Todos han revisado el caso del río Sonora y todos han incumplido: pobladores

El Río Sonora, contaminado por un derrame de Grupo México en 2014. Foto: Julián Ortega El Río Sonora, contaminado por un derrame de Grupo México en 2014. Foto: Julián Ortega

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de cumplirse seis años del desastre ecológico en los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por el derrame de desechos tóxicos de la Mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) lamentaron el incumplimiento de promesas de acceder a la justicia y remediar los daños causados por la empresa de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.

“En estos seis años pasó una administración federal y llegó otra. Pasó un gobierno estatal y otro tomó su lugar. Pasaron gobiernos municipales. Todos han tenido en sus manos el caso río Sonora y todos han prometido lo mismo: traer justicia, remediación, agua limpia, salud, castigar a Grupo México, vigilar a las mineras y terminar con los privilegios de estas empresas. Todos, hasta ahora, han incumplido”, denunciaron pobladores de la región afectada.

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Luego de recordar que 22 mil personas resultaron con afectaciones por el derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, destacaron que Germán Larrea se enriquece más y “expande su proyecto ‘Gran visión’ en Cananea para poder extraer más minerales”.

En el documento titulado “Río Sonora: 6 años de promesas incumplidas”, la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo Educación e Investigación (PODER), que ha representado a los CCRS, recabó las voces de los pobladores afectados, quienes –apuntó– viven en la incertidumbre, “sin evidencias confiables de la calidad del agua que consumen y el suelo en el que siembran; sin acceso a atención médica especializada y sin tener certeza sobre la seriedad de las enfermedades en sus cuerpos; en una crisis económica sin precedentes que ha obligado a familias enteras a migrar y a intentar rehacer sus vidas ‘del otro lado’; (viven) con inseguridad alimentaria, que ha modificado sus hábitos de consumo, y con la angustia de que una tragedia similar o peor podría suceder en cualquier momento”.

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Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los integrantes de los CCRS reconocieron que “ha generado altas expectativas” al admitir el incumplimiento de los compromisos de Grupo México para remediar el daño causado en el río Sonora, así como la existencia de más enfermos que los 381 reconocidos oficialmente, además de la inoperatividad de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS). También, que persiste la presencia de metales pesados en el agua, que rebasan las normas, y que no se erogaron 800 millones de pesos del presupuesto del Fideicomiso Río Sonora para la remediación.

Sin embargo, resaltaron que pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se comprometió con la comunidad de Bacanuchi “a entregar en octubre pasado los resultados de las inspecciones de la nueva presa de jales de Grupo México”, hasta ahora se desconoce esa información.

“En los discursos oficiales se han escuchado promesas de hospitales, monitores de agua y de salud, vigilancia a las actividades mineras, nuevos pozos, potabilizadoras, información, participación, pero a julio 2020 nada de eso se ha cumplido”, denunciaron los CCRS en el documento.

De igual manera, reprobaron que bajo el pretexto de la emergencia por la pandemia de covid-19 se suspendieran acciones encaminadas a solventar los agravios, “al contrario –subrayaron–, se esperaría que justamente ahora se redoblaran esfuerzos para garantizar en el río Sonora el acceso al agua limpia y a atención médica, la seguridad alimentaria, los caminos en buen estado y la vigilancia a las actividades de las industrias extractivas que pueden afectar a las comunidades”.

Luego de destacar que las afectaciones continúan sin que se tomen acciones para remediar los daños causados por las 74.8 toneladas de metales –como hierro, aluminio, manganeso y zinc– vertidas al ecosistema en 2014, mencionaron que “el titular de la Cofepris (…) tras muestreos de agua de los pozos de la región, encontró la presencia de metales pesados por arriba de la norma, en varios de los 60 puntos de muestreo, sin dar más detalles”.

De acuerdo con solicitudes de información tramitadas por PODER, se encontró que “todas las muestras de arsénico tienen valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud; en el caso de plomo, cerca de 80% de las muestras excede la referencia, siendo el municipio de Hermosillo el que en promedio tiene los valores más altos de arsénico y plomo”.

En el informe los afectados señalaron que de las 36 plantas potabilizadoras comprometidas a través del fideicomiso Río Sonora, “en julio de 2020 apenas funcionaban dos”, en Banámichi y en La Capilla, ninguna de las cuales “garantiza la filtración de metales pesados”.

En materia de salud, los integrantes de los CCRS resaltaron que en diciembre de 2019 el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Aguilar Ferrer, reconoció que había “más de mil enfermos no reconocidos por la empresa y las autoridades”, sin que ello significara atención médica y medicinas.

Tampoco hay avances en la conclusión de UVEAS, comprometida para atender a la población afectada y quedó en obra negra. En diciembre del año pasado, el presidente López Obrador “afirmó que iba obligar a Grupo México a que construyera el hospital prometido”, pero hasta ahora “no ha habido ningún avance al respecto, aun cuando la emergencia sanitaria por covid-19 ha hecho todavía más urgente asegurar el derecho a la salud en el Río Sonora y ha revelado las necesidades apremiantes de la región”.

En materia económica, los CCRS denunciaron que después del desastre ecológico, lo que se produce en la zona ha sido estigmatizado, de manera que “producir alimentos para circulación en el río Sonora ya no es negocio”, como tampoco lo es el turismo, en tanto que los apoyos gubernamentales que se entregaron para enfrentar la situación se dieron a las grandes empresas, como Grupo México, “mientras se invisibiliza –e incluso puede llevar a la extinción– las diversas formas de producción tradicional, subsistencia y uso de recursos naturales del río Sonora”.

Y mencionaron los procesos judiciales que han emprendido contra Grupo México, como un amparo presentado por niños de Bacanuchi cuando la empresa pretendió cerrar lo caminos de acceso al Centro de Salud para construir la nueva presa de jales, así como los amparos interpuestos contra el cierre del Fideicomiso Río Sonora, atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ganados por la comunidad.

A ello se suma el proceso que han iniciado los CCRS contra la construcción de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, un megaproyecto de 6 mil 535 hectáreas, que “podría almacenar 50 mil veces más sustancias tóxicas que las derramadas a los ríos Sonora y Bacanuchi por la misma minera en 2014”.

En septiembre de 2018, la SCJN reconoció en una sentencia que “se había violado el derecho a la participación de la comunidad en ese proyecto, e instruyó a las autoridades ambientales a realizar una reunión pública, para explicar sus alcances e impactos”, resalta el documento.

Después de una reunión realizada el 5 de julio de 2019, en la que los habitantes exigieron a las autoridades información precisa, las comunidades afectadas no han tenido respuesta a sus demandas.

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