CIUDAD DE MÉXICO (apro). - La Fiscalía General de Chihuahua tiene entre 40 y 50 carpetas de investigación que generarán en los próximos días nuevas solicitudes de órdenes de aprehensión ante las autoridades federales en el caso de la red de corrupción del exgobernador César Duarte Jáquez, informó el fiscal general César Augusto Peniche Espejel. La investigación de esa red es conocida en la entidad como “Operación Justicia para Chihuahua” y, dentro de ésta, el gobernador, Javier Corral, anunció que además de construir una amplia red de corrupción política, César Duarte edificó una red de protección corruptora que operó con entregas de dinero en efectivo a diferentes actores políticos y sociales de diferentes partidos e instituciones, a diputados locales, empresarios, líderes de opinión, algunos columnistas y algunos medios de comunicación. Esa forma de operación del gobierno duartista, en la que no sólo participó en PRI local, la llaman nómina secreta y en ésta se han manejado nombres incluso de panitas que en su momento habrían sido cómplices de Duarte desde el Congreso del Estado y algunos candidatos de otros partidos, como el actual senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar. Javier Corral se refirió, en una rueda de prensa virtual acompañado del fiscal y del consejero jurídico, a Pérez Cuéllar como uno de los principales beneficiarios de la nómina secreta de Duarte y aseveró que está acreditado por el Ministerio Público para desahogarse en el proceso penal. "Es uno de los primeros asuntos que se judicializaron". A través de esa caja chica o nómina secreta se habrían desviado más de 500 millones de pesos que conformó un modelo de asociación delictuosa que, de alguna manera, se convirtió en protectora de Duarte porque compraba su silencio y se le permitía la intromisión en partidos a cambio de dinero entregado en efectivo, les hacían firmar recibos para acreditar para qué se les estaba dando, detalló Corral.

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https://www.proceso.com.mx/637626/captura-de-duarte-durante-visita-de-amlo-a-eu-fue-coincidencia-velasco "Cumplían funciones de silenciamiento o complicidad de ciertas cosas que él pensaba hacer, se conoce como la nómina secreta. Varios de estos asuntos ya están encaminados ante el Ministerio Público, son investigaciones que se han ido dando. Será importante resolver una vez que el ex gobernador esté compareciendo ante los tribunales de Chihuahua", agregó. En un momento de la entrevista, Corral advirtió que la Operación Justicia para Chihuahua tiene como fin resarcir a un pueblo que fue agraviado, de los recursos que se dispusieron indebidamente. "No hemos iniciado investigando personas, porque el Ministerio Público no investiga personas, investiga hechos. A partir de esa investigación va encontrando presuntos responsables. Eso sí, hemos actuado en contra de quienes nos encontramos en el camino, no importa del partido que sea, y por supuesto, lo vamos a demostrar".

