Piñera pavimenta el camino hacia el Estado policial

El ejército chileno. Foto: Edgard Garrido/Reuters El ejército chileno. Foto: Edgard Garrido/Reuters

Después de varios intentos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se encamina a conquistar un proyecto que le dé poderosos tentáculos para investigar y espiar a placer a nombre de una “agenda de seguridad y paz social”. Se trata de una iniciativa que, se supone, pretende modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado, pero que, advierten analistas, creará una superestructura centrada en el Poder Ejecutivo y bajo el mando directo del mandatario en turno, sin límite ni controles.

VALPARAÍSO, Chile (Proceso).– El presidente Sebastián Piñera Echeñique avanza a toda velocidad con su “agenda de seguridad y paz social” que, en los hechos, pretende convertir a Chile en un Estado policial.

Anunciada el 7 de noviembre último, 20 días después del estallido social del 18 de octubre, esta agenda considera 11 medidas, de las cuales se ha cumplido 77%, según presume el gobierno en su página en internet. 

Entre esas acciones destaca la promoción de leyes “antisaqueos”, “antibarricadas” y “antiencapuchados” –ya aprobadas por el Congreso Nacional, nominalmente dominado por la oposición de centroizquierda, pero que en los hechos está controlado por el gobierno–, que aumentan exponencialmente las condenas contra los manifestantes. 

Previamente, en julio de 2019, Piñera había emitido el Decreto Supremo 256, que dispuso que las fuerzas armadas (ejército, armada y fuerza aérea) aporten “tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico”. Eso ya había marcado el inicio del intento de Piñera de involucrarlas en labores de seguridad interna. 

Pero la “agenda de seguridad y paz social” considera un proyecto que va mucho más allá y tiene claros tintes autoritarios.

Se trata de la norma que “moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado”, mejor conocida como Ley de Inteligencia, y que, de aprobarse, instalaría al propio Piñera a la cabeza del sistema y convertiría a los chilenos en “enemigos” del Estado.

Doctor en derecho y académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash expone en su artículo Más poder para el presidente, publicado el martes 16 por el Centro de Investigación Periodística, que el proyecto presidencial “consolida la reciente reconfiguración autoritaria del Estado de Chile, enmarcándose estas modificaciones al sistema de inteligencia en un contexto político de aplicación de la doctrina de seguridad nacional, considerando a las organizaciones sociales y al movimiento popular como ‘enemigo interno’”.

Esta connotación quedó claramente establecida el 22 de enero cuando este proyecto fue aprobado en el Senado, en su primer trámite legislativo. Sobre el tema, el ministro de Defensa, Alberto Espina, deslizó su sentido: “Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en octubre se podrían haber impedido”.

Espina aludía al feroz estallido social del 18 de octubre de 2019, que remeció los cimientos del modelo neoliberal chileno y abrió un proceso constituyente –en pleno desarrollo– en una rebelión que no pudo ser sofocada pese a la feroz represión policial que significó decenas de muertos y miles de torturados y mutilados. 

Las iniciativas represivas alcanzan límites difíciles de creer. El jueves 18, Piñera promulgó una ley que sanciona con penas de hasta cinco años de cárcel a quienes infrinjan las cuarentenas domiciliarias impuestas a más de la mitad de la población del país, como medida para evitar la expansión del coronavirus.

Sin embargo, muchos de los que salen a la calle lo hacen porque no tienen que comer en sus casas, dada la escasa y casi nula ayuda que el gobierno ha dado a los afectados por el cese de actividades económicas derivadas de la expansión del covid-19 en Chile.

El proceso

Aunque el proyecto ya pasó la barrera del Senado, en un debate que apenas fue conocido por la opinión pública dada la casi nula difusión de los medios, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se ha vuelto una barrera infranqueable –por ahora– para el gobierno, resultado del creciente rechazo de la opinión pública contra la iniciativa.

El 28 de abril se aprobó en la citada comisión la idea de legislar el proyecto, pero éste no ha sido discutido ni votado en lo particular. El 29 de mayo los siete diputados opositores de la Comisión de Defensa pidieron retirar la urgencia en la tramitación de ese proyecto fijado por el Ejecutivo y llamaron al gobierno a concentrarse en las tareas de control de la pandemia. 

Una de las críticas más duras y significativas vino de Marcelo Schilling, exjefe de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, antecesora de la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y de la diputada Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende. Ambos publicaron el lunes 1 en el diario El Mostrador la columna Un mal proyecto para Chile, en la cual advirtieron que, con la propuesta de ley, el gobierno demuestra “que no sabe qué tipo de inteligencia desea producir”. 

Ambos legisladores del Partido Socialista justificaron así su aseveración: “La propuesta no distingue entre lo que se entiende como inteligencia estratégica del Estado (que debería producir la ANI), la inteligencia de la defensa (propia de las fuerzas armadas y del Estado Mayor Conjunto) y la inteligencia policial (que realizan los Carabineros y la Policía de ­Investigaciones)”. 

También alertaron que, con dicho proyecto de ley, el Congreso Nacional verá mermadas sus facultades de supervisión de la actividad de inteligencia, ya que se obstaculiza la posibilidad de citar al director de la ANI a la Comisión de Inteligencia de la Cámara.

“Más grave –agregan los legisladores– es el hecho de que el proyecto no asigna al Congreso ninguna facultad para evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia. Se ve coartado el único canal mediante el cual la ciudadanía puede aplicar un control democrático a la actividad de inteligencia.”

