CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red de organizaciones Nosotras Tenemos Otros Datos pidió la intervención de la Cámara de Diputados para detener el “desmantelamiento” del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), luego de que su junta de gobierno aprobó la reducción de 75% de su presupuesto operativo. En vísperas de que México rinda su informe al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las organizaciones manifestaron su inconformidad con la reducción presupuestaria, en una carta dirigida a las diputadas Laura Rojas y Wendy Briceño, presidentas de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Igualdad de Género del órgano legislativo, respectivamente. “Las mujeres de este país nos preguntamos qué cuentas entregará la actual administración a las mujeres y niñas, pero también a esos organismos internacionales de derechos humanos y gobiernos de otros países cuando, lejos de fortalecerla, está desmantelando la política de igualdad y derechos humanos de las mujeres”, cuestionaron las activistas que integran Nosotras Tenemos Otros Datos. La carta fue presentada este lunes, horas después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, dio a conocer --en la conferencia matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador-- que en los primeros seis meses de 2020 se registró un incremento de 7.7% de las carpetas de investigación por feminicidios respecto del mismo periodo del año pasado. Ante la reducción presupuestaria del Inmujeres, mientras se incrementa la violencia feminicida, las activistas manifestaron que la medida tomada por la junta de gobierno “contraviene lo establecido en tratados internacionales y en preceptos constitucionales”, así como el mismo Decreto de Austeridad (del 23 de abril) para atender la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19. Los ajustes presupuestales a Inmujeres se dieron “al margen de la ley, pues no es facultad de este órgano” tomar ese tipo de decisiones, sino de la Cámara de Diputados, subrayaron. De igual manera, recordaron que a esa irregularidad se suma “la reserva que hizo la Secretaría de Hacienda los días 1 y 8 de abril (…) de 460.2 millones de pesos correspondientes al Capítulo 4000, ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas’, de los cuales dependen los programas de institutos estatales y municipales, y de 3.3 millones de pesos correspondientes al capítulo 3000 por concepto de pasajes aéreos”. Para el colectivo de organizaciones, las restricciones presupuestarias constituyen “una grave violación a los derechos humanos de las mujeres”, además de contravenir el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que establece que los programas presupuestarios dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres “son irreductibles”. Destacaron que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 establece que toda modificación al presupuesto que haga la SHCP “debe ser presentada para su aprobación” a la Cámara de Diputados, además de que en el Decreto de Austeridad se considera necesario presentar una iniciativa de reforma a la LFPRH, que no se ha realizado, para llevar a cabo las modificaciones presupuestarias. Tras señalar que los recursos correspondientes al Anexo 13, en el que están los fondos del Inmujeres, fueron aprobados por la Cámara de Diputados “y no por la Junta de Gobierno de la institución”, las organizaciones llamaron a las legisladoras a convocar a los integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva y de la Comisión de Igualdad de Género, para exigir a la SHCP “acatar lo establecido en la norma y que libere los recursos correspondientes a los capítulos 3000 y 4000, deje sin efecto el recorte aprobado por la Junta de Gobierno del Inmujeres y que, cualquiera que sea su propuesta de modificación del presupuesto, la presente al Poder Legislativo”. Las activistas manifestaron que en este mes el gobierno de México está obligado a rendir un informe ante el Comité CEDAW, que ha recomendado “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”, esfuerzos que demandan “el fortalecimiento de la política y el presupuesto”. Resaltaron que, en medio de la contingencia sanitaria, funcionarios del gobierno federal han presumido en foros internacionales que representan “un gobierno garante de los derechos humanos de las mujeres”, y han sostenido que éste tiene una “política exterior feminista”. Lo anterior, al solicitar recursos económicos “a la cooperación internacional que subsanen los recortes presupuestales de su propio gobierno”. La red de organizaciones criticó la reducción “sistemática” a programas dirigidos a mujeres, mientras que las crisis de salud, económica y social “se han agrandado con la pandemia”. Lamentaron que mientras la violencia feminicida cobra la vida de entre 10 y 11 mujeres al día, “se da la aprobación de reducción de presupuesto por el Decreto de Austeridad, cuando las mujeres enfrentan una doble emergencia por el covid-19 y las violencias machistas”. Las organizaciones que forman parte de Nosotras Tenemos Otros Datos remarcaron que la contracción presupuestaria “pone en riesgo la vida de las mujeres y es un retroceso para eliminar brechas de desigualdad”, y también es una muestra de que “las mujeres no son prioridad para el gobierno de México”, que antepone a la vida de éstas proyectos como la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya, “cuyo presupuesto no se ha reducido, ni retrasado, ni retenido”. El reclamo fue respaldado por las legisladoras del PRI, PRD, Morena y PAN, que coincidieron en la urgencia de llamar a comparecer al secretario de Hacienda, Arturo Herrera; a la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, así como a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que expliquen el recorte presupuestal. La legisladora priista Cynthia López Castro resaltó que la semana pasada se eliminó el presupuesto para la implementación de Alertas de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y también en Quintana Roo y Tlaxcala, aunque no en su totalidad. “Se han cancelado 37 millones de pesos de los 113 ya etiquetados para AVG, y a ello se suma que de los 83 programas con enfoque de género 26 han sufrido disminución de recursos”, dijo López de Castro. En su oportunidad, la perredista María Guadalupe Almaguer insistió en la carencia de facultades de la Junta de Gobierno del Inmujeres para aprobar la reducción de fondos de operación, y reprochó la retención de 463 millones del capítulo 4000, “que afecta políticas de igualdad en estados y municipios y es el único recurso para atender a mujeres en comunidades en tema de violencias”. Anunció que con otras legisladoras analizan las medidas legales que podrían emprenderse contra la decisión de la Junta de Gobierno de Inmujeres para restringir su presupuesto. Lorena Villvicencio, de Morena, cuestionó: “¿De qué sirve tener un gabinete paritario si estas mujeres no han sido capaces de defender las políticas públicas que buscan generar condiciones igualitarias para las mujeres? ¿De qué sirve que las diputadas estemos haciendo un esfuerzo permanente por generar políticas públicas en atención a temas de violencia y aprobemos presupuestos que, si bien son insuficientes, después por decreto presidencial se recortan?”. La legisladora hizo un “llamado firme al secretario de Hacienda y pedirle que reconsidere el recorte por el decreto presidencial, que de hacerse efectivo tendrá una afectación a las mujeres”. La senadora panista Kenia López Rabadán criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostenga que “como nunca se protege a las mujeres, cuando vemos cuáles son las prioridades de su gobierno en la pandemia; se recorta el 75% al Inmujeres, pero no se recortan los recursos para la famosísima refinería inentendible”. López reprochó a las feministas que forman parte del gabinete federal y que durante décadas “lucharon por las mujeres y ahora que tienen poder y dinero para hacer efectiva la defensa de las mujeres, se subordinan al patriarca; urge exigir la comparecencia del secretario de Hacienda para que, más que explicaciones, dé una solución para resarcir los presupuestos”, finalizó.