OAXACA, Oax. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió urgentemente al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas a favor de los habitantes Ikoots del municipio de San Mateo del Mar, con el fin de evitar masacres como la ocurrida el pasado fin de semana que dejó 17 muertos. Además, la CNDH exige la irrestricta aplicación de la ley y la observancia plena del Estado de Derecho en Oaxaca, al tiempo que insta a privilegiar el diálogo y la concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar la paz y estabilidad social en ese municipio. En un comunicado, el organismo informa que las medidas cautelares ya fueron aceptadas, el pasado 25 de junio, por el gobierno del estado y Fiscalía General de Oaxaca. Detalló que las medidas cautelares tienen como objetivo proteger los derechos humanos de las personas y garantizar la vida, la integridad personal, el patrimonio y la seguridad de los habitantes del Municipio de San Mateo del Mar, ubicado en el Istmo de Tehuantepec. Así como otorgar atención médica, psicológica y asesoría legal a los familiares de las víctimas. El pasado 21 y 22 de junio se registró una masacre en la localidad de Huazantlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar, que dejó al menos 17 muertos, entre ellas dos mujeres. Las víctimas fueron torturados, lapidados e incinerados. Tras lamentar estos hechos violentos, la CNDH urgió la intervención del gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para que realicen el proceso de investigación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delitos, cometidos en agravio de los habitantes del citado municipio. Pidió la aplicación irrestricta de la Ley y del Estado de Derecho en contra de quien o quienes resulten responsables, enfatizó que en los últimos meses se han agudizado las diferencias sociales entre las comunidades de mérito, generándose zonas de conflicto, en donde priva la ingobernabilidad. Ante ese escenario, es deber del gobierno local salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas integrantes de sus comunidades, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, aseguró.