El polémico retorno de Cabal Peniche

Carlos Cabal Peniche. Foto: Víctor R. Caivano Carlos Cabal Peniche. Foto: Víctor R. Caivano

Durante dos décadas estuvo inmerso en el escándalo, dentro y fuera del país. Incluso estuvo en la cárcel y se le señaló como uno de los beneficiarios del Fobaproa. Hoy el tabasqueño Carlos Cabal Peniche –prototipo del empresario modernizador en el sexenio de Carlos Salinas– se erige como uno de los rescatadores de la aerolínea Interjet, lo que genera suspicacias en el gobierno de la 4T… tantas, que el propio López Obrador se deslindó ya de su paisano.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En pleno aterrizaje forzoso del sector del transporte aéreo, impactado por el covid-19, el empresario Carlos Efraín de Jesús Cabal Peniche intenta “salvar” Interjet, compañía propiedad de la familia Alemán.

Con un equipaje que contiene un historial de prófugo de la justicia a nivel internacional, un amplio financiamiento de campañas electorales, años en la cárcel, Cabal Peniche busca posicionar su imagen empresarial en plena Cuarta Transformación.

Los vientos turbulentos fueron los óptimos para el empresario, encumbrado por Carlos Salinas de Gortari. Ahora, junto con Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de la Intercontinental Chamber of Commerce (ICC), Cabal dispuso de 150 millones de dólares para relanzar Interjet a los aires nacionales e internacionales.

En el gobierno de Salinas de Gortari, Cabal era considerado prototipo empresarial de la “modernización” y de los nuevos ricos sexenales.

En 1991, cuando en su esplendor el salinato se deshacía de los bancos nacionalizados, se presentaron cuatro ofertas para la adquisición del banco BCH. Dos de ellas quedaron empatadas y la Secretaría de Hacienda, bajo el mando de Pedro Aspe, resolvió en favor del grupo de 3 mil socios encabezados por Cabal Peniche, justificando su “experiencia administrativa y probidad”. Era el modelo del joven empresario de la liberalización económica salinista.

Cabal transformó al BCH en Banco Unión y finalmente en el Grupo Cremi-Unión, al mismo tiempo que acumuló unas 20 empresas con oficinas en la Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Zurich y Hong Kong, entre otros grandes centros financieros y comerciales.

Entre ellas, la compañía Del Monte, adquirida a mediados de 1993 en 500 millones de dólares –la tercera empresa más importante del mundo dedicada a la comercialización de frutas tropicales–, con empresarios de Tabasco, Chiapas, Campeche y Sinaloa asociados en el Grupo Empresarial Agrícola Mexicano.

Cabeza del Grupo Empresarial Sureste, el estrenado banquero era además principal accionista de la compañía Platanera San Carlos del Golfo y una veintena de empresas más.

En septiembre de 1994, dos meses antes de las elecciones del 20 de noviembre para la gubernatura de Tabasco, Hacienda anunció que el presidente del Grupo Cremi-Unión, Carlos Cabal Peniche, había cometido fraudes multimillonarios y que el Banco Unión sería intervenido.

El banquero, con orden de aprehensión, se dio a la fuga.

El candidato priista a la gubernatura, Roberto Madrazo, negó todo vínculo con el banquero y el abanderado perredista, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la caída de Cabal “se debió a un ajuste de cuentas”.

“El secretario de Hacienda, Pedro Aspe, sabía muy bien quién era Cabal. Antes de que licitara el banco BCH se reunió en Villahermosa con Cabal Peniche y los gobernadores de Chiapas, Campeche, Tabasco y varias decenas de inversionistas, a los que invitó a participar en la compra. Desde entonces todo mundo supo que la licitación iba a ser una mera formalidad y que se iba a entregar a Cabal. Aspe no tenía por qué reunirse con los interesados antes de la convocatoria”, dijo López Obrador en ese entonces.

Los 5 millones de dólares a Madrazo los documentó López Obrador en junio de 1995, al presentar denuncia y entregar a la entonces Procuraduría General de la República varias cajas con la documentación original de todos los gastos de campaña del priista, que ascendieron a 237 millones de pesos, cuando el tope de campaña era de 5 millones.

Aquella vez el ahora presidente de la República denunció que las pruebas del fraude electoral de Roberto Madrazo estaban en “las cajas de la infamia”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2281 de la revista Proceso, ya en circulación.
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