COLIMA, Co. (apro).- El Congreso local presentó un paquete de denuncias penales contra el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y los titulares de la Secretaría de Finanzas, Fiscalía General del estado y DIF estatal, por el desvío de las cuotas retenidas a los trabajadores y no entregadas al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol). Las querellas, que también alcanzaron al actual director y al exdirector del Ipecol, por haber incumplido su responsabilidad de cobrar los adeudos, fueron interpuestas por las diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio y Claudia Gabriela Aguirre Luna, de Morena, así como Ana Karen Hernández Aceves, del Partido del Trabajo, quienes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción en representación de la LIX Legislatura, acompañadas por el director jurídico del Poder Legislativo, José Alberto Vázquez Martínez. Las diputadas recordaron que la decisión de presentar las denuncias fue aprobada por el pleno del Congreso en la sesión del pasado viernes 19, con el propósito de que se esclarezca el uso y el paradero de los recursos no entregados al fondo de pensiones. De acuerdo con datos dados a conocer recientemente por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), el monto actual de la deuda del Poder Ejecutivo con el Ipecol asciende a más de 300 millones de pesos, además de los pasivos que registran algunos ayuntamientos y organismos descentralizados. Por su parte, el director jurídico del Congreso, José Alberto Vázquez, comentó que el adeudo al Instituto de Pensiones supera los 700 millones de pesos, incluidos el gobierno estatal y otros organismos públicos del estado y de los municipios. La diputada Blanca Livier Rodríguez dijo que la actual situación, además de poner en riesgo los recursos para el retiro de los burócratas, imposibilita al Ipecol a proporcionar préstamos y otros apoyos a los trabajadores. A su vez, Ana Karen Hernández comentó que el Congreso dará seguimiento y se mantendrá al pendiente del desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Claudia Aguirre señaló que, desde su creación en enero de 2019, el Ipecol ya se encontraba en números rojos, pero hasta la fecha sus titulares no han realizado las gestiones ni las medidas de apercibimiento o denuncias para recuperar los recursos que se adeudan. En el acuerdo aprobado por el Congreso la semana anterior, se argumentó que “el tipo penal de desvío de cuotas y aportaciones consiste en que un servidor público descuente dinero a los trabajadores de una entidad pública y omita destinarlas a lo que estaban previstas, o los aplique a un fin distinto al establecido, con lo que se incumple la obligación de enterar las referidas cuotas o aportaciones a determinadas instituciones públicas, sociales o privadas”. Según l propuesta presentada por Claudia Aguirre, es “un clamor social” la aplicación de todo el rigor de la ley a ese tipo de conductas que afectan el patrimonio de trabajadores aprovechándose de un cargo público.