COLIMA, Col. (apro).- Inconformes por presuntos atropellos a sus derechos parlamentarios en el proceso legislativo para autorizar al gobernador un crédito de 740 millones de pesos, seis diputados de Morena y del Partido del Trabajo interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio para la protección de derechos políticos y electorales. El recurso, suscrito por Claudia Gabriela Aguirre Luna, Ana Karen Hernández Aceves, Araceli García Muro, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Vladimir Parra Barragán y Arturo García Arias, fue entregado en la Oficialía Mayor del Congreso local para que ésta instancia lo haga llegar a la Sala Superior del TEPJF. Las denunciantes señalaron que se violaron sus derechos político-electorales con la sesión virtual y el impedimento para entrar a la sede alterna, así como “las formas ilegales” en la realización de ambas sesiones.

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Golpes y empujones en el Congreso de Colima; aprueban contratar deuda Solicitaron que se dicte sentencia contra las autoridades que resulten responsables, además de que se emitan las medidas de protección para desempeñar libremente el cargo de diputadas y diputados locales que el pueblo de Colima les otorgó. Ante el TEPJF, los diputados impugnaron los actos preparatorios de la celebración "virtual" de la sesión número 11, donde se aprobó el acuerdo 40 para autorizar como recinto legislativo la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), donde se llevó a cabo la sesión 12, el mismo 7 de julio. Asimismo, impugnaron la aprobación del decreto número 2886, por el que se autoriza al gobierno de Colima a contratar uno o varios financiamientos públicos por el monto de hasta 740 millones de pesos, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el jueves 9, y denunciaron que se ejerció violencia política de género en contra de las diputadas locales Claudia Aguirre, Ana Karen Hernández, Araceli García y Livier Rodríguez. Por otra parte, con excepción de Arturo García Arias, las diputadas y el diputado presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por violaciones a sus derechos. Entre las posibles violaciones a los derechos humanos señaladas por los quejosos se encuentran el de legalidad y debido proceso legislativo, libertad de expresión en su vertiente parlamentaria, derecho a voz y a voto como derechos parlamentarios, derecho a la democracia sustantiva, derecho a la seguridad e integridad personal y lo que resulte. En su narrativa de los hechos, los legisladores invocaron normas jurídicas constitucionales e internacionales, como la Carta Democrática Americana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. También expusieron que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, concretamente en el tema de la función parlamentaria como mecanismo de salvaguarda de la democracia, dice que se requiere garantizar la función de contrapeso y de fiscalización de la deuda pública y rendición de cuentas para que los presupuestos sean acordes a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Añadieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado también, vía control abstracto de constitucionalidad, sobre la violación al debido proceso legislativo, sentando precedentes sobre la vigencia del principio de legalidad y de deliberación democrática en el interior mismo de los procesos legislativos, ajustándose a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.