MÉRIDA, Yuc. (apro).- Asociaciones civiles yucatecas reprocharon el formato y las condiciones en que, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la Semarnat realizó en Champotón, Campeche, la reunión pública de información sobre el Tren Maya. “Ahogó la participación en detrimento de los derechos de las comunidades locales y originarias”, acusaron en un comunicado conjunto Articulación Yucatán, Asamblea de defensores del territorio maya Múuch’Xíinbal, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y Colectivo Sexta Teatrito y Ciencia para el Pueblo. La reunión tuvo lugar el 3 de agosto en la cabecera municipal de Champotón, donde representantes de los gobiernos federal y estatal informaron a los ejidatarios sobre los eventuales impactos ambientales que provocará en la región la fase 1 del proyecto del Tren Maya. Al respecto, las asociaciones yucatecas recordaron que el proyecto afectará los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán, “incluyendo la zona biocultural más extensa del país. Argumentaron que la Reunión Pública de Información (RPI) “es un espacio que debe privilegiar la participación ciudadana, dado que es el único espacio legalmente regulado en el marco del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”. Destacaron que en dicho proceso el promovente del proyecto, que en este caso es Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., “debe exponer clara y directamente al público el Proyecto Tren Maya, sus posibles impactos y riesgos ambientales, las medidas de prevención y mitigación que propone, y responder a las dudas y observaciones que le sean planteadas por los ciudadanos en cuanto a los aspectos técnicos y ambientales del proyecto”. Además, añadieron, la Semarnat, mediante su Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental, “debe escuchar y recibir las observaciones y propuestas formuladas por los ciudadanos”. En ese contexto, reclamaron a la Semarnat su determinación de realizar una sola reunión de información sobre el proyecto Tren Maya Fase 1 en el municipio de Champotón, en el estado de Campeche, “donde ni siquiera se plantea una estación ferroviaria”. Dijeron que tal medida “reduce drásticamente el derecho de participación y de acceso a información clara y científica sobre los impactos ambientales del proyecto, tal y como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OI). Lo anterior porque la Fase 1 del polémico proyecto “tendrá un área de influencia que abarca 45 municipios en los estados antes mencionados, con una alta representación de pueblos originarios”. Asimismo, resaltaron que el haber convocado a una sola reunión, en una comunidad lejana y plena pandemia de covid-19, por la que las autoridades sanitarias han pedido a la población quedarse en casa, es un llamado a bajar la guardia y poner en situación de riesgo” a las comunidades que serán afectadas por el Tren Maya. También acusaron a la dependencia federal de incumplir los estándares internacionales de “generar condiciones que aseguren una situación culturalmente adecuada en la cual, la población tenga acceso a la información acerca del proyecto”. Señalaron los inconformes que las ciudades de Campeche y Mérida no tuvieron tampoco una representación adecuada en la reunión que se hizo en Champotón y en plena contingencia sanitaria.