Nostalgia por la dictadura

Manifestación en apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: Foto: AP Photo/Andre Penner Manifestación en apoyo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: Foto: AP Photo/Andre Penner

Señalado por reivindicar públicamente la dictadura brasileña (algunos nostálgicos quieren que vuelva), el presidente Jair Bolsonaro enfila a su país hacia la ruta del totalitarismo. También conocido como negacionista, conduce sin brújula la política de salud de la nación sudamericana en medio de la peor pandemia en tiempos recientes, crisis de salud que ha dado pie a algunas de las 40 denuncias de juicio político en su contra.

SAO PAULO, Brasil.- Treinta y cinco años después del fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985), reivindicada por el presidente Jair Bolsonaro, ésta sobrevuela la actual vida política de la mayor economía de América Latina en medio de los estragos sanitarios y económicos causados por la pandemia del covid-19.

Desde marzo, militantes del gobierno –no más de mil 500 personas– han salido a las calles de Brasilia durante los fines de semana para defender la dictadura y pedirle a Bolsonaro, un ultraderechista excapitán del Ejército, cerrar el Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia de justicia del país, así como el Congreso.

“Intervención militar con Bolsonaro en el poder” es la consigna de estos grupos que festejan en la puerta del Palacio del Planalto, sede del gobierno, en actos a los que acuden con banderas de Israel y de Estados Unidos.

Se trata de manifestaciones que se suman al rechazo de la ultraderecha oficialista contra las medidas de distanciamiento social impuestas por alcaldes y gobernadores desde marzo último.

Gabinete castrense

Conquistada la Presidencia el 1 de enero de 2019, tras vencer en los comicios de 2018 a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), Bolsonaro le dio empleo a los miembros del llamado “partido militar”. Se trata de unos mil 700 oficiales y suboficiales que operan en toda la línea del gobierno.

En el gabinete casi la mitad son militares, como el ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello. En resumen, hay más ministros castrenses en el gobierno de Bolsonaro que en toda la dictadura.

Las fotografías de los cinco dictadores (Humberto Castello, Arthur Costa e Silva, Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo) estuvieron durante 28 años en la oficina que el actual presidente tenía en la Cámara de Diputados de Brasil; en el recinto legislativo Bolsonaro también defendió al jefe de las torturas del régimen, Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien considera su “héroe” por haber luchado “contra el comunismo”.

Pazuello es considerado un verticalista que no contradirá al presidente en materia de salud. Encargado de esa cartera desde el 15 de mayo último, el general experto en logística asumió de 2018 a 2019 la organización de los campamentos de refugiados venezolanos en la frontera norte.

El antecesor del general es el oncólogo Nelson Teich, quien renunció a Salud luego de negarse a firmar un protocolo que permitiera la libre prescripción, en los hospitales públicos, de cloroquina, un remedio contra el covid-19 que fue defendido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Bolsonaro.

Pero Teich es el segundo ministro de Salud que cayó con la pandemia. El primero fue el político y médico Luiz Henrique Mandetta, del conservador partido Demócratas, quien defendió el aislamiento social determinado por los gobernadores, alcaldes y la OMS, medida contraria a Bolsonaro, considerado un negacionista.

“Va a morir gente. Es la vida, el destino”, suele responder Bolsonaro cuando se le pregunta sobre la pandemia; defiende que sólo los mayores de 60 años hagan cuarentena y que el resto salga a trabajar.

La línea negacionista de un gobierno que prometió trabajar contra el sistema político se intensificó en la pandemia. El bolsonarismo apunta al sistema global, a la Organización de las Naciones Unidas y a la OMS.

Denuncias en su contra

Bolsonaro acumula más de 40 pedidos de juicio político para destituirlo; el Supremo Tribunal Federal comenzó a investigarlo por obstrucción de la justicia al intentar controlar a la Policía Federal para, supuestamente, enterarse antes que nadie sobre las investigaciones de corrupción que pesan sobre uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, y sus amigos.

Uno de esos juicios políticos es el solicitado por el PT, de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, por atentar contra la salud pública.

