CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - Considerado por Andrés Manuel López Obrador y por Donald Trump como “el instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor confianza en la región”, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se encuentra lejos del discurso sobre los anunciados beneficios que traerá a la noqueada economía mexicana, que este año tendrá una recesión de 10.5%, según el FMI. De acuerdo con un análisis del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), centro de análisis integrado por empresarios, académicos y exfuncionarios, confiar en el TMEC y la reapertura de la economía tiene serias limitantes, como la afectación del sistema productivo nacional en un nuevo entorno regulatorio en América del Norte en medio de una recesión. Advierte de la necesidad de estrategias y mecanismos de política económica que permitirán enfrentar y revertir las tendencias negativas asociadas al actual desempeño del sistema productivo nacional. “La reapertura gradual de la economía y la entrada en vigor del TMEC solamente atenuarán la caída del sistema productivo mexicano y la precarización del mercado laboral que ello implica: no bastarán para generar una recuperación sólida y sostenible capaz de elevar el bienestar social de los mexicanos más pobres”, señala el reporte del IDIC. Contundentes, los datos revelan el desastre económico que vive México. Proyecciones elaboradas por BBVA Research indican que en un escenario optimista en donde se espera una contracción de 7% en el PIB de México, la población en situación de pobreza por ingresos podría llegar a 58.4%. En el escenario pesimista, que es a donde apuntan las proyecciones, se considera un desplome en la economía mexicana de 12%, lo que llevaría a un aumento de 16.4 millones de personas en situación de pobreza por ingresos, y a un incremento de 18 millones de personas en condición de pobreza extrema por ingresos. El tema no fue centro de atención en toda la reunión bilateral que sostuvieron los presidentes López Obrador y Trump el miércoles 8, a la cual asistieron los empresarios más cercanos al tabasqueño, cuya principal bandera ha sido “primero los pobres”. En la declaración conjunta, firmada ese día, el acuerdo comercial –una continuación con supuestas mejoras y nuevos capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– fue vendido de la siguiente manera: “El TMEC es el instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor confianza a nuestros países, lo que será fundamental para la recuperación que ya ha comenzado en nuestras dos naciones. El TMEC reafirma nuestro entendimiento compartido de que América del Norte es una región que crea prosperidad para todos sus ciudadanos”.

Inexistente política industrial

Más allá de la retórica, para el IDIC los cambios que el TMEC requiere para cumplir –y aprovechar– con las directrices y reglamentaciones derivadas de los cambios en la relación económica, comercial y laboral en América del Norte impulsados por Estados Unidos, México necesita un programa de política industrial que le permita elevar sus capacidades productivas, de innovación tecnológica y de competitividad en general. Esa política es inexistente en lo que va de la actual administración, por lo que la industria mexicana ya venía agonizando desde finales del sexenio de Enrique Peña Nieto; el covid-19 sólo profundizó la parálisis. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector industrial tuvo un retroceso anual de 29.6% en abril pasado, acumulando 19 meses en caída libre. Si se compara el comportamiento de la actividad industrial en los primeros 17 meses de los últimos cinco sexenios, en el de Ernesto Zedillo la industria tuvo un tropiezo de -6%, por la crisis económica de 1994; con Vicente Fox la disminución fue de -2.1%; en el lapso referido de la administración de Felipe Calderón, la industria sostuvo un crecimiento de 0.7%; con Enrique Peña Nieto apenas se expandió 0.3%, y en los primeros 17 meses del sexenio de López Obrador el desplome fue de -3.7%... El mayor retroceso desde Zedillo, a quién le tocó la entrada en vigor del TLCAN. El Consejo Coordinador Empresarial, cuyo líder, Carlos Salazar Lomelín, no fue invitado al encuentro del miércoles 8 en la Casa Blanca, advirtió: para que el TMEC realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social hay mucho por hacer. Aunque aplaudió el encuentro entre los jefes de Estado, advirtió que este nuevo acuerdo comercial trae consigo disposiciones que abren áreas de atención para México. Asimismo, dejó claro que los empresarios tendrán que combatir las medidas contra el libre comercio que se invocan con el pretexto de seguridad nacional. “El riesgo es la falta de claridad para garantizar el correcto funcionamiento de nuestras cadenas regionales de valor e inversión”, alertó Salazar Lomelín. Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador técnico de México del TMEC, señala a Proceso: “Creo que es muy importante que cuidemos y que esperemos que en estas reuniones que hubo al más alto nivel entre Estados Unidos y México se tocaran todos estos temas, no sólo los de México, también los obstáculos que está generando Estados Unidos en materia comercial, sobre todo en el sector agropecuario”. Cita el caso de la estacionalidad agrícola, la cual revivió las inspecciones en frontera de los tomates y otros productos. “Ojalá que todo eso se pueda limpiar o quitar de la mesa y empecemos con el pie derecho esta nueva relación dentro del TMEC”, abunda. Otro punto neurálgico que observa el especialista es el de las reglas de origen en la industria automotriz, las cuales condicionan 75% (desde un 62.5%) el valor de contenido regional en la producción de automotores y 40% el de contenido laboral, lo que implica que ese valor del vehículo debe producirse con una fuerza de trabajo pagada a 16 dólares por hora. Smith advierte, en entrevista telefónica, que “el reto es adecuar los mecanismos y sistemas de producción para poder incorporar cada vez más valor mexicano en las exportaciones de automóviles terminados a Estados Unidos y a Canadá”. Este texto forma parte del número 2280 de la edición impresa de Proceso, publicado el 12 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí