CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una perorata publicada como Plan Nacional de Desarrollo (PND) y sin programas sectoriales, el gobierno de la 4T marcha a ciegas, sin brújula, sin posibilidad de sustentar en metas y resultados el uso del presupuesto público y de hacer con eficiencia los ajustes obligados por la crisis. El gobierno federal no ha publicado un solo programa sectorial a casi medio año de que se venció el plazo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto es una flagrante violación a los artículos 26 y 134 de la Constitución, a la Ley de Planeación, así como a las leyes orgánicas, presupuestales y de responsabilidades a que está sujeta la administración pública federal. La norma suprema establece que el sistema de planeación democrática impulsará el crecimiento económico del país con un sentido de independencia, democratización, equidad social, y que el mismo contará con un Plan Nacional de Desarrollo, al cual se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal. Se sabe que la mayoría aplaudidora de la Cámara de Diputados le aprobó al Presidente de la República, sin moverle ni una coma, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Este resultó ser una pieza oratoria y no un plan, dado que es omiso de los fines del desarrollo nacional y porque su formulación se alejó de los requisitos de forma y fondo que debió observar pero, ¿cuáles son los programas de la administración pública a que se refiere el texto constitucional? Son los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se deben expedir por las distintas dependencias, los cuales son de observancia obligatoria y deben estar sujetos al PND (o deberían estarlo). Tales programas deben contener los objetivos, metas e indicadores que guíen las acciones gubernamentales y servir como base para determinar la asignación de presupuestos. Cada programa sectorial, según dispone la Ley de Planeación, es el que abarca a todo un sector administrativo y guía las actividades de las dependencias que conforman de dicho sector, distribuyendo responsabilidades y recursos para que las acometan. Su elaboración es responsabilidad de la secretaría que encabeza el sector y, así, se debería contar con un Programa Sectorial de Educación a cargo de la SEP, uno de Comunicaciones y Transportes bajo la responsabilidad de la SCT, solo por poner un par de ejemplos. Cada secretaría contó con un lapso de seis meses desde que se publicó el PND 2019-2024 para publicar su programa sectorial, plazo que se agotó el 12 de enero anterior, por lo que desde hace casi medio año todas son omisas. Por su parte, las dependencias públicas están obligadas a elaborar y publicar su respectivo Programa Institucional y los programas especiales y regionales que defina el Ejecutivo, los cuales deben quedar circunscritos al respectivo Programa Sectorial. Así, para seguir con los ejemplos, el gobierno federal debiera contar con un programa institucional de educación básica, uno de educación media y otro de educación superior y posgrado, aparte de los programas especiales de educación para los adultos y la educación especial, por contar algunos del sector educativo. Tratándose del sector comunicaciones y transportes, la autoridad tendría que contar con un programa carretero, uno de puertos, otro aeroportuario, un programa institucional de telecomunicaciones, etc. La publicación de los programas institucionales debió efectuarse antes del 12 de abril, pero se han publicado tan solo 6, que corresponden a dependencias no sectorizadas. De esta manera, todas las subsecretarías, las entidades paraestatales y las demás dependencias trabajan sin el Programa Sectorial correspondiente y sin su propio programa institucional, por lo que la administración pública en su conjunto está actuando a ciegas, sin programa alguno, sujeta a la discrecionalidad de los funcionarios a cargo, lo que sin duda afecta la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos. El equipo de López Obrador dispuso de un largo tiempo, desde julio de 2018, para definir su plan nacional, tiempo que en lugar de ello utilizó para poner en marcha su enorme proyecto de clientelismo electoral. Ahora se le vencieron los plazos legales y se desataron la crisis económica, la emergencia sanitaria, la violencia incontenible, imponderables que deberían obligarlo a la revisión y el ajuste del plan, pero… resulta que el gobierno de López Obrador ni siquiera tiene programas sectoriales de los cuales partir, pues es omiso de las normas de planeación y se guía por la intuición, la improvisación y las ocurrencias. Te recomendamos: Polarización introspectiva