El diagnóstico de especialistas en políticas culturales sobre este documento de la Secretaría de Cultura –esperado desde enero– es que no da respuestas concretas al rescate que plantea la crisis derivada de la pandemia, en principio porque no la reconoce. Así, la cultura no está al centro del proyecto social de la 4T. Aquí las voces de Luis Adrián Vargas, Ana Garduño, Jorge Bravo, Alejandro Sandoval y Graciela de la Torre. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Se esperaba que el Programa Sectorial de Cultura (PSC) 2020-2024 del gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 3 de julio, sorprendiera por sus propuestas e innovación o por darle a la cultura el papel fundamental que un nuevo proyecto de nación requiere.

Lejos de eso, para los especialistas en políticas culturales Luis Adrián Vargas Santiago, Ana Garduño, Jorge Bravo, Alejandro Sandoval Ávila y Graciela de la Torre, no deja de ser –como los de sexenios anteriores– una carta de buenas intenciones: Su viabilidad y ejecución no quedan claras.

Se trata, en resumen, de un documento lleno de carencias en el que no se consideró la nueva realidad del país, motivada por la pandemia.

Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y cofundador de la plataforma Aura, Vargas sitúa al texto en la retórica misma de la Secretaría de Cultura (SC), a cargo de Alejandra Frausto:

“El problema es que esa retórica está falta de aterrizajes concretos y acciones. Si fuera cierto que la cultura se halla al centro del proyecto social del gobierno mexicano y que es un derecho humano, como nos vienen diciendo, el proyecto federal tendría presupuestos mucho más robustos.”

Además, “habría respuestas concretas y de largo plazo para rescatar a las comunidades creativas de México frente a la crisis económica agudizada por la pandemia”.

Tras cuestionar la tardía presentación del PSC (se esperaba desde enero pasado, según la Ley de Planeación), abunda sobre los presupuestos y muestra que México no cumple con el 1% mínimo del PIB recomendado por los estándares internacionales. Sólo invierte 0.07%, y “es ahí cuando los planes de la SC se vuelven mera retórica” con el riesgo de caer en “falsas promesas” y “proyectos irreales”.

Ejemplifica:

“Se habla de que las comunidades más vulnerables tengan acceso a los servicios culturales del Estado y de que la mayoría de la población ejerza su derecho a la cultura. Así se establece en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, cómo sostener esto en la práctica cuando el único proyecto de cultura donde hay dinero (mil 668 mdp) y que ha sido definido como prioritario por el presidente, en abril de este año, es centralista.”

Se refiere al Proyecto del Bosque de Chapultepec y el Centro Cultural Los Pinos, resumido en apenas un párrafo en el Programa pues, según Frausto, será presentado en forma particular. Ello le parece incongruente y con mensajes equívocos:

“¿Por qué apostarle el mayor presupuesto cultural a un proyecto en la Ciudad de México y no a uno que descentralice la cultura?, ¿por qué lo lidera un artista como Gabriel Orozco, que no tiene credenciales para hacer un proyecto de urbanismo e integración social de esta magnitud? Y el tercer mensaje es de justicia social: Orozco está donando su trabajo por ser un artista millonario que no necesita ser pagado por esto… El presidente nos está diciendo que los artistas deben donar su trabajo, que a los artistas no se les paga.”

Tras recordar que los pabellones de la Biodiversidad y de Arte Contemporáneo del Bosque han sido muy debatidos, cuestiona su pertinencia:

“¿Por qué lo necesitamos cuando México está en una profunda crisis económica, sanitaria y social, donde las comunidades culturales son de las más afectadas en términos de seguridad social y precariedad económica? Hay temas más urgentes de atender. Más que los nuevos complejos culturales, lo que importan son las personas y familias que dependen de la cultura, y de las muchas formas en que ésta genera economía indirecta y valor social y cultural.”

Cita como segundo ejemplo otra propuesta prioritaria para la SC: el Programa de Cultura Comunitaria, al cual “se han destinado buena parte de los recursos del presupuesto cultural”. Le ve problemas de origen, como la concepción misma de “cultura comunitaria”, pues pretender que el Estado genere la cultura que ocurre en las comunidades es una visión “muy paternalista y apropiacionista”:

“El mensaje parece ser que el Estado­ será ahora quien funja como generador o detonador de esas manifestaciones culturales. ¿Estamos hablando de cultura comunitaria y estatal?, ¿es comunidad lo mismo que Estado?”

Asimismo, cree que designar un programa como el más importante puede interpretarse como que otras formas culturales no merecen apoyo gubernamental.

Añade que el PSC tiene visión desactualizada del país al no considerar el rezago desde indicadores más complejos, y retomar el “misionerismo cultural” impulsado a principios del siglo XX por el entonces secretario de Educación, José Vasconcelos, “cuando hoy no puede replicarse ni convocarse como analogía con fines políticos, pues de nuevo caemos en el terreno de la retórica que raya en lo demagógico.

“El trabajo con las comunidades vulnerables de los llamados ‘municipios de la esperanza’, a donde también ha entrado la Guardia Nacional, se tendría que plantear desde otras lógicas más horizontales y actuales, que incluyan retos tan importantes como el de la brecha digital. Ahí están modelos comunitarios autónomos y autogestivos como los de Michoacán o los de los zapatistas en Chiapas. Más que hacer programas culturales para las comunidades con modelos pedagógico-artísticos también desactualizados, habría que hacerlos con las comunidades y evaluar de forma conjunta y cualitativa el impacto de estos programas.”

Letra muerta

Como investigadora especializada en historia de los museos en México, políticas culturales y coleccionismo de arte, Ana Garduño centra sus observaciones en el desdén histórico del Estado hacia estos recintos, que se traduce en que 43% de la población nunca ha visitado un museo. Advierte:

“Es casi la mitad de los habitantes, un número enorme que debiera activar a los responsables de diseñar políticas culturales para generar un programa nacional de acciones inmediatas para contrarrestarlo a mediano y largo plazo. La ausencia de visitantes en recintos dedicados a explorar y reflexionar acerca de nuestras múltiples identidades y problemáticas nos debilita como colectividad nacional, pensante y creativa.”

Afirma que la falta de vinculación entre los museos oficiales y la sociedad civil no se debe a la falta de oferta, pues las instituciones museales, sobre todo estatales, invierten la mayor parte de su presupuesto en producir exposiciones y eventos diversos (conferencias, cursos, talleres), pero carecen de dinero para campañas de promoción y difusión. Juzga entonces como “un error” haber regresado los tiempos oficiales a las empresas de comunicación.

Garduño destaca que apenas 144 de los mil 387 museos en el país son responsabilidad del Estado, lo cual revela “que el ramo museos no ha sido prioritario para la élite política”. Y cuestiona si a eso se deberá que en el PSC los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBAL), responsables de tales museos, apenas sean mencionados: cuatro veces el INAH y tres el INBA.

“¿A qué se debe su escasa visibilidad?, ¿están contando con tan esenciales institutos para la materialización del Programa Sectorial de Cultura? Todo parece indicar que no.”

La investigadora evoca que, no obstante “haber sustentado la imagen histórica y cultural del país”, los museos llegaron a ser descalificados por supuestamente no atender lo prioritario, sino sólo el arte y el patrimonio, siendo que generan ganancias económicas en industrias como la turística y la editorial:

“Pese a ello, los museos oficiales han vivido a nivel de subsistencia por los raquíticos recursos asignados. Esta crónica exclusión presupuestal no va a ser solucionada entre 2020-2024, ya que en el documento referido el término ‘presupuesto’ sólo se menciona en una ocasión. Si no se planea incentivar con fondos el sector cultura, específicamente el rubro museos, el programa sectorial será letra muerta, por muy buenas intenciones que pueda contener. Aun en tiempos pandémicos, la inyección de recursos es indispensable.”

Carencia digital

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el experto en políticas públicas digitales y telecomunicaciones Jorge Bravo destaca que, no obstante ser la primera vez que un programa incluye el tema digital, le falta visión para capitalizar que la gente no se conecta a internet por estar en red, sino para consumir contenidos culturales (música, audiovisuales, imágenes).

Debería entonces pensarse en digitalizar las producciones de los creadores, pero eso no está previsto. Si bien durante la pandemia mucha de la oferta cultural oficial se ha proyectado en plataformas digitales, es evidente que muchos aspectos, como la preservación del patrimonio material e inmaterial, están ausentes en los procesos de digitalización. No se ven en el PSC. Incluso los medios públicos no están viendo por su pronta digitalización o por la utilización de ventanas digitales para incrementar sus audiencias, les “falta mucho, cuando Cultura es uno de los sectores que naturalmente debería aprovechar las tecnologías digitales.”

–El presidente López Obrador ha cuestionado el uso y/o abuso de las redes sociales, ¿en cultura podrían tener un uso positivo y no lo hacen?

–Sí, justo en el sector cultural es donde más se promueven la diversidad y la pluralidad, es decir, se reconoce que todos somos diferentes y que eso nos da valor. Los discursos de odio deberían ser combatidos desde el sector cultural, donde las diferencias raciales, de edad o de ubicación geográfica, no fueran un factor de discriminación o para generar odio en el ecosistema digital y en las redes sociales. Hay argumentos de sobra para que la diversidad enriquezca a la nación, pero ni siquiera se consideran, no se reconocen las múltiples visiones y que todos tienen derecho a expresarlas, sobre todo en las redes sociales.

Se le comenta que en la reunión del lunes 6 de julio entre autoridades de la SC y colectivos artísticos para negociar apoyos ante la crisis por la pandemia, se señaló que muchos creadores de comunidades indígenas no pudieron inscribirse en el padrón de solicitantes por falta de conectividad o de una computadora.

Bravo dice al respecto que la SC debería trabajar de forma proactiva con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que los creadores accedan a tecnologías y puedan ofrecer  sus producciones, incluso internacionalizarse:

“Porque eso ocurre en internet. La red no te va a quitar tu identidad, tu cultura, ni hace que los jóvenes se vayan a Estados Unidos, pero va a proyectar tus expresiones culturales, tus tradiciones, y esto puede preservarse en formato digital.”

