Amnistía Internacional y parlamentarios europeos piden protección para integrantes de Consorcio Oaxaca

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México. Foto: Twitter @TaniaReneaum Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México. Foto: Twitter @TaniaReneaum

OAXACA, Oax. (apro).- Amnistía Internacional y 10 diputados del Parlamento Europeo pidieron al Estado Mexicano, y particularmente al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, garantías, protección y justicia para la organización feminista Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín, luego de la amenaza de muerte en su contra, el pasado 15 de junio.

Su preocupación radica en que Oaxaca se ubica en el segundo lugar “con mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de defensoras y defensores, particularmente en el periodo de contingencia por la propagación de virus SARS-CoV2”.

Amnistía Internacional precisó que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registró 128 agresiones contra activistas, 52 de ellas contra mujeres y una dirigida hacia una persona transgénero, además de que el estado de Oaxaca es la segunda entidad con mayor incremento de situaciones de riesgo contra de defensoras y defensores, particularmente en el periodo de contingencia por el covid-19, debido a que se reportaron 13 agresiones contra dicha población del 15 de marzo –día en que se decretó la Jornada de Sana Distancia– a la fecha.

En una carta enviada hoy por la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panzi, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, lo instó a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de integrantes de Consorcio Oaxaca.

Amnistía Internacional es un movimiento internacional que cuenta con más de 7 millones de miembros, quienes a través de campañas, investigación e incidencia política trabajan a favor de los derechos humanos alrededor del mundo, explicó.

En su misiva, la representante de la oficina en México enfatizó su preocupación por la dramática situación de personas defensoras en Oaxaca, pues –subrayó– se posiciona en el segundo lugar, y en particular en los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras por su condición de género, como ocurre en este caso.

Finalmente, reconoció el liderazgo de Consorcio Oaxaca y la importancia de garantizar su labor, e instó al Estado Mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección a personas defensoras.

Garantías para Consorcio Oaxaca, exigen relatores de la ONU

El pasado 15 junio, el equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunció que alrededor de las 8:40 fue hallada en la puerta de su organización una bolsa negra con pedazos de carne, al parecer una cabeza de animal, y una cartulina con la inscripción: “vajale de huevos perra la próxima es la tuya atte. Cjng (sic)”.

“Esta grave amenaza de muerte se presenta justamente después de las exigencias de justicia que la organización ha hecho por el feminicidio de la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar, feminicidio ocurrido el 2 de julio de 2018, que sigue impune”, apuntó Consorcio Oaxaca.

En respuesta, 10 diputados de cuatro partidos del Parlamento Europeo se sumaron a la demanda de justicia y protección a través de una carta pública al Estado Mexicano.

En su misiva, los representantes del máximo órgano legislativo de la Unión Europea (UE) reconocieron la imprescindible labor de Consorcio Oaxaca para “la consecución de la igualdad de género y la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres”.

De igual manera, condenaron los reiterados ataques y la falta de garantías para la organización, pese a contar con medidas de protección estatales.

En tal sentido, instaron al gobierno federal a tomar cartas en el asunto y garantizar la protección de las defensoras de Consorcio Oaxaca y de Soledad Jarquín.

Los parlamentarios europeos expresaron su preocupación por “la falta de investigaciones de los crímenes de feminicidio y la ausencia de medidas de protección adecuadas para las defensoras de derechos humanos, en tanto que dicha situación perpetúa y legitima la violencia contra las mujeres “.

Por ello, urgieron a la Fiscalía General de la República a que garantice una pronta y eficaz investigación de los hechos.

Finalmente, demandaron que se dé seguimiento al caso desde el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Delegación de la UE en México.

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