegas es el tercer asesinato de un juez federal de 2006 a la fecha. El 17 de agosto 2006 fue asesinado en Toluca el juez René Hilario Nieto Contreras, encargado de uno de seis juzgados de Procesos Penales Federales adscritos al penal federal de máxima seguridad La Palma, hoy del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Aunque el impartidor de justicia era el responsable de procesos penales contra integrantes del cártel de los Arellano Félix y del Cártel de Juárez, las indagatorias del caso apuntaron hacia el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, por haberle negado el derecho a la visita conyugal. A la fecha, este homicidio sigue sin castigo. En 2016 fue asesinado otro juez asignado a Toluca: Vicente Antonio Bermúdez, responsable de dictaminar varios juicios de amparo promovidos por líderes de la delincuencia organizada como Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. No obstante, las investigaciones en el caso del juez Bermúdez llevaron a la detención de su esposa por la presunta autoría intelectual del crimen, por lo que la entonces Procuraduría General de la República y el CJF descartaron la participación del crimen organizado. En el caso del juez Villegas Ortiz son públicos los expedientes que vinculan su labor jurisdiccional en un juzgado federal de Guadalajara, con la resolución de diversas causas penales contra tres cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; su esposa Rosalina González Valencia; y el hijo de ambos, Rubén Oseguera González, El Menchito. Hasta el momento las principales líneas de investigación apuntan a un acto de intimidación por parte de grupos delictivos, en particular del CJNG, que tiene en Colima uno de sus bastiones, por la cercanía y comunicación entre ambas entidades.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2277 de la revista Proceso, ya en circulación.