Corral encubre a uno de los principales operadores de la red de corrupción de Duarte: abogado

El abogado y activista Jaime García Chávez. Foto: Facebook El abogado y activista Jaime García Chávez. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado y activista Jaime García Chávez, quien inició la primera denuncia contra el exgobernador César Duarte Jáquez y otros dos exfuncionarios de primer nivel, el 24 de septiembre de 2014, aseguró que el gobierno del panista Javier Corral encubre a uno de los principales operadores de la red de corrupción, a través del criterio de oportunidad: el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.

En un acto público frente al palacio de gobierno, García Chávez recordó hoy los nombres de otros exfuncionarios “que pareciera están protegidos por la administración actual”: Pedro Hernández Flores, exsecretario de Salud; Manuel Russek, secretario de Economía, y Mario Trevizo Salazar, último secretario general del gobierno duartista.

El abogado impulsó el movimiento Unión Ciudadana en 2014, al que se sumaron cientos de chihuahuenses, incluidos políticos de diversos partidos, como Javier Corral Jurado, quien entonces era senador por Acción Nacional.

“Aquí estamos como testigos de que luchar desde la ciudadanía reditúa a la sociedad con creces. Estamos como testigos de un momento altamente significativo, porque finalmente se ha capturado a César Duarte, a quien estábamos seguros habíamos derrotado desde el momento mismo en que le demostramos que fue un traidor a su pueblo, un corrupto de la peor era de la existencia del Estado en la República”, apuntó García Chávez.

Asimismo, recordó que durante el gobierno duartista, Unión Ciudadana logró convocar a miles de chihuahuenses para derrocarlo. “Y ahora el tirano está detenido en Estados Unidos, con la posibilidad de que se le extradite con la finalidad de juzgarlo por todos y cada uno de sus crímenes”.

Destacó que ahora tienen un capítulo más de dificultades de lucha contra la corrupción que, apuntó, debe ser más rápida en sus resultados.

“César Duarte tendrá todas las oportunidades de un debido proceso en el que podrá defenderse de las imputaciones que se le formulan, pero no tiene una sola razón para evadir el cúmulo de delitos que la sociedad chihuahuense ya dictó hace años, al colocarlo dentro de las personas que mayor daño han hecho en la historia a un pueblo generoso, que no merece continuar por esa senda”, soltó.

Dijo que, aunque falta tiempo para que termine el proceso, castigarlo y sancionarlo, su mayor sanción es una moral republicana que lo condena. “La máxima pena que habrá de sufrir el tirano es la devolución de lo que se llevó”.

Sin embargo, abundó, la justicia en Chihuahua está incompleta porque el gobierno de Javier Corral ha procesado a presuntos culpables de manera selectiva.

“Con una vara se mide de manera distinta y se otorgan privilegios a quienes también debieran ser perseguidos o castigados, concretamente señalo a Jaime Herrera Corral y Pedro Hernández, pero claro que hay muchos más”, remarcó.

Añadió: “La lucha contra la corrupción es un proceso social altamente complejo. Pretender encasillarla, otorgando méritos a unos y restándoselos a otros es inadmisible, como también lo es regatear el esfuerzo de quienes iniciaron un combate y contribuyeron desde donde se encontraron, incluido el gobierno estatal y federal. Con lo que respecta a Unión Ciudadana, jamás ha arreado banderas, ni lo hará, menos refugiarse en la arrogancia y vanidad mediante la cual se pretendió desde el poder, inútilmente, tener el monopolio de la verdad, sólo porque detentaban la obligación pública de perseguir a los malvados y depredadores de las instituciones”.

La primera denuncia (AP/PGR/UEAF/001/2014/09) fue presentada contra Duarte y dos excolaboradores en septiembre de 2014. La acusación fue por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos, presuntamente con recursos públicos, para capitalizar la institución bancaria Unión Progreso, que posteriormente intentaron convertir en banco.

La Secretaría de Hacienda del sexenio pasado depositó más de 86 mil millones de pesos de las arcas públicas en esa institución, cuando el tesorero del gobierno de Duarte, Jaime Herrera Corral, era directivo de Unión Progreso.

La denuncia, presentada por García Chávez ante la PGR, fue contra Duarte, Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga, quien ocupó varios puestos estratégicos en el gobierno anterior y era presidente de la asociación del exgobernador, Unión Ganadera División del Norte, a través de la cual también desviaron recursos millonarios.

Hermosillo fue diputado federal al final del sexenio de Duarte y murió en un accidente en la carretera de Parral a Chihuahua, el 20 de marzo de 2017. Su suplente y sobrino de César Duarte, Enrique Antonio Tarín García, intentó rendir protesta, pero había un proceso en su contra y ahora está detenido por peculado agravado, en una decena de causas penales.

García Chávez denunció desde el año pasado que el gobierno de Javier Corral no le da acceso a las acciones efectuadas en la carpeta de investigación.

Sobre Jaime Herrera, detalló a Proceso digital que “inexplicablemente está en calidad de intocable por dar información privilegiada al gobierno de Corral”, y también es el cerebro ‘alineador’ de las decisiones del gobierno actual, cuando era neófito en materia de lucha anticorrupción.

Detalló que hay dos acuerdos entre Herrera y el gobierno de Chihuahua, con la figura de criterio de oportunidad. “Para hacerlos tuvo que reconocer su calidad de delincuente, su participación como sujeto activo en la red de corrupción, pero es importante que restituya lo robado”, detalló Jaime García.

En la red de Duarte, aseveró, también han omitido procesar a Mario Trevizo, quien se ofreció a hacer pagos privados del exgobernador ante una compañía española con cargo al erario y a Manuel Russek, quien vendía terrenos extremadamente baratos.

El nivel de corrupción que tuvo Chihuahua fue muy elevado, y aunque no es Odebrecht ni el fraude de Pemex, generar un bando con fondos públicos es muy delicado, remató.

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