PUEBLA, Pue., (apro).- La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará una iniciativa en el Congreso local para introducir la herramienta del “pin parental” en la Ley Estatal de Educación para que los padres de familia o tutores puedan vetar contenidos educativos que consideren contrarios a sus convicciones o principios morales, éticos o religiosos. Como se ha propuesto en otras entidades, el líder de la fracción panista, Oswaldo Jiménez, consideró que esta figura jurídica es necesaria porque la Ley General de Educación y la ley estatal en la materia establecen “nuevos criterios” para la formación de niños, niñas y adolescentes en cuanto a educación sexual e ideología de género. “Estos criterios que buscan adoctrinar o ideologizar a las nuevas generaciones de acuerdo al pensamiento del actual régimen”, sostuvo el diputado. La propuesta de introducir en la Ley Estatal de Educación la figura del “pin parental”, explicó, no elimina los contenidos educativos establecidos por el Estado, pero permite que los padres de familia puedan decidir sobre contenidos de las clases y actividades que se imparten en los centros educativos que sean contrarias a sus convicciones éticas, morales o religiosas. Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) federal ha señalado que el “pin parental” es violatorio de los derechos humanos, el legislador plurinominal argumentó que México ha firmado tratados internacionales que protegen el derecho de los padres a elegir sobre la educación que reciben sus hijos. En el caso de clases de educación sexual, el diputado sostuvo que no todos los menores están “preparados” emocional, mental y socialmente para recibir las mismas clases y que eso no puede basarse en criterios ideológicos, sino “científicos”. Desecha SCJN acción de inconstitucionalidad Por otra parte, hoy se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados locales de Puebla en contra de la Ley estatal de Educación, luego de que fue presentada sólo con 13 firmas de las 14 que se necesitaban para su procedencia. El diputado Jiménez dijo que de antemano sabían que el recurso presentado no reunía el requisito de procedencia, por lo que era muy posible que fuera rechazado. “Lo hicimos en reconocimiento a los diputados y diputadas valientes que firmaron esta acción de inconstitucionalidad y que atendieron y escucharon de manera consciente a la sociedad que hizo un reclamo sobre esta ley”, sostuvo. Cabe recordar que fueron los diputados del PRD los que a última hora se negaron a firmar el recurso que supuestamente ya había sido consensuado entre los legisladores de oposición. La ley de Educación de Puebla, aprobada por el Congreso local el pasado 15 de mayo, ha causado controversia, en especial entre escuelas particulares, por incluir disposiciones que generan incertidumbre jurídica y podrían derivar en una sobrerregulación hacia esas instituciones. La diputada priista, Rocío García Olmedo, presentó la semana pasada una iniciativa en la que propone una serie de modificaciones a dicha ley que supuestamente toman en cuenta la preocupación que ha causado entre los propietarios de instituciones, los docentes y los padres de familia. Uno de las modificaciones propuestas por la legisladora se refiere a que las instituciones educativas privadas puedan mantener su libertad para estableces estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, además de eliminar algunas disposiciones que son impositivas y contemplan sanciones para los institutos escolares. Entre ellos propone eliminar párrafos donde se le dan facultades a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) para solicitar en cualquier momento información o documentación a instituciones educativas sobre la prestación y oferta de sus servicios. También propone eliminar la fracción que señala: “Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.