Los bailables, por ejemplo, que es lo más se pierde porque es patrimonio inmaterial, podrían grabarse, “cualquier artista necesita tener acceso a la conectividad para acercar sus expresiones”.

Cuestiona finalmente por qué entre las metas principales del PSC se incluye disminuir la distancia que recorre el público, sobre todo en comunidades con menor oferta cultural, para asistir a un evento, y no se piensa en internet, justo cuando la pandemia demostró que nos confinó en nuestros hogares pero nos acercó a todo el mundo.

“Diría que, por primera vez, vi una auténtica sociedad de la información y el conocimiento: los gremios de la economía, la cultura, los periodistas, los abogados, se reunieron para encontrar soluciones.”

Sin transformación

Promotor y asesor cultural en varias legislaturas pasadas, el poeta Sandoval Ávila considera “una grave carencia” que en el PSC no se hiciera una enmienda por el covid-19, “porque es una situación campal del país y del mundo, que durará todo el año y tal vez más”. Y coincide entonces en la crítica al tema de los traslados:

“Habla de que la gente en vez de trasladarse 21 kilómetros para los eventos comunitarios, lo hará en 17. O sea, en cuatro años se van a ahorrar cuatro kilómetros, pero ¿cómo se van a trasladar si hay covid? El covid no se va a ir, hay que entender eso. ¿Cómo le van a hacer en los eventos culturales ante esta situación?”

El Programa Sectorial no aborda si el plan es hacer eventos más pequeños, recurrir a la televisión o al internet. Ni habla de los recortes presupuestales, cuando varios de estos ajustes también son resultado de la pandemia, lo cual convierte al programa en una carta de buenas intenciones, “pero de ninguna manera es un documento de gobierno, es inaplicable”.

Y no ve aspectos que puedan darle un sello particular vinculado a la llamada 4T:

“Uno esperaría alguna aportación teórica, metodológica o conceptual. Habla de mediciones, pero no de cómo las van a hacer ni hasta dónde llegarán, si llegarán a algún lado. Y una cosa que me parece muy grave, es que el gobierno no aparece como garante de los derechos culturales, garante del goce y disfrute de los servicios culturales, sino como distribuidor, como si la cultura fueran dineros o bienes muy tangibles, son bienes y servicios bajo tutela del Estado, y los servicios los imparte el gobierno, pero en su mayoría son bienes intangibles. Me pone en alerta que sea un documento inoperante. Me pregunto entonces qué van a hacer, porque a estas alturas acogerse a la buena voluntad del funcionariado medio, por más experiencia que tenga, ya no se puede, la enorme burocracia del sector cultural del país es un problema gravísimo.”

Pauperización crónica

Por su parte, la historiadora del arte y exdirectora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM, Graciela de la Torre, en un texto enviado a Proceso, criticó que el documento se encuentre divorciado del momento actual al no reconocer la existencia de una crisis y, por tanto, no abarcar soluciones:

“El Programa Sectorial de Cultura es, probablemente, un necesario esfuerzo de la Secretaría por ordenar temas, objetivos y propósitos del sector, y así ampliar los conceptos del folletito El poder de la cultura, que hasta el momento era el pronunciamiento de la Secretaría en la materia.

“Sin embargo, el problema deriva no tanto de los contenidos o de la incorrección (en el mejor de los casos) y falta de actualización (en muchos de ellos), de las definiciones que incluye en su parte final y que, necesariamente, a lo largo del documento alumbrarán la óptica de las acciones propuestas. Un ejemplo, la definición referida al ‘museo’, donde no se menciona a los públicos como el centro de la acción museal en el siglo XXI y sí se subraya, como en el siglo pasado, a las colecciones como la razón de ser de la institución museal.

“Desde mi punto de vista, la problemática fundamental radica en la asintonía con el momento en el que se emite. A nadie escapa la realidad de que el sector cultura, las instituciones y sus agentes están sumidos en una severa crisis, derivada en mucho de medidas pauperitarias y de los brutales recortes presupuestales de este gobierno y del impacto del covid, que han venido a sumarse a la precariedad arrastrada durante la última década.

“En el fondo lo que más preocupa es que, frente a este escenario, el programa hace caso omiso de los principios más evidentes en el ABC de gestión en las políticas públicas:

• Reconocer que hay una crisis y que existen enormes problemas en el sector cultural.
• Establecer un diagnóstico del origen y estado de la cuestión.
• Diseñar un plan con estrategias para resolverla.
• Implementar medidas conducentes.
• Y, finalmente, evaluar si lo hecho impacta en la solución de la problemática.

Tal vez, como no se reconoce la crisis, de ahí que continúen proyectos faraónicos, como algunos museos del corredor cultural del Bosque de Chapultepec y, aunque usted no lo crea... ¡el Pompidou mexicano!”

Reportaje publicado el 12 de julio en la edición 2280 de la revista Proceso.