Operación Zafiro

La Operación de Justicia para Chihuahua se enlaza con la Operación Zafiro que contempla la investigación de una presunta red nacional de corrupción y desvío de recursos del erario en Chihuahua y otras entidades principalmente a campañas electorales del PRI. El caso emblemático de Operación Zafiro en Chihuahua es el proceso penal por el desvío de 250 millones de pesos del erario a campañas del PRI, contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones. Hasta ahora hay tres ex funcionarios procesados por ese caso y un empresario y es una de las carpetas de investigación en las que imputan a César Duarte. El consejero jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, dio a conocer que, además, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, tiene una investigación en proceso contra de César Duarte, y de la misma manera corren otras carpetas de investigación en Chihuahua. En caso de que exista un delito por lavado de dinero, será llevado ante un juez federal, porque cada fuero actuará conforme a su competencia para concluir en sentencias. Corral explicó que con el gobierno federal actual trabajan en plena colaboración con instituciones de operación financiera desde al año pasado, a través de la Fiscalía General del Estado y en coordinación con la UIF. "Hemos trabajado con ellos en diferentes investigaciones, han presentado diversas denuncias contra anteriores funcionarios de la fiscalía, han colaborado con información relacionada con distintos casos que se siguen en contra de ex funcionarios, varios asuntos radicados en Chihuahua, algunos de ellos están siendo investigados por la UIF. La investigación sobre la Operación Zafiro, particularmente el caso Chihuahua que es el desvío millonario 250 millones de pesos", acotó. El gobernador recordó que ese asunto ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vía de amparo de revisión, que busca reponer el proceso de investigación que primero se atrajo mediante maniobras a la federación por malas actuaciones por agentes del Ministerio Público federal y de la extinta Procuraduría General de la República, así como por la mala actuación de jueces federales que exoneraron a Alejandro Gutiérrez sin tomar en cuenta el carácter de víctima del estado de Chihuahua. "Ambas partes, la defensa de Gutiérrez, a través de la Secretaría de Hacienda (estatal) y el Ministerio Público (de la FGE), presentaron recursos legales para reclamar el carácter de víctima de agraviado porque se afectó patrimonio del estado. “Esta revisión de amparos ha sido atraído por Suprema Corte de Justicia de la Nación, forma parte del entramado de Operación Zafiro. El plano de la Corte va a conocer en algún momento la ponencia que presente al Pleno la ministra Piña (Norma Lucía Piña Hernández), porque ella es la que está encargada del dictamen de estos amparos, toda vez que la Corte determinó atraer las resoluciones de los colegiados", abundó el gobernador. El asunto llegó a la SCJN porque el expresidente Enrique Peña Nieto promovió "al final de la negociación (o de su sexenio) un amparo disfrazado de controversia constitucional, que al inicio había concedido efectos de suspensión de actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal de Justicia de Chihuahua, en una especie de protección que buscó Peña en ese instrumento y una pretendida extensión de su fuero constitucional". Aún está en trámite la controversia, pero se les concedió la suspensión a Chihuahua, por un recurso interpuesto por la Fiscalía General y por la Consejería del estado, detalló Espinoza Cortés. "Se pudieron modificar los efectos de la suspensión, donde se detenía cualquier investigación o actuación encaminada, esa suspensión la consiguió el ministro Medina Mora, que ya no está. Se espera que los próximos meses pueda ser resuelta", agregó el consejero jurídico. Javier Corral aclaró que en Chihuahua no hay indagatoria que vincule directamente a Enrique Peña Nieto, pero el tema de desvío multimillonario de recursos públicos a campañas del PRI nacional, se verificó en un concierto previo con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque fue un modelo que usaron en otras entidades para fortalecer campañas mediante fondos para el fortalecimiento de las entidades federativas, que fueron a parar a campañas electorales. El caso está en la Suprema Corte, puede llegar a conducir a Enrique Peña Nieto porque decisiones como esa no puede ser sólo resueltas por el secretario de Hacienda en solitario y ese es precisamente el caso que motivó el ex presidente Peña Nieto a promover la controversia, advirtió Corral. El fiscal César Augusto Peniche Espejel reiteró que Duarte será presentado ante un Tribunal de Estados Unidos, durante las 72 horas siguientes a su detención, ocurrida ayer en el estado de Florida. "Será presentado ante un tribunal de Florida para darle a conocer el contenido de la petición de la solicitud de extradición y luego definir los aspectos básicos sobre su seguridad personal y el espacio para que responda. El juez tendrá que señalar una fecha de audiencia para que en ese momento se hagan las exposiciones pertinentes por autoridades de Estados Unidos y por la defensa de Duarte. Es incierto el tiempo del proceso, no será inmediato. En el momento que se dé la primera audiencia, se podrá tener una expectativa sobre los tiempos para resolver petición de extradición". Por lo pronto, agregó, la solicitud de extradición se basa en una carpeta de investigación y estarán al pendiente del desarrollo de las actuaciones para aportar más datos, para conocimiento de las autoridades.