PUEBLA, Pue. (apro).- La Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” señaló que al cumplirse tres años del asesinato de Meztli Sarabia Reyna, hija del líder moral de esa organización, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitirio, aún siguen sin detenerse a todos los autores materiales e intelectuales de este crimen. En un pronunciamiento, la organización insistió en que este crimen fue una ejecución extrajudicial que formaba parte de un “programa represivo” instrumentado por el “morenovallismo” con la intención política de “aniquilar política y orgánicamente a la UPVA “28 de octubre”. En un recuento de lo ocurrido en estos tres años en las investigaciones sobre este asesinato, la organización hace referencia a que la Fiscalía General del Estado desapareció una cartera con identificaciones “oficiales” presuntamente de un integrante del Ejército que fue encontrada dentro de la oficina donde mataron a Meztli, “la cual podría tener una relevancia sumamente importante”. “Además, nos hemos encontrado con bastantes obstáculos y negativas por parte de las autoridades para que aborden la línea de investigación política que pudiera alcanzar y revelar los vínculos de funcionarios y operadores morenovallistas involucrados en el asesinato de nuestra compañera, pues, su primera intención fue la de criminalizar a Meztli, para quitar los motivos políticos de su asesinato”, denuncia. Con respecto a esto, recuerda que en la primera rueda de prensa que dio la autoridad sobre el caso se mencionó que “se trataba de un ajuste de cuentas”. Esto, basado en que junto al cuerpo de Meztli Sarabia Reyna se encontró una cartulina con amenazas de muerte hacia Rubén Sarabia Sánchez y miembros de su organización: “Esto les pasa a todos los que apoyan a “Simitrio”. Putos lacras. Sigues tú “Simitrio y los que lo apoyen. Putos extorsionadores. Fuera la 28”. En el pronunciamiento se hace referencia a que, de acuerdo a la información que les han proporcionado las autoridades judiciales, en el asesinato de Meztli Sarabia participó un comando de por al menos 20 personas, entre sicarios, choferes y menores de edad habilitados como halcones. No obstante, agregan que a la fecha sólo se han detenido a tres personas, una de las cuales, por ser menor de edad, fue puesta en libertad. Se trata de un hombre identificado como Pavel N., quien sería uno de los sicarios, así como su pareja, una menor de edad que participó como halcón y otra mujer de nombre Marisela, que aún no se tiene claro la participación que presuntamente tuvo el crimen. La “28 de Octubre” menciona que a la fecha han tenido 10 reuniones con funcionarios de la Fiscalía del Estado, en las cuales les han otorgado diversos informes “con pocos avances e información contradictoria. “…el anterior Titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, nos dijo a finales del año 2018 que ya tenían ubicados a todos los autores materiales del asesinato de Meztli y que solo era cuestión de horas para ejecutar las ordenes de aprehensión”, advierte la organización en su comunicado. Sin embargo, señala que al haber cambio de titular de la Fiscalía se les dijo que esa información no existía, ni constaban más órdenes de aprehensión en la carpeta de investigación sobre el caso. “…a tres años de la ejecución extrajudicial de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, quien fuera la hija mayor de nuestro Asesor General Ruben Sarabia Sánchez Simitrio, este crimen de Estado perpetrado contra la UPVA “28 de octubre”, sigue impune”, reclaman. La agrupación de vendedores recuerda que este asesinato, se dio en medio de otras acciones represivas contra integrantes de la “28 de Octubre” como el encarcelamiento del propio “Simitrio”, de los dirigentes y activistas: Atltonatihu Ruben Sarabia Reyna; Luis Fernando Alonso Rodríguez y Xihuel Sarabia Reyna. Igual que intentos de encarcelar a Rita Amador López, dirigente de la UPVA “28 de octubre” y esposa de “Simitrio” y a Luz Gálvez Javier, esposa de Xihuel Sarabia, así como llamadas anónimas con amenazas de muerte. Aparte de ataques con armas de fuego perpetrados por pandilleros y policías municipales y estatales a comerciantes de esa organización y los operativos para retirarlos de sus espacios de trabajo.