Vidulfo Rosales celebra que se ejerza acción penal por desaparición forzada por caso Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43. Foto: Octavio Gómez Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el anuncio del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sobre la solicitud de 46 órdenes de aprehensión por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los estudiantes, reconoció las labores de investigación y búsqueda de los jóvenes.

Luego de destacar que fue a través de los medios de comunicación como conocieron dicha información, así como la captura de José Ángel Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, Rosales Sierra destacó que entre 50 y 60% de solicitudes de captura corresponden a personas implicadas en el caso que fueron liberadas por falta de pruebas.

En entrevista, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan valoró que la FGR hayan iniciado, “por primera vez” en este asunto, acciones penales por el delito de desaparición forzada.

Y es que durante la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), la desaparición de los muchachos fue clasificada como secuestro, delito que no se aplicaba en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“La información oficial que tenemos, que es la que dio a conocer en medios el fiscal general, es que solicitó 46 órdenes de aprehensión; extraoficialmente sabemos que básicamente en un 50%, si no es que un 60%, se trata de acciones penales contra personas que fueron liberadas anteriormente”, detalló Rosales Sierra.

Añadió: “Es un paso importante, sobre todo porque se ejerció la acción penal por el tema de desaparición forzada, delito que no se había imputado a las personas detenidas”.

El abogado reconoció que, pese a la pandemia, las autoridades de la FGR, en particular la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, han realizado “muchas diligencias que se nos había informado era para ejercer acciones penales en el delito de desaparición forzada, se han tomando declaraciones de testigos, se está yendo a muchos lugares, y en materia de búsqueda se siguen haciendo importantes diligencias en las que sí hemos participado”.

Sobre la detención de Ángel Casarrubias, Rosales Sierra destacó que, si bien está sustentada en una acusación por delincuencia organizada, podría aportar información relevante sobre la ubicación de los 43 jóvenes desaparecidos, toda vez que “él era el líder operativo de Guerreros Unidos, él supo de todos los movimientos que había”.

Recordó que escuchas telefónicas realizadas por autoridades de Estados Unidos, en un proceso que se sigue a integrantes de Guerreros Unidos en Chicago, implicaron a Casarrubias Salgado en la desaparición de los estudiantes, “como una persona que estaba dando órdenes y que estaba operando en Iguala”.

Su detención –abundó– puede contribuir a dar pautas e indicios sobre el paradero de los 43 jóvenes, “y obviamente el gobierno va a tener que trabajar en un acercamiento, en implementar los mecanismos que la ley permita para dar incentivos, de tal manera que esta persona pueda colaborar y pueda proveer información a la FGR”.

El abogado destacó que el detenido también podría exponer “las redes de vínculos del crimen organizado con el poder público en Iguala, donde confluyen autoridades municipales, estatales y federales; es una ciudad importante en la que están desplegadas comandancias de la policía estatal, ministerial, federal y el Ejército mexicano”.

Agregó que hasta ahora lo que se sabe es que “todas estas autoridades tenían vínculos de colaboración y complicidad con Guerreros Unidos. Falta dilucidar si el día de los hechos estuvieron trabajando de manera conjunta, pero hay pruebas suficientes de que vínculo sí tenían”.

Rosales Sierra insistió que la importancia de la detención de Casarrubias “estriba en cómo el gobierno, a través de los mecanismos legales, realiza los acercamientos necesarios para obtener información, más allá de la responsabilidad que pueda tener en los hechos del 26 de septiembre de 2014”.

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