El hambre de poder del presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador Foto: Miguel Dimayuga El presidente Andrés Manuel López Obrador Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para el gobierno federal se trata de desaparecer o revisar el funcionamiento de instancias de gobierno, en especial de los organismos autónomos en los que, para la 4T, proliferan el dispendio, la obesidad burocrática y la inutilidad.

Pero lo que la oposición percibe con las declaraciones cotidianas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el envío de decretos y el amago con presentar iniciativas de ley o de reformas que ponen en entredicho la permanencia de instancias de gobierno o de entes reguladores y los autónomos, es la intención de centralizar el poder y desmantelar o debilitar cualquier instancia que le haga contrapeso al Ejecutivo.

En sus conferencias mañaneras López Obrador ha hablado de la aparición de instancias de gobierno que “crecieron como hongos” y han servido para “ocultar la corrupción” y “desviar dinero del pueblo”.

El jueves 18 de junio, en Hidalgo, habló sobre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que, según él, se compone de 551 servidores públicos y que se creó a partir de la reforma energética mediante la cual se privatizaron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

“¿Cuánto cuesta mantener estos organismos?, porque cada uno está integrado por cinco, siete o nueve consejeros; todos ganan, no hay honoríficos.”

Y se pasó al Instituto Federal de Telecomunicaciones: “riene como siete consejeros y hay algunos que incluso se ampararon para poder ganar más que el presidente, además de 30 o 40 direcciones generales…

“Entonces, sí convendría hacer un ajuste en aras de ahorrar, de austeridad, para transferir más fondos al pueblo, porque como éstos hay cientos en el gobierno.”

Polémica también resultó su referencia al Instituto Nacional Electoral (INE) que, dijo, es el “órgano electoral más caro del mundo”, además de advertir que él se convertirá en un vigilante de los comicios del año próximo para denunciar intentos de fraude.

La oposición

La diputada panista Pilar Ortega Martínez refuta las intenciones del presidente y se pregunta: “¿por qué, en lugar de proponer su destrucción, no se fortalecen?”.

En su opinión se trata de decisiones totalmente centralizadas. “¿Por qué no crear mecanismos para generar mayor control, para poner más candados, para evitar actos de corrupción en materia administrativa en los propios órganos autónomos?

Pero qué ocurre, que el presidente opta por decir: mejor los destruyo y me quedo con esas funciones. Creo que ahí está el gran error, porque finalmente cada uno de esos órganos tiene una función muy específica de regulación para evitar excesos de los poderes, y el hecho de debilitarlos, de decir que están corruptos o inflados, no es una justificación para eliminarlos.”

Considera que, en todo caso, hay evidencias de irregularidades, de inoperancia y de corrupción. “El Congreso debería ser, y no el presidente, la instancia que genere los mecanismos para hacer los procesos de depuración al interior de estos órganos, porque finalmente es el Poder Legislativo el que designa a sus integrantes, el que determina el presupuesto que se les asigna”.

En concreto, la legisladora panista piensa que, en vez de cerrar espacios de regulación, de vigilancia de las acciones de gobierno, habría que impulsar la participación creciente de la ciudadanía. No obstante, agrega, lo que está haciendo este gobierno es lo contrario, “centralizar las decisiones y hacer a un lado a la gente”.

Ortega Martínez hace un recuento también de las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo y que son “tendientes a centralizar el poder y destruir las instituciones”.

En ese sentido critica la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional.

“En lugar de apostar por el mejoramiento institucional de la policía decidió desaparecerla porque no le era cómoda, porque había sido creada por administraciones pasadas a las que todavía les guarda rencor, y en su lugar crea una Guardia Nacional que luego decide, mediante un decreto, que estará militarizada y que estará en funciones hasta 2024, poniendo en riesgo la salvaguarda de los derechos humanos”.

La diputada guanajuatense cuestiona igualmente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. “Sin estudio alguno, sin análisis y sólo porque el presidente lo determinó, se fijó su salario y a partir de ahí el de todos los funcionarios”.

De acuerdo con la panista, el Congreso debió, mediante un estudio exhaustivo, revisar las actividades que realiza cada uno de los poderes y organismos autónomos y, con base en ello, fijar los salarios en la administración pública.

En el mismo sentido cuestionó el acuerdo mediante el cual el presidente “quiere redirigir el presupuesto aprobado por el Legislativo, lo que en la práctica significa eliminar la posibilidad de que este poder sea la instancia de control del gasto público”.

También criticó el ataque sistemático al INE y, de manera particular, al consejero presidente Lorenzo Córdova. Asimismo llamó a estar vigilantes de la elección de los nuevos cuatro consejeros electorales porque en otras instancias se han preferido los perfiles cercanos al presidente, no el de los más capacitados.

En resumen, Ortega no duda que López Obrador está haciendo todo lo posible para concentrar el poder.

Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano, partido que tiene como personaje de lanza contra el gobierno federal al maltrecho gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no duda al asegurar que las tendencias y hechos apuntan hacia el desmantelamiento de los organismos que incomodan a López Obrador y a la concentración de poder en el tabasqueño.

Destaca entre esas señales las advertencias sistemáticas del presidente contra los organismos constitucionales autónomos, pero también contra el federalismo.

Para el legislador, lo que López Obrador mostró con las reformas educativas, laboral y de salud, entre otras, son signos inequívocos de una tendencia “al acaparamiento político”.

Sostiene que en cada una de ellas logró centralizar funciones que ya habían sido delegadas a los gobiernos estatales.

En entrevista con Proceso, Bravo Padilla confrontó los mensajes del presidente en los que descalifica a los órganos autónomos, cuestiona su imparcialidad, los salarios que ganan y el número de personas que laboran en ellos.

“Si esas son las razones, aun aceptando sin conceder, que hay sobreburocracia, pues habría que resolver ese problema, pero no eliminando a los órganos y sobreconcentrando el poder.”

–¿A estas alturas del sexenio, qué tanto cree que se ha avanzado en esa concentración del poder y en el supuesto desmantelamiento de las instituciones?

–Hay una tendencia creciente, no solamente de concentración de poder respecto de los otros poderes, sino dentro del mismo Ejecutivo.

“Por ejemplo, con la modificación a la ley orgánica de la administración pública lo único que hizo fue, otra vez, sobreconcentrar el poder en las secretarías de Hacienda, Defensa y Marina.

“Todas las oficialías mayores se eliminaron y sus funciones las absorbió Hacienda; las oficinas jurídicas desaparecieron y todo se coordina por la Consejería Jurídica; en Comunicación Social pasó lo mismo, todo se concentró en un área.”

En cuanto al Poder Legislativo, el diputado federal se explayó. “Se ha mantenido la concentración de poder, manda el presidente el presupuesto y luego expide una carta en la que los legisladores deben renunciar a revisarlo y a legislar, y su grupo parlamentario lo que dice es ‘vamos a aprobar el presupuesto tal cual lo mandó el presidente’.

“Entonces el Poder Legislativo deja de cumplir sus atribuciones de revisión, lo que equivale a que mañana el Poder Ejecutivo mande la cuenta pública y se le va a aprobar porque son de la misma 4T, y eso significa un grave problema de corrupción, al dejar de lado la tarea fundamental de fiscalización.”

Finaliza: “esto se llama, simplemente, concentración de poder, porque la Constitución dice que hay dos poderes responsables del presupuesto: el Ejecutivo que lo propone y el Legislativo que lo analiza, discute y aprueba. Eso no se está dando en la práctica”.

Este texto forma parte del número 2278 de la edición impresa de Proceso, publicado el 28 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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