Fallan los programas sociales de la 4T

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Benjamín Flores Andrés Manuel López Obrador. Foto: Benjamín Flores

Antes de asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador hizo promesas desmesuradas cuando anunció sus programas sociales, que durante el gobierno de la 4T son operados por 19 mil 614 “servidores de la nación”, cuyo estatus administrativo es ambiguo. En menos de dos años la realidad económica, las estrategias erráticas, los recortes presupuestales y el covid-19 desdibujaron ese catálogo de buenas intenciones y mostraron sus pifias. Ello se desprende de los primeros estudios a profundidad de los 17 “programas prioritarios” llevado a cabo por el Coneval.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los primeros estudios a profundidad de los 17 “programas prioritarios” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –entre ellos Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez– arrojan claroscuros: si bien parten de buenas intenciones y pretenden resolver problemas sociales estructurales, arrancaron con “premura” y con carencias de diseño que han dificultado su operación; algunos incluso han tenido poca eficacia por la política de austeridad y los recortes presupuestarios.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), autor de los 17 estudios, documenta que en su afán de iniciar su “política de bienestar” desde un principio, el gobierno de la 4T lanzó sus programas sin reglas de operación, a veces “sin directrices”, población beneficiaria o estructura operativa aprobada por la Secretaría de Hacienda; incluso algunos tampoco tienen infraestructura u oficinas.

Estos programas incluyen una nueva batería de becas a estudiantes y jóvenes, pensiones a personas con discapacidad y subsidios a productores agrícolas, pero también microcréditos a la palabra a microempresarios y campesinos, un programa de precios mínimos garantizados para granos y leche, apoyos a la producción agrícola, entrega de fertilizantes o caravanas culturales, entre otras, que junto con el ya existente programa de pensiones para personas mayores suman un presupuesto de 306 mil millones de pesos etiquetado para 2020.

Para distintas estrategias –como los programas Crédito Ganadero a la Palabra o el Programa Nacional de Reconstrucción– la situación empezó con dificultades y empeoró durante 2019, a medida que los recortes derivados de la política de austeridad enflacaron sus ya precarios recursos.

Por estos recortes algunas dependencias redujeron los fondos para la “supervisión” de los programas, dejando mayores espacios para la opacidad. Es el caso del programa Sembrando Vida, por ejemplo, que a raíz de “problemas tanto en la calidad como en la oportunidad” enfrentadas en su primer año de operación –la falta de árboles frutales para sembrar–, decidió entregar “apoyos extraordinarios”, que según el Coneval “bajaron informalmente” a través de los distintos niveles de la cadena operativa, por lo que advirtió una “posible discrecionalidad” en su gasto.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2280 de la revista Proceso, ya en circulación.

 

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