Proyecto Chapultepec: En lugar de despojo, un gran debate

El artista Gabriel Orozco urante su charla con el semanario Proceso. El artista Gabriel Orozco urante su charla con el semanario Proceso. Foto: Octavio Gómez

Si en los años sesenta la creación de los museos nacionales de Antropología y de Arte Moderno en el bosque fue justificada para acercar la cultura a los sectores populares, hoy el Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec pugna por la descentralización y la discusión abierta, denunciando incluso ilegalidades. Y hace crecer la exigencia de varios colectivos de artistas para transferir los recursos de este complejo multimillonario hacia museos, creadores e iniciativas autogestivas, frente a la pandemia.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A sí como el proyecto Tren Maya, la creación del ­Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec va porque va.

Se trata de una “orden presidencial”, un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal y violatorio de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de los derechos ciudadanos, que contraviene el principio de la planeación participativa.

Así lo describen el sociólogo Pablo ­Gaytán, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), y el abogado Víctor Juárez, cofundadores del Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, con el escritor y ecologista Eduardo V. Farah y Sergio González, miembros de Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, entre otros activistas y vecinos del bosque.

Los integrantes se unieron también para cuestionar, en su momento, la construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, y de los Cetram (Centro de Transferencia Modal) en las afueras del Metro Chapultepec, que contemplaba una megatorre, así como del parque Líbano, ubicado en Polanco, frente al Auditorio Nacional.

Videasta y colaborador en diversas publicaciones, Gaytán explica vía telefónica a Proceso que el proyecto no se ha abierto a la planeación participativa pues es una iniciativa presidencial, “una orden” de Andrés Manuel López Obrador y una “iniciativa unipersonal” de su director ejecutivo, el artista Gabriel Orozco.

La primera etapa del plan global consiste en la construcción de una “calzada flotante” para unir la segunda sección del bosque con el Complejo Cultural Los Pinos. Gaytán indica que la obra ya fue licitada a la empresa Fredel Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V., cuya propiedad atribuye al exdelegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo.
Fredel obtuvo la obra de 310 metros de largo por 12 de ancho, con una propuesta presupuestal de 187 millones de pesos. Según el periódico Reforma (12-julio-2020), quedan pendientes dos obras más con un costo de 759 millones y los estudios previos para el resto del proyecto, 263 millones.

El presupuesto aprobado para este 2020 al complejo es de mil 668 millones de pesos. En febrero pasado, entrevistado por Proceso (2257) en su casa, Orozco describió que el “titánico” proyecto –que abarca 800 hectáreas y podría llegar a costar 10 mil millones de pesos en total al final del sexenio– unirá las cuatro secciones del bosque con igual número de puentes, a cargo del arquitecto Benjamín Romano (autor de la torre Reforma, considerada uno de los mejores rascacielos del mundo).

Orozco mencionó también la creación de un centro de cultura ambiental que estará unido al Museo de Historia Natural, al Lago Menor y un estacionamiento, que se transformaría en centro de exposiciones, así como “un posible jardín botánico”. Además de un espacio para la “expresión de nuestro mundo contemporáneo”, al cual no quiso llamar de arte contemporáneo para no dar pie a que se diga “que es mi museo, y no es mi museo, es para todos”. Sería a la manera de un kunsthalle (sala o galería de arte) o al estilo del Palais de Tokio en París, Francia, que cuenta con un pabellón para jóvenes artistas.

Gaytán afirma que el Frente Ciudadano pretende encaminar su trabajo en las cuestiones legales, culturales y ecológicas del proyecto. Destaca que el bosque es uno de los últimos “pulmones” que brinda oxígeno a la Ciudad de México y hay una serie de variedades arbóreas que están en peligro. Preocupa al frente que Orozco plantee convertir el Jardín Botánico, ubicado entre el Museo de Arte Moderno (MAM) y el Lago Mayor, en el pabellón de arte.

Y es que, subraya, Chapultepec ya tiene bastante infraestructura: el propio MAM, los museos de Historia Natural, el del Niño, los nacionales de Historia y de Antropología (por citar sólo algunos); a éste, ejemplifica, bien podrían dedicarse parte de los recursos para arreglar las goteras que, por falta de mantenimiento, existen desde hace tiempo, como se ha denunciado en los medios reiteradamente. Pregunta con qué criterio se considera la necesidad de dos pabellones o espacios más, que bien podrían estar en Azcapotzalco, en el Bosque de Aragón o en la alcaldía Tlalpan:

“Están contraviniendo el principio de la planeación participativa que plantea la propia Secretaría de Cultura (SC). En ningún momento se ha consultado a la ciudadanía, a los vecinos y a los usuarios (15 millones al año) cuáles son nuestros deseos frente al bosque. Cómo podemos participar en un diagnóstico. De hecho no hay diagnóstico, si lo hay no lo han dado a conocer.”

Subraya que el proyecto es decisión del presidente y hace retroceder en décadas las políticas culturales. Le resulta ofensivo para la comunidad artística y cultural por el presupuesto que, “de manera opaca”, se está otorgando al proyecto de un solo artista, cuando hay escasez de recursos para la cultura tanto a nivel federal como en la Ciudad de México. Ya no se diga en las entidades del país, donde considera que la crisis por la pandemia será peor.

Recuerda que, incluso, varios colectivos de artistas –como el Frente Pro Museos– han solicitado a través de cartas a López Obrador, transfiera los recursos del Complejo Chapultepec para museos, creadores e iniciativas autogestivas, a fin de que puedan superar la crisis económica derivada de la pandemia por el covid-19.