La pregunta que se hacen la clase política brasileña y los entes del poder económico gira sobre qué hará Bolsonaro si se ve acorralado ante una destitución y cómo podrán actuar las fuerzas armadas.

“Con seguridad hay divergencias entre los militares, aunque no una ruptura. Una cosa son los que están en el Palacio del Planalto con el presidente y otra los que actúan en los cuarteles, que no tienen la presión de apoyarlo”, dice a Proceso el especialista en defensa e historia militar Gunter Ridzat, exasesor del Ministerio de Defensa.

“No estoy viendo un golpe para sacarlo del poder. Si hay un proceso de impeachment, algo que está en la Constitución, los militares no lo observarán como un golpe contra Bolsonaro. Para mí las fuerzas armadas no moverán un dedo”, afirma el especialista.

Golpista

Uno de los días clave sobre una posible ruptura fue el pasado 19 de abril, cuando el presidente, vestido con una playera roja, participó en un discurso en favor de un golpe militar, aunque sin la anuencia del jefe de esa fuerza, el general Edson Pujol. Fue la mayor aglomeración causada por el presidente en la pandemia.

“No queremos negociar nada, queremos la acción por Brasil. Se terminó la época de las mentiras, ahora el pueblo está en el poder”, afirmó el mandatario. Por esas semanas Bolsonaro se negaba a entregar tres exámenes que se había realizado para determinar si había tenido covid-19. “Tengo una biografía de atleta y buen estado físico, quizás me contagié y ni me di cuenta”, respondió. Al final, por pedido de la justicia, entregó tres exámenes con el resultado negativo.

Brasil sorprendía al mundo por la falta de coordinación en las políticas públicas. “Es una gripita”, minimizaba. El escándalo y la tensión de la política doméstica brasileña subieron de tono el 28 de abril, cuando Brasil superó los 5 mil muertos por covid-19, más que los reportados por China: cuatro mil 637.

“¿Por qué me preguntan a mí? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy Messias, pero no hago milagros”, dijo Bolsonaro en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, al hacer un juego de palabras con su segundo nombre.

Así, mientras Bolsonaro minimizaba la pandemia, los gobernadores se habían alineado en marzo contra la misma. Eduardo, hijo de presidente y diputado abiertamente alineado con Trump, había calificado como “virus chino” al causante del covid-19, lo cual le valió una queja de la embajada de ese país en Brasilia.

Bolsonaro trató de “traidores” a los alcaldes y a dos gobernadores: el de Río de Janeiro, Wilson Witzel, y de Sao Paulo, Joao Doria, quienes en 2018 fueron sus aliados en las elecciones generales en que derrotaron al PT.

El 31 de mayo pasado, cuando arreciaban las caravanas de bolsonaristas en las ciudades de Brasil en favor del fin de las cuarentenas, el escenario cambió drásticamente: grupos de aficionados al futbol, en especial los del Corinthians, en Sao Paulo, impulsaron un “movimiento antifascista contra Bolsonaro”.

En la pandemia, la oposición se negaba a salir a la calle, pero los jóvenes –inspirados en el movimiento Democracia Corinthiana contra la dictadura en 1982– salieron a las calles con la imagen del máximo símbolo de ese movimiento, Sócrates, estrella de la selección brasileña.

Dispersados por la policía, los antifascistas lograron bloquear las manifestaciones de los bolsonaristas en la Avenida Paulista de Sao Paulo, con lo cual se redujeron las salidas de Bolsonaro a abrazarse con sus seguidores.

“El gobierno se ha movilizado contra la Constitución, el estado de derecho y el Congreso. La Corte reaccionó defendiendo a la Constitución y está quedando cada vez más evidente que Bolsonaro se eligió mediante una red de noticias falsas financiada ilegalmente por empresarios que son grandes deudores del fisco brasileño”, dice a Proceso el coordinador de los diputados del PT, Enio Verri.

