CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Un servidor público de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ofreció 10 millones de pesos a los abogados de la empresa CIMSA para que retiren las denuncias por el delito de extorsión que interpusieron en contra de Ana Gabriela Guevara y su amiga Armida Ramírez Corral. Sin ofrecer pruebas ni dar el nombre del servidor público, Jesús Chaín y Rafael Sánchez Cano dijeron que el pasado 7 de junio, intentaron sobornarlos a través de un tercero. “Hemos tenido mensajes (de WhatsApp) en donde nos están ofreciendo dinero para que ya no sigamos. Nos ofrecieron 10 millones pesos para que ya no sigamos. No hay precio. Nosotros no hicimos esto por dinero, ni por fama”, declaró en conferencia de prensa el abogado Chaín. “No (damos el nombre) porque violamos el proceso. Quiero que se haga justicia no que se haga ruido”, insistió Sánchez Cano. Los abogados interpusieron denuncias tanto en la Fiscalía del Estado de Veracruz (FGE) como en la Fiscalía General de la República (FGR) para señalar que su cliente, Carlos Solórzano, dueño de la empresa de alimentos CIMSA entregó 2.5 millones de pesos de “moche” a cambio de un contrato por 16 millones de pesos para prestar el servicio de alimentación en tres comedores de la Conade. Los denunciantes señalaron que en dos ocasiones se reunieron directamente con Ana Guevara para acordar el monto que le entregarían a cambio de que les asignara el contrato para prestar el servicio de alimentación en el cual Solórzano, sólo de inicio, invirtió casi 12 millones de pesos. Chaín y Sánchez Cano se quejaron de que ni en la FGE ni en la FGR han dado seguimiento a sus denuncias. Por lo pronto, anunciaron que este miércoles 1 de julio se reunirán con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y otro funcionario de esa dependencia en aras de que haya sanciones por haber pedido “moche” para la asignación del contrato. La oficina de comunicación social de la SFP confirmó a Proceso que no está programada ninguna reunión con Sandoval ni con algún otro servidor público con los litigantes. Chaín y Sánchez Cano reconocieron que su cliente está metido en este problema por haber aceptado ser cómplice en un acto de corrupción y que está consciente de que puede ser sancionado por ese hecho. “Sí participamos y vimos un acto de corrupción, pero el cliente tomó la decisión y no había otra opción de vender en la Conade. En este país y en este momento no se trabaja y no se hace selección de contrato lícita, todos te piden moche y así se trabaja. No hay una manera que tengas un contrato licitando. “Él está consciente de que va haber una consecuencia y la está viviendo. Nosotros como despacho no estamos dispuestos a solapar, porque no somos delincuentes. Si el señor tiene una consecuencia jurídica tendrá que responder, de eso estamos claros y él está claro”, recalcó Chaín.