La desinformación por parte de la Fiscalía General de la República en el caso de Emilio Lozoya dejó mal parados al propio presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quienes el viernes 17 no supieron explicar por qué el detenido no pisó el Reclusorio Norte y sí, en cambio, fue a dar a un hospital. Después de horas de incertidumbre se desconoce qué negoció la defensa del exdirector de Pemex; se especula incluso que quizá el testigo colaborador no llegue al penal si se valida el “criterio de oportunidad” al que se acogió. CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Sus dos primeras noches en México las pasó Emilio Lozoya Austin en un hospital privado de muy alto perfil, vigilado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Colaborador de primera línea del entonces presidente Enrique Peña Nieto, Lozoya tuvo acceso a ese beneficio en medio de crecientes versiones de que su defensa negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) la aplicación de un “criterio de oportunidad” que permita suspender o cancelar la acción penal contra el exdirector de Pemex. De acuerdo con los artículos 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el “criterio de oportunidad” se aplique a Emilio Lozoya, éste debe aportar “información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa”, o bien que lleve a la identificación y captura de nuevos imputados. Además, la defensa de Lozoya debe comprometerse a que comparezca en juicio contra las personas que señale por la posible comisión de otros delitos. La suspensión de la acción penal implica que la FGR no actué contra el imputado y que incluso lo deje sin castigo o pena si la información que entrega es relevante, lo que en el caso de Lozoya tendría validez si declara contra servidores con niveles jerárquicos más altos que el suyo; es decir, de secretarios de Estado a presidente de la República. En el caso de delitos fiscales y financieros, el criterio de oportunidad debe ser autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación. La norma también prevé que el imputado debe pagar la reparación del daño, por lo que en el caso de Lozoya la negociación con la FGR deberá incluir la entrega de bienes que el exfuncionario haya adquirido de manera ilícita. Sin embargo, fuentes de la FGR explicaron que el criterio de oportunidad que busca la defensa de Lozoya todavía no se ha firmado, debido a que la propia fiscalía espera nuevas declaraciones y la entrega de todas las evidencias de sus imputaciones. Fragmento del reportaje publicado en el número 2281 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí Te puede interesar: Los pactos de Lozoya