PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la detención y encarcelamiento del activista Eloy Méndez Becerra y otros 13 integrantes de la organización “Amozoc Seguro”, el pasado 23 de junio, se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que rememoran los tiempos del morenovallismo. En un escrito, las agrupaciones defensoras de derechos humanos señalaron que en la detención de Méndez Becerra y los demás activistas participaron alrededor de 15 policías ministeriales que iban encapuchados, portaban armas largas y, sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión o de cateo, violaron las chapas para ingresar a las casas por la fuerza. “…el hijo del compañero Eloy que cursa bachillerato fue golpeado y su hija que tiene un bebé fue amenazada diciéndole que diera gracias que tenía al niño cargando porque si no en ese momento la mataban”, refirieron. Además, mencionaron que Méndez Becerra, a quien ubican como “un reconocido luchador social”, y otro de los detenidos, estaban en aislamiento domiciliario por ser sospechosos de covid-19, lo que no fue tomado en cuenta al momento de la violenta detención. Méndez –subrayaron-- es una persona que sufre de hipertensión y diabetes, y no se permitió que tuviera acceso a medicamentos. Tampoco se respetó el derecho de los detenidos de llamar a un abogado y se les obligó a tomar defensores de oficio, aunque había litigantes que se presentaron para tomar el caso. A esto se suma la postura adoptada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que argumentó que no hay número de queja para actuar y que, si hay violaciones al procedimiento, no corresponde a su competencia. Más de una centena de organizaciones --entre ellas la Asamblea Social del Agua, la CNTE Puebla Secciones 23 y 51, la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el Consejo Tiyat Tlali-- exigieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación de los activistas, quienes forman parte de los movimientos sociales “Amozoc Seguro” y “Agua para Amozoc”. A los detenidos se les acusa de daños en propiedad ajena, motín y lesiones contra autoridad, supuestamente cometidos el pasado 23 de enero, cuando se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Amozoc. La movilización se tornó violenta, lo que derivó en la quema de una patrulla de la policía local, una camioneta del ayuntamiento y un auto particular. Según las organizaciones, en esa ocasión los activistas de “Amozoc Seguro” acusaron que el alcalde Mario de la Rosa, expastor de la iglesia Luz del Mundo, infiltró a las personas que generaron la violencia. Incluso ubicaron a los grupos de choque con fotografías y videos tomados durante la manifestación, y existe evidencia de que los integrantes de “Amozoc Seguro” pidieron a los infiltrados que se retiraran, pues la protesta era pacífica. A principios de junio, Méndez solicitó ante la Auditoría Superior del Estado una revisión a las finanzas del ayuntamiento de Amozoc, y el 21 del mismo mes entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaba que pretendían detenerlo por denunciar la creciente inseguridad que priva en esa localidad, por la operación de bandas delictivas. El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla también demandó la libertad de Méndez Becerra y demás detenidos de Amozoc, quienes participaban en una mesa de diálogo con el gobierno estatal para exponer sus demandas sociales. El Comité, que documentó los casos de más de 360 presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, acusó que a Eloy Méndez y a los 13 activistas de Amozoc se les detuvo de la misma forma que se actuó contra “perseguidos del morenovallismo”. “Durante la detención, los familiares sufrieron desde amenazas hasta golpes, despojo de dinero y artículos personales y de trabajo, tales como celulares y computadoras, llegando a lesionar incluso a un menor de entre seis y siete años”, detalló. Y más: “…nos encontramos preocupados por este actuar arbitrario que rememora el deleznable uso del poder y de la fuerza pública ante aquellos que considera sus ‘enemigos políticos’ por motivos de disidencia y a quienes busca aniquilar y reprimir… se esperaría que en un nuevo contexto político estos hechos dejaran de ser recurrentes como signo de control autoritario”. En tal sentido, pidió al gobierno de Barbosa Huerta actuar en congruencia “con los principios de la Cuarta Transformación” y liberar a los integrantes de “Amozoc Seguro”. “…hecho que reflejará un acto de rectificación y separación de viejos modelos por todos desaprobados, donde la fabricación de delitos era una constante que condujo a la existencia de cientos de presos políticos. Que la figura de los presos políticos no caracterice a este gobierno, es un sello indeleble que les perseguirá a lo largo del correr histórico”, finalizó.