CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal) exigió detener la “absurda opacidad” con la que se empeña en operar el sistema penitenciario en el país, y empezar a reconocer el valor de las vidas humanas. En un comunicado, AsiLegal señaló que la Ciudad de México acaba de convertirse en la entidad federativa con el mayor número de personas privadas de la libertad con contagios acumulados y muertes por covid-19, concentrando el 50% a nivel nacional. Ayer, subrayó, la secretaria de Gobierno de la capital, Rosa Icela Rodríguez, anunció que en los 13 centros penitenciarios de la ciudad se contabilizaron mil 040 contagios acumulados y 54 muertes en la población privada de libertad, cuando hace tan solo dos días se tenía conocimiento de 76 contagios y 5 muertes. Con la actualización anunciada por Rodríguez, agregó, los centros penitenciarios de la Ciudad de México ahora significan el 47% de los contagios contabilizados a nivel nacional, superando por más de 35 puntos porcentuales a los estados de Jalisco y Puebla. “La falta de seriedad y respeto a las instituciones de transparencia por la misma Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (…) denotan que el panorama penitenciario es mucho más oscuro y elusivo de lo que ya se presumía”, recalcó. Añadió: “En el paso de los últimos tres meses de pandemia, confinamiento y acrecentada crisis de salud en diferentes estratos, las organizaciones de la sociedad civil como AsiLegal hemos sido profusamente claras en documentar la falta de transparencia e infodemia con la que nos enfrentamos para proteger los derechos de la población que atendemos”. Esta nueva información, remarcó, no quiere decir que existió un repunte catastrófico, sino que desde un inicio se blindó la posibilidad para medios de comunicación y la sociedad civil de conocer cabalmente la verdadera amenaza que enfrenta la población privada de libertad. Tras reafirmar posición para colaborar en la generación de acciones que contribuyan a frenar el desarrollo de esta crisis, AsiLegal denunció que este tipo de cifras que, en pleno conocimiento de las autoridades, se mantuvieron en silencio hasta ahora, complican cualquier tipo de monitoreo y defensa de los derechos humanos en el país. En tal sentido, hizo un llamado a las autoridades penitenciarias de todos los niveles, a la secretaría de gobernación local y federal, a la CNDH en conjunto con sus homólogos en los estados, a la secretaría de salud, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y a toda persona “que ha mantenido su silencio durante el desarrollo de la presente crisis penitenciaria, a detener esta absurda opacidad con la que se empeña en operar el sistema penitenciario y a empezar a reconocer el valor de las vidas humanas que dependen de ellas”.