OAXACA, Oax. (apro).- La omisión gubernamental “también puede ser una política criminal”, y tanto el Poder Ejecutivo como la Fiscalía General de Justicia tienen la obligación de identificar a los responsables que no actuaron o no hicieron lo suficiente para evitar la masacre de 15 personas en San Mateo del Mar, el domingo 21. Así lo destacó en un documento la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura local, que preside Horacio Sosa Villavicencio, y exigió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa garantizar la gobernabilidad para que el pueblo ikoot o huave pueda vivir con seguridad. Además, emplazó al fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, a realizar una pronta investigación y llevar a los responsables a la justicia, incluidas las autoridades locales que no hicieron lo suficiente para evitar la tragedia, pese los antecedentes de violencia en meses recientes. Tras recordar que versiones procedentes del municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec dieron cuenta de un ataque armado en contra de pobladores de diversas agencias, quienes se dirigían a Huazantlán del Río a una asamblea de análisis e información para organizarse conforme a sus normas internas, subrayó: “Expresamos nuestro pesar al pueblo ikoots, nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y de las familias afectadas por este acto irracional de barbarie, y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas heridas”. Estos hechos, abundó, podrían implicar un ataque directo, “por las vías más brutales”, a las capacidades ciudadanas para intervenir en los asuntos de interés público. En tal sentido, el Congreso local condenó que se busque mantener el control social o político a través del terror, “aspecto inadmisible en cualquier sociedad que, como la nuestra, aspira a considerarse democrática”. Añadió: “Como al parecer las víctimas mortales y los lesionados se dirigían a una reunión para analizar su relación con las autoridades de la cabecera municipal, se responsabiliza del atentado al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa. La situación se agrava porque trascendió que a las propias autoridades de seguridad e investigación les impidieron el ingreso al lugar de los hechos”. Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, completa, expedita e imparcial, que permita llevar a los responsables a la justicia para que, conforme a derecho, hagan frente a las consecuencias de los delitos cometidos, “aun en la conciencia de que este agravio a un pueblo indígena es imposible de reparar”. Asimismo, mencionó que la masacre del domingo 21 tiene como antecedentes directos otros ataques recientes que implicaron tortura, privación de la libertad y homicidio en contra de habitantes de las agencias de San Mateo del Mar. Y señaló la posible responsabilidad de quienes desde el gobierno del estado de Oaxaca tienen la obligación de conciliar, acordar y resolver los conflictos. “La omisión gubernamental también puede ser una política criminal”, apuntó. Finalmente, el Congreso demandó que el Poder Ejecutivo del estado, en coordinación con autoridades federales, establezca las condiciones de seguridad necesarias para que el pueblo ikoots pueda desarrollar su vida de manera armónica, hacer justicia y castigar a los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos.