La epidemia del neoliberalismo desnuda la fragilidad de América Latina

Con la crisis sanitaria, América Latina está cosechando lo que sembró durante décadas de gobiernos neoliberales, coinciden expertos en salud pública, en economía y política internacional Con la crisis sanitaria, América Latina está cosechando lo que sembró durante décadas de gobiernos neoliberales, coinciden expertos en salud pública, en economía y política internacional

Con la crisis sanitaria, América Latina está cosechando lo que sembró durante décadas de gobiernos neoliberales, coinciden expertos en salud pública, en economía y política internacional. Consultados por Proceso, denuncian que esas políticas públicas destruyeron empleos, calidad de vida y los sistemas de salud pública “cuyo proceso de desmantelamiento ha terminado por impactar en el bienestar sanitario de la población” en medio de la actual emergencia por el coronavirus.

 BOGOTÁ, Col. (Proceso).- La pandemia causada por el coronavirus sorprendió a los sistemas de salud pública de América Latina, que viven situaciones deplorables después de años de recortes presupuestales, con déficit de médicos, camas, unidades de cuidados intensivos, sin dotaciones suficientes de medicamentos ni capacidad para enfrentar una contingencia sanitaria de esta magnitud.

Esas carencias han sido un “factor decisivo” para la rápida expansión de las infecciones y muertes por covid-19 en la región, explica Celia Iriart, doctora en salud colectiva.

“Esta pandemia ha desnudado la crudeza de las reformas neoliberales que acabaron por desarticular los sistemas de salud pública en América Latina y por dar más preeminencia a la salud privada, organizada para el lucro”, afirma la profesora emérita del Colegio de Salud Poblacional de la Universidad de Nuevo México.

De acuerdo con Iriart, en esta emergencia sanitaria, que ha dejado al menos 3.5 millones de infectados y 150 mil decesos en la región –proyección al viernes 17 de julio–, amplios segmentos de la clase media latinoamericana han descubierto “que el Estado es importante, cuando hace un año pensaban que el mercado resolvía todo”.

La realidad “muestra clara y dramáticamente que el Estado no se puede retirar de la salud, como lo había venido haciendo en las últimas décadas y, por el contrario, debe tener un rol muy importante, no sólo financiando, sino regulando al sector”.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el gasto en salud de los gobiernos de la región ha permanecido estancado en las últimas cuatro décadas; incluso el del año pasado, que fue de 2.2% del PIB, resultó 0.4 puntos menor que el de 1960.

Autora de varios libros, ensayos e investigaciones académicas sobre el impacto de las reformas de mercado en los sistemas de salud pública de Latinoamérica, Iriart sostiene que una mejor infraestructura sanitaria en la región hubiera actuado como “muro de contención” frente a la pandemia, evitando miles de muertes.

La falta de financiamiento de la sanidad pública impidió que la región tomara medidas de prevención frente a una eventual pandemia, pese a los llamados de la OPS en ese sentido.

En su más reciente edición del reporte quinquenal Salud en las Américas, que es de 2017, la OPS llama a los países del área a “incrementar la capacidad de respuesta ante los brotes epidémicos” y establece como “acciones prioritarias” mejorar la gestión de riesgos de infección y la preparación para responder a epidemias.

Presión del FMI

José Antonio Ocampo, doctor en economía de la Universidad de Yale, explica que durante las más de tres décadas de la etapa latinoamericana de “industrialización dirigida por el Estado” (1945-1980), la economía de la región creció a tasas anuales de 5.5% en promedio y logró un acelerado desarrollo social.

“La pobreza disminuyó más de cinco puntos porcentuales en los setenta y el Estado tuvo un papel mayor en la provisión de educación, vivienda, seguridad social y, desde luego, servicios de salud”, indica el también expresidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de la ONU.

De acuerdo con las estadísticas de la OPS, el gasto público en salud de América Latina creció de manera sostenida entre los años cuarenta y setenta y se ubicó en 2.6% del PIB de la región en 1980, pero en esa década se interrumpió y se revirtió esa tendencia.

Francisco González, profesor de política internacional de la Universidad Johns Hopkins, destaca que, al estallar la crisis de la deuda en América Latina entre 1982 y 1983, los países del área optaron “por sacrificar el gasto social y la inversión pública en aras de pagar puntualmente a sus acreedores”.

La opción de no pagar “estaba abierta”, asegura, y los países de la región pudieron haberse decidido por una moratoria que les permitiera mantener niveles básicos de bienestar de su población.

Pero los organismos financieros multilaterales usaron a Perú –cuyo presidente Alan García había declarado en 1985 que sólo destinaría 10% de las exportaciones como amortización de la deuda externa– para demostrar al resto de América Latina hasta dónde estaban dispuestos a llegar para evitar la opción del incumplimiento en los pagos.

Entonces, el FMI declaró a Perú país insolvente, lo que le cerró el acceso a los mercados financieros, desplomó la inversión externa y causó una fuga masiva de capitales. Lo anterior se tradujo en una severa recesión económica que le hizo perder a ese país un tercio de su PIB entre 1988 y 1990, y en un proceso hiperinflacionario en el que los precios llegaron a elevarse hasta 400% en un mes.

“Los organismos financieros pusieron a Perú como paria”, dice González. Asegura que ese ejemplo fue determinante para que el grueso de los países latinoamericanos, con México a la cabeza (en la presidencia de Miguel de la Madrid y su estratega económico Carlos Salinas de Gortari), priorizaran el pago de la deuda.

“Eso se tradujo en un recorte brutal del gasto público –asegura el doctor en ciencia política de la Universidad de Oxford– y se encogió todo lo que tenía que ver con inversión pública, particularmente con educación, vivienda y salud”.

