“Nos quieren asesinar para no dejar ni un testigo”: familiares de masacrados en San Mateo del Mar

El gobierno de Oaxaca desplegó personal policiaco tras los hechos ocurridos en San Mateo del Mar. Foto: Twitter @SSP_GobOax El gobierno de Oaxaca desplegó personal policiaco tras los hechos ocurridos en San Mateo del Mar. Foto: Twitter @SSP_GobOax

OAXACA, Oax. (apro).- A un mes de la masacre de 15 indígenas Ikoots en Huazantlán del Río, no hay justicia y los asesinos andan libres. “¿Qué es lo que espera el gobierno? ¿Que nos maten a todos?”, recriminó María del Rosario Guerra Salazar al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Hasta cuándo va a actuar la autoridad?”, preguntó una de las sobrevivientes de esa masacre, ahora desplazada de su comunidad huave, junto con otras 60 personas, entre ellas familiares de los masacrados. “Nos quieren asesinar para no dejar ni un testigo”, soltó.

Frente al palacio de gobierno, en esta capital, los sobrevivientes de la masacre de aquel 21 de junio en Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, criticaron que la Fiscalía General de Oaxaca no tenga avances en las investigaciones.

Ello, subrayaron, pese a que los “asesinos” están plenamente identificados, entre ellos el agente municipal José Luis Chávez Salinas, militar retirado y cabeza de la agresión, así como Laura Fiallo Sandoval, Iván Mateo López, Máximo Leyva y Agustín Oviedo. Éstos son tíos de Okas Marisa Oviedo Rangel, pero a pesar de eso se atrevieron “a golpearla y quemarla viva hasta matarla”, recalcaron.

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De igual manera, criticaron que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “se han abocado a realizar una investigación tutelando las garantías de los agresores victimarios, reuniéndose inclusive con José Luis Chávez Salinas, Camerino Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval y otros asesinos plenamente identificados, lo cual no genera confianza porque se afirma que esa investigación es inducida por pseudo organizaciones no gubernamentales que mantienen un vínculo afectivo con Anabel López Sánchez”.

Y la Guardia Nacional, agregaron, “es un instrumento ornamental que no ha intervenido para salvaguardar la vida y los derechos humanos del pueblo Ikoots. Ha sido testigo mudo de la barbarie acontecida. Es solo un espectador al servicio de José Luis Chávez”.

Con lágrimas, María del Rosario Guerra Salazar soltó: “Estamos viviendo en lugares prestados, estamos de casa en casa. Nos estamos escondiendo porque nos están buscando, nos quieren asesinar para no dejar ni un testigo, y temo por la vida de mis hijas, de los huérfanos, por eso pido a las autoridades justicia y que detengan a los asesinos”.

Lo que es peor, agregó, es que “ahorita estamos desplazados de la comunidad. No podemos regresar porque está involucrada la estatal y la ministerial. Cada que llega una persona le pide permiso a José Luis Chávez, y sí él dice que sí, lo dejan pasar. Hasta ahora siguen las amenazas de muerte. Ya asesinaron a 15 y los familiares se han salido de sus casas porque los han amenazado. Nos quieren matar a todos para no dejar ni un testigo. A los asesinos del PRI los quiero ver detrás de la cárcel”, remató la mujer indígena.

A su vez, Agustina Roldán Terrazas hija de Aquino Roldán Oronos, quien fue quemado vivo, lamentó que “las personas maten a sus hermanos, y ¿por qué? por partidos políticos priistas que quieren dinero y estar al frente de todo”.

En tal sentido, hizo un llamado a la CNDH porque “veo que no están actuando ni están haciendo nada, y pido justicia a la fiscalía porque no veo que estén avanzado. Hemos ido a declarar y no hacen nada. Hace un mes que pasó esto y no tenemos respuesta de ellos y no sé qué esperan para agarrar a estos asesinos”.

Por el contrario, abundó, “José Luis Chávez sigue teniendo sus retenes, no deja pasar a la gente por unas cuotas y no podemos ingresar a nuestro pueblo. Tuvimos que emigrar a otro pueblo, otro destino, porque estamos amenazados de muerte, no podemos vivir en paz en nuestra propia casa, no podemos estar bien, nos amenazan. Por eso tuvimos que salirnos de casa y ahora exijo justicia por mi padre”.

Prosiguió: “No se me hace justo que estos asesinos anden paseando en San Mateo del Mar como si nada. Hago un llamado al gobernador y al presidente (de la República). No sé si no han visto lo que está pasando. Es injusto para nosotros. Esta injusticia se tiene que pagar y no vamos a descansar hasta que esto suceda”.

Samuel Hurtado Pedroza poco pudo hablar, porque una herida con arma blanca en la garganta le dejó secuelas, y se limitó a pedir justicia porque la muerte de su padre no debe quedar impune.

Alejandrino Abasolo Mora, quien estuvo detenido el 2 de mayo y luego sobrevivió a la masacre del 21 de junio, manifestó: “No queremos quedarnos con los brazos cruzados por la muerte de compañeros. Exigimos justicia. Queremos ver en la cárcel a José Luis Chávez. Ellos están ahorita sueltos y ellos nos detuvieron, nos maltrataron y nos amenazaron que nos iban a colgar de un árbol. Gracias a Dios salvamos la vida”.

Abasolo resaltó que el 2 de mayo fueron encarcelados injustamente junto con cuatro mujeres, quienes el 22 del mismo mes decidieron instalar un plantón para exigir justicia, y el 21 de junio encontraron la muerte cuando el grupo de José Luis Chávez rodeó la agencia, donde quemaron y mataron a Okass Marissa R. O. y Argelia H. V., así como a Martín Alfredo R. G., Aquino R. O., Uriel I. C., Rubén A. M., Ileno G. V., Roberto Z., Alejandro H., Nehemías B., Hipólito L. E., Alejandro H. S., Eleno G. V. y Roberto Z. G.

“A un mes, la CNDH no está haciendo nada. Exijo a todas las autoridades que abran carpetas de investigación para que a esos maleantes les llegue su castigo”, finalizó.

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