La Corte Suprema abrió una investigación sobre la financiación de los canales de YouTube bolsonaristas y de la organización de actos contra la democracia. Redadas en domicilios de empresarios, dipu­tados y activistas digitales fueron ordenadas por la Corte, como respuesta a los actos contra la Constitución.

Uno de los emblemas de este movimiento es Sara Giromini, una extremista que fundó el grupo Brasil 300. Ella reivindicó al Ku Klux Klan y prometió arrasar con la vida de los miembros de la Corte. Ella es conocida como “Sara Winter”, nombre ficticio en homenaje a una activista nazi británica.

Otro investigado por crímenes contra la democracia es Abraham Weintraub, exministro de Educación, que en una reu­nión de gabinete, el 22 de abril, fue filmado diciendo que, si fuera por él, “pondría presos a todos los ministros del Supremo Tribunal”.

En busca de protección

Bolsonaro se desvinculó del ejército en 1988, tras haber amenazado con cometer atentados durante una protesta por aumento de salarios. A partir de allí se dedicó a la política en Río de Janeiro, donde terminó siendo defensor de los policías acusados de abusos y delitos.

Sus discursos en favor de la seguridad y contra los derechos humanos lo hicieron vincularse con la parapolítica, lo que en Brasil se conoce como “milicias”, grupos parapoliciales que dominan territorios y prometen luchar contra el delito común y el narco.

La militancia de Bolsonaro por la liberación de las armas tiene que ver con esto. “Un pueblo armado no puede ser esclavizado”, dijo en la ya mítica reunión de gabinete ministerial del 22 de junio.

Esa reunión es utilizada como prueba en la investigación que le sigue la Corte por obstrucción de la justicia. El exjuez Sergio Moro, que condenó y encarceló a Lula en 2018 y le impidió participar de las elecciones, fue ministro de Justicia hasta el pasado 23 de abril. Moro, convertido en dirigente de la extrema derecha, renunció acusando a Bolsonaro de querer manipular a la Policía Federal para asuntos particulares.

Bolsonaro está rodeado por su pares y superiores de la época en la que fue teniente paracaidista, como el general Walter Braga Netto, su jefe de gabinete, y el general Luiz Eduardo Ramos, ministro de la Secretaría de Gobierno.

Su vicepresidente es el general retirado Hamilton Mourao, puente del gobierno con Beijing. Sin embargo, el hombre más fuerte del gabinete es el ministro de Economía, Paulo Guedes, economista con posgrado en la Universidad de Chicago y públicamente admirador del dictador chileno Augusto Pinochet. Es el ancla del gobierno en el mercado financiero y, en parte, de la clase media urbana liberal.

Con la acción de la Corte Suprema para investigar si el bolsonarismo lava dinero para organizar actos contra la democracia, Bolsonaro dejó de participar en actos dominicales y se dedicó a incorporar al oficialismo a la llamada “vieja política” del Congreso.

El objetivo es llegar al número mágico de 172 diputados propios que puedan bloquear tanto un juicio político como una denuncia de la fiscalía general por obstrucción de la justicia.

El aparente discurso mayoritario en favor de una dictadura fue desmentido por una encuesta de Datafolha del 27 de julio pasado, en la cual 75% dice apoyar a la democracia como el mejor sistema, contra 62% de diciembre pasado. Para 78% de los consultados, el régimen que gobernó de 1964 hasta 1985 fue una dictadura, contra la posición de Bolsonaro y sus aliados militares.

En Brasil rige desde 1978 una ley de amnistía que permitió el regreso de los exiliados y la liberación de presos políticos, pero también garantizó que no se investiguen los crímenes de lesa humanidad que terminaron con 434 muertos y desaparecidos políticos.

Además, la Comisión de la Verdad de 2014 determinó que 8 mil indígenas fueron asesinados en la colonización de la selva amazónica por parte de los militares, buscadores de oro y agricultores.

Por esta normativa aún vigente, Brasil es el único país que en el vecindario del Cono Sur latinoamericano no ha juzgado ni sancionado a los responsables.

Reportaje publicado el 5 de julio en la edición 2279 de la revista Proceso.

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