Pero sin duda la principal oposición al proyecto presidencial viene del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, quien milita en el partido Revolución Democrática de la izquierdista coalición Frente Amplio. 

Este joven legislador se ha negado a dar paso a la votación del articulado, poniendo en tabla otras iniciativas. Esto ha desatado la furia de Espina y de sectores de derecha que han iniciado una especie de campaña en su contra, acusándolo de tener vínculos con grupos “terroristas” de izquierda.

Todo el poder 

Piñera intenta construir una superpoderosa Agencia Nacional de Inteligencia que concentrará la información de todos los organismos en la materia, teniéndolo a él como cabeza.

De hecho, presidirá las sesiones del Consejo Asesor de Inteligencia que estará compuesto por sus ministros y subsecretarios de Interior y Defensa, principalmente. Estas reuniones se podrán realizar tantas veces como el mandatario quiera y sus actas serán reservadas y estarán fuera de todo control. 

De promulgarse la propuesta del presidente, éste elegirá al director y al subdirector de la ANI, quienes dirigirán las unidades de inteligencia de las fuerzas armadas y de las policías. En los hechos, Piñera podrá definir directamente el uso de las capacidades operativas de las unidades de inteligencia y estará facultado a solicitar la obtención de datos, incluso vía espionaje directo. 

Así se establece en la Minuta Política y Técnica PDL que Fortalece y Moderniza el Sistema de Inteligencia, elaborada por el diputado Jorge Brito y que permanece inédita.

Según determina la nueva normativa, las fuerzas armadas estarán obligadas a entregar información al director de la ANI, sometiendo a las unidades de inteligencia a los requerimientos de éste, que actuará en nombre del presidente.

Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa presidencial es la que cambia la definición de contrainteligencia del Estado incorporando como nueva amenaza a los “grupos nacionales”.

También se obligará a las agencias de inteligencia de las fuerzas armadas a entregar “información residual” a la ANI, lo que las implicará en operaciones de inteligencia interna, que hasta ahora le estaban vedadas por la Constitución. 

“Lo que Piñera busca es transformarse en el jefe de la inteligencia nacional sin ningún control”, sostuvo Brito en entrevista con El Mercurio de Valparaíso el miércoles 10.

La nueva norma aumentará los requisitos para que el Congreso fiscalice a la ANI, incrementando el quorum para que las comisiones del Congreso citen a su director. Antes se requería la mayoría simple de los presentes, pero este proyecto establece que deben ser dos tercios de los miembros permanentes.

De acuerdo con lo aprobado en el Senado, se otorga la posibilidad de que la ANI cuente con agentes que puedan infiltrarse “en organizaciones sospechosas de actividades criminales”. Estos agentes podrán ser oficiales activos de las fuerzas armadas y del orden bajo la figura de comisión de servicio. 

En el reordenamiento legal propuesto por Piñera se facultará a la ANI a solicitar información a cualquier oficina o empresa del Estado, determinando que el funcionario que se niegue a entregarla reciba sanciones administrativas. 

“En síntesis, se crea un sistema de inteligencia centrado en el Poder Ejecutivo y bajo mando directo del presidente en turno, sin límite ni controles de instituciones propias de un sistema democrático”, señala Nash en su texto. 

La ofensiva legislativa se da en momentos en que el gobierno –pese a la pandemia– mantiene una fuerte represión contra cualquier asomo de protesta social o de manifestación de disidencia. 

Una de las cosas más llamativas en este orden la materializó los Carabineros. Esta institución presentó el martes 16 una denuncia ante la fiscalía de Valparaíso contra las cuatro integrantes del colectivo de arte feminista Las Tesis.

Las acusa de “incitar acciones en su contra”, luego de que difundieron el 27 de mayo un video grabado en el exterior de las sedes policiales de Valparaíso, en el cual critican la violencia estructural de los Carabineros y el estado “patriarcal” y “capitalista”. No obstante, en el video no se aprecia nada que respalde las acusaciones policiales. 

El trabajo sucio

“La Ley de Inteligencia es una propuesta política del gobierno para blindar el modelo neoliberal frente a la posible nueva explosión ciudadana (…) En el fondo el proyecto apunta a concentrar y centralizar todos los servicios de inteligencia, de generación de información estratégica, en manos del presidente”, dice en entrevista con Proceso Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. 

Académico de la Universidad de Chile, reconocido como el más importante investigador de procesos constituyentes en la historia del país y por su trabajo sobre el papel del ejército desde su fundación en la década de 1830, considera que la ley que pretende Piñera “apunta ciertamente a la ciudadanía y a sus formas más básicas de asociatividad”.

Alerta que la acción de los aparatos de inteligencia va a implicar “la observación, espionaje, persecución y represión eventual de todos los grupos y cabildos territoriales que estén pensando en cambiar en profundidad el sistema institucional que nos rige”. 

El historiador también califica de peligrosa la iniciativa porque implica poner al ejército “en una condición de servicio para hacer trabajos sucios”, como ha ocurrido en otros momentos de la historia chilena. 

No obstante, sugiere que en esta ocasión no existiría una buena disposición, al menos de parte de las filas castrenses para hacer esta tarea, “porque sería repetir el desprestigio en que incurrieron cuando estuvieron encabezados por Augusto Pinochet”.

Reportaje publicado el 28 de julio en la edición 2278 de la revista Proceso.

 

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