TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Dos organizaciones civiles exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, poner fin a la violencia que se vive en el estado y que ha ocasionado el desplazamiento forzado de más de 10 mil personas. Ante tal panorama, urgieron crear las condiciones necesarias para que las víctimas retornen a sus lugares de origen. En una carta dirigida al presidente López Obrador y al gobernador Escandón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM - Fideo), de la activista Ofelia Medina, demandaron la intervención de las autoridades para evitar que miles de indígenas desplazados sigan viviendo en condiciones de hacinamiento y extrema pobreza. “Manifestamos nuestra alta preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas”, se lee en la carta. La exigencia de frenar la violencia también ha sido exigida por la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite. Denunciaron la constante escalada de violencia que parece no tener fin en algunas regiones del estado de Chiapas, donde en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario. “Anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos”, señalaron. Durante el mes de junio y lo que va julio, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74 de agresiones armadas en San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama. Actualmente son 2 mil 36 personas víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Aldama. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 71 /2019. Por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó. En Chalchihuitán son mil 237 personas víctimas de desplazamiento forzado, y por este hecho también la CNDH emitió recomendación, la 87/2018, y tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar No. 882-17). Por su parte, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha manifestado su preocupación por las amenazas e intimidación que viven constantemente las 31 personas desplazadas de Los Chorros, además de la ineficiencia de las autoridades municipales y del Estado de Chiapas, para poner un alto a las acciones de violencia en Chenalhó. Las Abejas de Acteal cuentan con la medida cuatelar CEDH/VARSC/MPC/069/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/805/2019. Señalaron que los funcionarios municipales y estatales tienen conocimiento de los casos “y su respuesta ha sido escasa, lenta, inadecuada e ineficiente, puesto que la situación se agrava cada día”. Denunciaron que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido y que la situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave. “Como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas”, sostienen los organismos dirigidos por Pedro Faro y Ofelia Medina. Señalaron que las organizaciones de las comunidades desplazadas han tenido innumerables reuniones y acuerdos con autoridades municipales y estatales, y también han hecho viajes a la ciudad de México para entrevistarse con autoridades de la Secretaría de Gobernación y con diputados y senadores. Incluso funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población han visitado la zona, sostenido reuniones con autoridades municipales, estatales, con los representantes de los desplazados y con el Frayba, quienes también han hecho entrega de alimentos, pero a la fecha no ha habido solución a la violencia. Es por eso que el 26 de mayo del presente año el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, manifestaron la urgencia de la atención a las comunidades desplazadas ya que, debido a la pandemia, están en un estado muy alto de riesgo por la falta de infraestructura de salud y crisis alimentaria. Explicaron que “esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de covid-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales”. Sobre todo son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, quienes se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia, indicaron. Es por eso que ambas organizaciones, exigieron un alto a la violencia paramilitar en Chiapas; que se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento interno forzado de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Los Chorros, Chenalho. De igual forma atender la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, desplazados de la zona baja del municipio de Tila, que están en el municipio de Palenque, los de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza del ejido Jotolchen, municipio de San Andrés Duraznal, Banabil del municipio de Tenejapa. Señalaron que son un total de 10 mil 113 víctimas de desplazamiento forzado en el estado de Chiapas, “víctimas de la violencia paramilitar y criminal de grupos armados protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatal, movidos por intereses oscuros y de despojo”.