La región priorizó el pago de la deuda a cambio de una negociación con el FMI y eso implicó en los ochenta un ajuste de grandes proporciones que frenó un proceso de construcción de un estado de bienestar en la región.

“En general, los países latinoamericanos se fueron por el lado de mercantilizar y comercializar actividades que debieran ser tareas del Estado. Nos fuimos más por el lado de privatizar servicios públicos básicos, como la salud”, agrega González.

“He pensado que si el covid-19 hubiera pegado en México en los años sesenta y setenta, con el sistema de salud que teníamos entonces en términos de cobertura, calidad y recursos, es muy probable que no nos hubiera ido tan mal como nos está yendo ahora”, dice González.

En Brasil ocurre algo similar. De acuerdo con Deisy Ventura, profesora de salud global de la Universidad de Sao Paulo, hay un sistema de salud pública que contó con fuerte apoyo gubernamental en el pasado, pero que ha sido debilitado por los recortes presupuestales de los últimos años, lo que impide enfrentar la pandemia con más fortaleza.

Durante las primeras dos semanas de julio, Latinoamérica concentró 48% de los 67 mil decesos por coronavirus que ocurrieron a escala global y la quinta parte de los 2.6 millones de nuevos casos.

No hay otra región en el mundo que haya registrado tantas muertes este mes ni tantas nuevas infecciones. Y esto, de acuerdo con Iriart, está relacionado con los niveles de pobreza, inequidad y debilitamiento de los sistemas de salud pública en la región.

Década perdida

Las altas tasas de crecimiento que registró América Latina entre los cuarenta y setenta permitieron que se duplicara el ingreso per cápita y que se masificaran los servicios públicos de educación y salud, gracias a una inyección masiva de recursos del Estado en esos sectores.

Al final de la década de los setenta el gasto público social en la región llegó a 10.3% del PIB, una cifra sin precedente que, a partir de entonces, comenzó a descender al tiempo que la crisis económica derivada del alto endeudamiento externo golpeaba a todos los países de la región.

Los ochenta fueron lo que se conoce como “la década perdida”. El ingreso per cápita retrocedió -0.88% en ese periodo y todos los gobiernos recortaron programas sociales y, presionados por los organismos multilaterales de crédito, comenzaron a aplicar ajustes presupuestales y reformas de mercado que sacrificaron los niveles de bienestar de la población.

El gasto público en salud de los gobiernos centrales, que en 1980 era de 2.6% del PIB, había caído dos décadas después a 1.5%, y la inversión privada irrumpió con mayor fuerza en el sector, indican las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Aunque en los últimos 20 años el gasto en salud se ha recuperado en la región, aún está por debajo de los niveles proporcionales que alcanzó en 1980. En 2019, fue de 2.2% del PIB, y en países como México y Argentina equivale a la mitad de ese porcentaje, registra la Cepal.

Celia Iriart señala que la caída de los presupuestos estatales al sector ha implicado “la desarticulación” de los sistemas de salud pública. Y los vacíos que quedaron en esos servicios básicos, denuncia, fueron llenados por conglomerados empresariales, “cuyo principal objetivo es el lucro, no el bienestar de la gente”.

Impacto de la salud privada

De acuerdo con la OMS, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami), la medicina privada tiene ahora más peso en la región.

América Latina gasta 7.3% de su PIB en servicios de salud, pero sólo la tercera parte corresponde a salud pública.

El resto está integrado por los aportes y cotizaciones de los ciudadanos a los sistemas de medicina privada y los seguros médicos y a lo que se conoce como “gastos de bolsillo en salud”, que es lo que pagan las familias a médicos y hospitales particulares.

La Alami indica que en México, por ejemplo, 48% de los gastos de salud de 2016 fueron privados. En Brasil, el porcentaje subió a 54%; abajo aparecieron Chile (51%), Argentina (45%) y Colombia 25%).

El promedio de gastos “de bolsillo” en salud de los países de la OCDE es de 19.1%, lo que indica que entre más alto es el desarrollo de un país, el sistema público de salud es mejor, con más cobertura y mayor calidad.

Los “gastos de bolsillo en salud” generan un deterioro en la calidad de vida de millones de latinoamericanos y son un factor de inequidad y de empobrecimiento, indica la OPS.

En México, por ejemplo, ese “gasto de bolsillo” equivale a 44% del gasto total en salud. El porcentaje significa que millones de familias mexicanas deben destinar parte de su presupuesto a pagar una parte importante de sus servicios de salud.

En Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro se proclama socialista, el sistema de salud pública está tan deteriorado que los “gastos de bolsillo” en médicos, hospitales, medicamentos y exámenes representan 66% del gasto total en la materia.

Este “proceso de desmantelamiento de los sistemas de salud pública” en América Latina, según lo define Iriart, ha terminado por impactar el bienestar sanitario de la población.

La experta en salud pública señala que la privatización de los servicios médicos y hospitalarios se ha traducido en una “relentización” en la evolución de indicadores como la esperanza de vida al nacer, que entre 1960 y 1980 se incrementó 15.3% en la región, mientras que entre 2000 y 2019 lo hizo en 5.3% y llegó a 76 años.

En otros indicadores, como en el número de camas de hospital por cada mil habitantes, Latinoamérica incluso retrocedió entre finales de los setenta y 2018: de 3.4 pasó a 2.3 camas por cada mil habitantes. Y en el número de médicos por cada mil habitantes apenas pasó de 1.6 en 1960 a 2.3 en 2018.

“En América Latina –dice Iriart– las políticas neoliberales destruyeron empleos, calidad de vida y los sistemas de salud pública. Lo que está haciendo la pandemia es poner en evidencia todo esto y la población abrió los ojos a situaciones que antes prefería no mirar”.

Este reportaje forma parte del número 2281 de la edición impresa de Proceso, publicado el 19 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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