Cambios a la Ley del Derecho de Autor atentan gravemente contra derechos fundamentales: expertos

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: diputados.gob.mx Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: diputados.gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el paquete de reformas que los legisladores aprobaron ayer, en bloque, para alinear el marco legal de México con las disposiciones del nuevo tratado de libre comercio (T-MEC), destacan cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal.

En opinión de especialistas, tales modificaciones “violan la Constitución, son contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos y atentan gravemente contra los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de tecnología en México”.

En tal sentido, las organizaciones Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron: “Combatiremos las reformas aprobadas ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las y los legisladores que votaron en contra de estas disposiciones, que interpongan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El paquete de reformas necesarias para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue aprobado ayer por “unanimidad de todos los grupos parlamentarios”, como lo celebró el líder de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado; el último paquete de cambios legislativos se votó apenas unas horas antes de que el nuevo tratado se vuelva regla en la región.

Uno de los cambios que los diputados aprobaron –sin discusión de forma ni de fondo– abre la puerta a que cualquier persona o empresa obligue a un proveedor de servicios en línea a remover un contenido bajo la simple declaración de que se violaron sus derechos de autor, es decir, sin aportar pruebas ni tener el respaldo de una decisión de la justicia.

Según las organizaciones, esta modalidad, llamada “notificación y retirada”, representa una medida de censura en Internet “claramente” violatoria del derecho a la libertad de expresión, y constituye “el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria”, sobre todo en un periodo en el que la prensa se encuentra bajo asedio.

Aparte de esta medida, los cambios al Código Penal Federal establecen sanciones potencialmente muy severas contra las personas que abran un dispositivo tecnológico para inspeccionarlo, repararlo o modificarlo, y pone en riesgo de demanda a quienes digitalizan un libro o un video que adquirieron legalmente.

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