CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La grave crisis de derechos humanos en México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica por la pandemia de covid-19, ha impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Así lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil (OSC) ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore. El pasado viernes 10, durante la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos que sostuvieron México y la Unión Europea, las OSC entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en el país y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas. https://twitter.com/marthadelgado/status/1281646694057209862?s=20 En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se comprometiera a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones, sin embargo, subrayaron, en la práctica se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad. En un comunicado destacaron que la crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61 mil 637 personas desaparecidas, incluidas 5 mil 184 en 2019, de las cuales mil 277 son niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos, recalcaron. https://www.proceso.com.mx/638157/presentan-plataforma-de-personas-desaparecidas-pero-no-abren-datos Los datos confirman que, desde inicios de 2019, 33 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales cuatro fueron mujeres, incluidas dos mujeres trans defensoras de derechos humanos y 19 periodistas, demostrando que labor periodística es de alto riesgo en México, remarcaron. Y más: La violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de siete asesinatos y siete desapariciones al día, de acuerdo con las OSC. Tan solo en el primer año de la administración de López Obrador, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia, recalcaron. De igual manera, puntualizaron que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, dio a conocer que entre marzo y junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por covid-19, se registraron 103 agresiones en contra de quienes defienden el derecho a la salud; 47 ataques contra el personal de salud, 141 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y 237 personas desaparecidas. Las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, “que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales”. Asimismo, hicieron hincapié en el debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos. Sobre el “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. “Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras”, abundaron. Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México y a la Unión Europea a cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas. Fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por el covid-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo. Reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, y niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia. Y diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.