COLIMA, Col. (apro).- La diputada local morenista Claudia Gabriela Aguirre Luna denunció al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y al secretario de Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, por presunto desvío de recursos públicos. Lo anterior, con motivo de la realización del proyecto denominado “C5i”, a cargo del Poder Ejecutivo estatal, toda vez que “se pudieran haber causado presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal”. La denunciante advirtió que existen discrepancias por más de 490 millones de pesos entre el presupuesto original considerado y los recursos que se pretenden adicionar para la obra, a través de un crédito cuya autorización pretende el mandatario. La querella fue presentada ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), con la petición de que esa instancia lleve a cabo una revisión especial al referido proyecto en materia de seguridad, a fin de que, con la investigación respectiva, se determine si existen irregularidades en su ejecución. La legisladora también pidió al organismo que en su oportunidad remita al Congreso local el informe específico y, en su caso, promueva las acciones legales correspondientes en contra de los servidores públicos que resulten responsables. Entre los antecedentes del caso, Aguirre Luna recordó que el proyecto “C5i” tiene como base el contrato de prestación integral de servicios celebrado el 20 de octubre de 2017 entre la empresa “Seguritech Privada S.A. de C.V.” y el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Colima, con un monto total estimado para la implementación del proyecto por 818 millones 069 mil 307 pesos. En tal sentido, en cada uno de los presupuestos de egresos para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, fue autorizada al Poder Ejecutivo estatal, para el proyecto denominado “C5i”, la cantidad de 161 millones 568 mil 688 pesos. Adicionalmente, mediante el Decreto 617 de la Quincuagésima Octava Legislatura estatal, el 27 de septiembre de 2018 se aprobó un crédito que, entre otras cosas, autorizó la cantidad de 150 millones de pesos para el proyecto denominado “C5i”. La legisladora indicó que, conforme a los montos autorizados anteriormente para ese propósito, entre los años 2017 y 2020, de haberse ejercido la asignación presupuestal autorizada el Poder Ejecutivo estatal habría invertido ya en ese proyecto la cantidad total de 798 millones 319 mil 915 pesos, lo que “representa que casi se ha pagado en su totalidad el proyecto, conforme a lo establecido en el contrato”. No obstante, el pasado 2 de julio el titular del Poder Ejecutivo solicitó al Congreso local un nuevo endeudamiento para el mismo proyecto por el orden de los 500 millones de pesos. Argumentó la legisladora que, de acuerdo con estas cifras, la inversión pública realizada en el referido proyecto ascendería a la cantidad total de 1 mil 298 millones 319 mil 915 pesos, “lo que representaría un incremento injustificado en el proyecto, por 490 millones 476 mil 475 pesos”. Según Claudia Gabriela Aguirre, “los servidores públicos denunciados, con su conducta, violentaron el marco constitucional y legal de la materia, toda vez que existe un desfase significativo entre los recursos presupuestados y los que aparentemente se han ejercido en la implementación del citado proyecto”. Así también, “los supuestos avances que muestra el proyecto tampoco corresponden al nivel de ejercicio de los recursos presupuestados, lo que hace suponer que los recursos autorizados para aplicarse en el referido proyecto fueron desviados para fines diversos a los autorizados”, abundó. A juicio de la legisladora, esta situación invariablemente obliga a que el Osafig lleve a cabo una revisión especial respecto del proyecto denominado “C5i”, a cargo del Poder Ejecutivo estatal, “con la finalidad de que se determine si José Ignacio Peralta Sánchez, en su carácter de gobernador del estado, Carlos Arturo Noriega García, en funciones de secretario de Planeación y Finanzas, y cuantos servidores públicos resulten responsables, tienen responsabilidad por el presunto desvío de recursos públicos, acciones con las que se pudieran haber causado presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública estatal”.