CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que existen 500 mil empresas formales en México en riesgo de desaparecer en los próximos seis meses por los estragos que dejó en la economía la pandemia de covid-19. Al dar a conocer su Cuarto Informe: Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, la secretaria ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, detalló que dichos establecimientos en peligro de extinción se concentran en el comercio al mayoreo, al menudeo, el turismo, la manufactura, automotriz, autopartes, construcción, servicios e industrias culturales. “Hay que apoyar a empresas de calidad y sectores estratégicos. México tiene empresas como Aeroméxico que hay que apoyar, es una empresa que ya está pidiendo ciertos apoyos, y apoyos fiscales directos a microempresas, tendrán que estar siendo evaluados y transparentes, para que estos apoyos no se vuelvan privilegios”, señaló Bárcena. En ese sentido, la líder de la Cepal recomendó a México una política industrial amplia y compromisos para que las empresas mantengan su relación laboral con los trabajadores y que las utilidades de las compañías se reinviertan y activen su capacidad ociosa. Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes (Mipymes). La Cepal estimó que cerrarían más de 2.7 millones de empresas formales en la región, de las cuales 2.6 millones serían microempresas con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando. Ante esta situación, la Cepal enfatizó la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas. Para ello propone cuatro conjuntos de medidas. En primer lugar, ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas. También cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades. En tercer lugar, realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos y, por último, poyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.