Juez modifica estado legal de médico detenido en Chiapas; lo manda a prisión domiciliaria

El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca fue detenido luego de ser acusado de “abuso de autoridad” por la hija de un exdiputado local y exlíder de un partido político local fallecido por covid-19 en Chiapas El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca fue detenido luego de ser acusado de “abuso de autoridad” por la hija de un exdiputado local y exlíder de un partido político local fallecido por covid-19 en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A petición de la Fiscalía General de Chiapas, un juez de Control determinó este lunes modificar el estado legal del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, a quien retiró la prisión preventiva, pero ordenó mantener al acusado en prisión domiciliaria.

Aunque la familia agradeció la decisión del juez y la FGE, dado el estado crítico de salud que atraviesa el médico –hospitalizado en una clínica privada de esta ciudad–, en la audiencia los abogados defensores, Antonio Juárez Navarro y Miguel Negrón, exigieron la libertad incondicional para su cliente.

Previo a la audiencia judicial, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió con María Fernanda Ochoa Esquinca, esposa del galeno, y la madre de éste, Candelaria Yuca.

El funcionario estatal mencionó que a petición de la familia pedirían al juez de Control, Carlos Inocencio Morales Urbina, que modificara el estatus legal del detenido.

En tal sentido, la Fiscalía General del estado (FGE) solicitó este mismo lunes a la Unidad de Medidas Cautelares que realizara la valoración integral para determinar el análisis de riesgo. Tras ello, el Ministerio Público pidió ante el juez de Control la audiencia para la modificación de la medida cautelar.

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“En consecuencia de lo anterior y toda vez que esta institución de procuración de justicia es garante de la legalidad y del respeto de los derechos humanos de toda persona, tuvo a bien solicitar al órgano jurisdiccional la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada”, dijo el fiscal.

Esta solicitud de medida cautelar –expuso– de ninguna manera impide que la FGE continúe con las investigaciones de actos de corrupción iniciadas, y tampoco impide que el Ministerio Público continúe desahogando las diligencias del proceso instaurado en contra del hoy imputado.

Sin embargo, el abogado Antonio Juárez Navarro refutó la decisión del juez que el “resguardo domiciliario con medidas de protección de policía afuera de su casa”, pues eso –subrayó– “es una medida absurda y una bajeza”.

“No es un delincuente, entiendan, ni representa ningún riesgo para nadie, al contrario, en una pandemia que ha cobrado 45 mil vidas se le necesita en libertad y que lo dejen en paz. Está enfermo. Su enfermedad se exacerbó por las consignas que le dieron a este juez”, dijo el abogado.

Agregó que al juez le entregaron todos los dictámenes médicos para que los integrara a la carpeta de investigación y los tomara como pruebas a favor para concederle la libertad a Grajales Yuca, sin embargo, recalcó, Morales Urbina “omitió deliberadamente permitir que el doctor saliera de esa condición de estrés, para cumplir un capricho político”.

El abogado advirtió que promoverá una queja contra el juez “por su nula y arbitraria actuación”, y de manera adicional, si al doctor le llegara a pasar algo peor, lo denunciarán “por lesiones e inclusive por homicidio culposo”.

El médico fue detenido el pasado 25 de julio, señalado por el delito de abuso de autoridad, tras la demanda en su contra que interpuso ante la FGE –el 18 de julio– Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del político Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció de covid-19 el 7 de julio.

El médico era responsable de la Clínica Covid VIP, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas (ISSTECH), donde atendió a diversos políticos, funcionarios y sus familiares, así como a personajes no derechohabientes “recomendados”, entre ellos Ramírez López.

La captura del galeno desató marchas y protestas en diversas ciudades del estado de Chiapas, y se espera una movilización simultánea en más de 50 ciudades del país el próximo domingo 9, para exigir la libertad de Grajales Yuca.

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