Detienen a exfuncionario de Tabasco implicado en la Estafa Maestra

Juan José Martínez Pérez, exsubsubsecretario de Obras Públicas del gobierno de Arturo Núñez Jiménez y exdirector del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). Foto: Especial Juan José Martínez Pérez, exsubsubsecretario de Obras Públicas del gobierno de Arturo Núñez Jiménez y exdirector del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC). Foto: Especial

VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).– Juan José Martínez Pérez, exsubsubsecretario de Obras Públicas del gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez y presuntamente implicado en la llamada “Estafa Maestra”, fue detenido por los delitos de ejercicio indebido de atribuciones en agravio del gobierno de Tabasco y del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), del que también fue director.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que el arresto ocurrió el viernes y fue por irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos asignados al ITSC y una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades.

En razón de ello, se liberó una orden de aprehensión por ejercicio indebido de atribuciones y funciones, en agravio del  gobierno del Estado y del ITSC.

“No puedo dar detalles de las investigaciones, sí confirmo que se dio una primera detención el día de ayer, como también trasciende que el mismo sujeto es investigado en el fuero federal”, informó el mandatario morenista.

“No conozco las denuncias ni el estado que guardan estas averiguaciones, pero parece que hay otros asuntos”, añadió.

Entre estos asuntos se encuentra la investigación del gobierno federal contra Martínez Pérez por la “estafa maestra” de más de 140 millones de pesos, a través de  convenios suscritos entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el ITSC.

Durante los dos primeros años de gobierno de Arturo Núñez (2013- 2018), Martínez Pérez fungió como subsecretario de Obras Públicas y, al mismo tiempo, ocupó la presidencia del Consejo Político Estatal del PRD.

A finales de diciembre de 2015 asumió la dirección del ITSC para el periodo 2016-2018.

En 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Sedatu hizo dos transferencias bancarias al ITSC, una por 41 millones 942 mil pesos y otra por 100 millones 925 mil 740 pesos, relacionadas con los convenios SEDATU- ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 y SEDATU/DGAIG-ITSC/33901-12/2016, respectivamente.

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En el primer caso el ITSC trianguló los 41 millones a las empresas Capacitadora Fema, S.A. de C.V., Servicios Horsa de la Rivera de México, S.A. de C.V., Proactiva Índigo de Puebla, S.A. de C.V., y Coratono, S.A. de C.V.

El ITSC no realizó los trabajos convenidos con la Sedatu y no comprobó que estas empresas subcontratadas realizaran los servicios, entre ellos un Diagnóstico de la Situación Actual de la Vivienda en México y sus Alternativas, y el Desarrollo y Aplicación de Mecanismos de Operación para Programas y Acciones de la Propiedad Ejidal y Comunal.

Respecto de los 100 millones, el ITSC tampoco realizó los servicios acordados con la Sedatu, ni comprobó́ que se hubiera hecho, pese a que subcontrató a seis empresas para la realización de los proyectos, a las que pagó el 100% de los recursos.

Durante las investigaciones, Juan José Martínez declaró a la ASF que su antecesor en la dirección del ITSC, Carlos Mario Olán, le dijo en diciembre de 2015 que “tenía pendiente” la firma de varios contratos con esa dependencia federal y no podía firmarlos porque su periodo al frente del instituto concluía esa fecha, por lo que cuando el personal de Sedatu llegara a Villahermosa, “me contactaría para ver los nuevos contratos y la firma de los mismos”.

Así, en mayo de 2016, según Martínez, dos funcionarios de la Sedatu se presentaron en el ITSC, quienes, dijo, no se identificaron oficialmente y le entregaron convenios ya firmados por un funcionario de la dependencia federal, a quien no conoció ni tuvo contacto personal, y le hicieron firmar como director de la institución educativa.

Sostuvo que no conoció ni contrató de manera libre ni directa a ninguno de los proveedores que supuestamente prestaron los servicios a la Sedatu, en virtud de que fue una funcionaria de la dependencia federal quien le señaló nombres de las empresas a contratar y montos a pagar.

Además, mencionó que esta persona acudió varias veces al ITSC para entregar los contratos de los proveedores para que los firmara, y aseguró que todos los pagos que se hicieron, en cantidades y condiciones, fueron ordenados por dos funcionarios de la Sedatu, ya que el sólo autorizaba las transferencias correspondientes.

En el dictamen de la ASF, emitido el 8 de febrero de 2019, los dos funcionarios fueron identificados como el director general adjunto de Prevención y Atención de Desastres Naturales, y la directora general adjunta para la Igualdad de Género de la Sedatu, quienes carecían de facultades legales para contratar y ejercer atribuciones que no tenían.

En 2016, los titulares de ambas dependencias eran Carlos Urbina Tanús y Marina Arvizu Rivas.

La ASF concluyó que el ITSC participó en la simulación de los convenios suscritos con la Sedatu, y se benefició indebidamente al autorizar pagos a las empresas sin cerciorarse del cumplimiento de los trabajos que se contrataron con ellas.

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