Ve una incongruencia entre el proyecto “personal” de Orozco, en una época en la cual “habíamos superado los egos o el personalismo artístico del creador individual del siglo XX, que ya no debería existir”, con el Programa Sectorial de Cultura que quiere acercar las expresiones a la gente, disminuir la distancia entre su ubicación y las actividades culturales:

“Hoy lo que necesitamos son artistas colectivos, con capacidad de descentralizar los proyectos y la infraestructura. No que los pobres o marginados vayan a Chapultepec, donde sigue concentrándose todo, sino que la oferta cultural llegue a las colonias y barrios populares.”

Como ejemplo menciona la casa en Tlalpan que perteneció al general Arturo Durazo Moreno, entonces jefe de la policía, “producto del despojo de 10 hectáreas en la zona del Ajusco”. Reparando las instalaciones, convertirla en un gran centro cultural para los pueblos y habitantes del sur de la Ciudad de México, “tendría un gran impacto y contribuiría a la descentralización”.

El Frente, en movimiento

Proteger el ecosistema

Se le pregunta qué es lo que sí hace falta en Chapultepec para brindar un mejor servicio a sus 15 millones de usuarios. Explica entonces que se llaman Frente por la Defensa y Mejora del Bosque pues buscan la preservación de las especies arbóreas y el ecosistema natural. Para ello debe haber una política de contención de la fauna nociva “natural y en términos culturales, porque hay de los dos tipos”. Mantener los ahuehuetes y mejorar la conservación del Jardín Botánico, en lugar de sustituirlo por un pabellón de arte.

“Lo que no necesitamos es un puente peatonal flotante, asfixiante, que cumple sólo con las aspiraciones paisajísticas posmodernas de un artista.

“Para una persona que sobrepasa los 60 años caminar casi 400 metros va a ser difícil, aspirando gases contaminantes que vienen de abajo hacia arriba del Periférico y las partículas suspendidas de arriba hacia abajo. Es un atentado a la salud de los paseantes, turistas y usuarios que transiten por la zona. Además, se va a exterminar determinado número de árboles.”

En este sentido, señala que se afectarán entre 180 y 300 árboles, básicamente eucaliptos y fresnos. El domingo 26 de julio, el frente realizó un censo simbólico de los árboles de la segunda sección.

El profesor universitario insiste en la necesidad de un diagnóstico de la ­infraestructura, museos y sitios culturales, para conocer sus necesidades y “­crearles las condiciones salariales y económicas para que se mantengan los procesos de investigación de académicos y artistas… Estamos en tiempos de austeridad, lo más lógico y racional es que el presupuesto de un proyecto unipersonal se transfiera a los museos y sus trabajadores”.

Otro punto es la creación de la Bodega Nacional de Museos y Colecciones. Que reiteró la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, porque “todos los museos están rebasados en su capacidad”. Y hasta aventuró que sería una “bodega visitable”, en la cual la gente podrá conocer los procesos de conservación y restauración de la obra artística.

Gaytán advierte los riesgos de tener la obra concentrada, por el cuidado, atención y conservación que requeriría, “está para pensarse en términos de sentido común”, además la mayoría de los museos tienen sus propias bodegas.

Insiste en que el Proyecto Chapultepec debe ser motivo de un gran debate entre las distintas comunidades involucradas, sobre la serie de puentes, si es que los creadores jóvenes aceptan sólo la idea del arte contemporáneo y qué piensan los promotores culturales, arquitectos, urbanistas, sociólogos, economistas, porque “en todo caso es un tema transdisciplinario”.

Despojo y plusvalía

El temor mayúsculo del Frente es que, al final, se impongan los intereses económicos, turísticos y comerciales. Le llama “el asfalto verde” porque destruiría parte del bosque con propuestas como el museo de la Gastronomía y la venta de productos ahora llamados “orgánicos”.

Igualmente, los de la “hidrainmobiliaria”. En ese sentido recuerda la torre Chapultepec I, donde se alojan el hotel Ritz-Carlton Ciudad de México con oficinas y departamentos, que destacaba en sus anuncios su vista de 180 grados hacia el Bosque de Chapultepec. Lo mismo el proyecto Reforma Colón, en Paseo de la Reforma, del Grupo Empresarial Kaluz, propiedad de Antonio del Valle, a cargo del despacho de arquitectos Sordo Madaleno.

Según La Jornada del 25 de marzo pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum dio luz verde a 17 desarrollos inmobiliarios en Paseo de la Reforma, como una medida para afrontar el impacto económico de la emergencia sanitaria.

A decir de Gaytán hay todo un proyecto para establecer un corredor turístico, inmobiliario y comercial, desde avenida Hidalgo –donde está el Museo de Arte Kaluz (también de Del Valle)–, que incluye “embellecer” y convertir el Bosque de Chapultepec, que ha sido tradicionalmente un paseo popular para todas las familias, en un concepto “hípster” (que Wikipedia identifica con una subcultura de jóvenes de clase media alta, vinculados a la gentrificación, que es la expulsión de los barrios populares y tradicionales de sus habitantes originales, para repoblarlos con gente de mayor poder adquisitivo e incrementar la plusvalía.).

La academia, dice Gaytán, le llama gentrificación, “nosotros le llamamos blanqueamientos por despojo”.

Ilegalidades

Vecino de la colonia San Miguel Chapultepec, Víctor Juárez puntualiza que la obra es ilegal pues no cumplió con los procedimientos jurídicos establecidos por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, que obliga a toda iniciativa para intervenir en Chapultepec a ser presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Dicha dependencia le debe dar forma de plan de manejo y presentarla al Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, integrado por Antonio Azuela de la Cueva, Francisco Urbano Barnés Regueiro, María Cristina García Cepeda, Adriana Lobo Almeida, Víctor Márquez Cravioto, Marcos Mazari Hiriart y Leonora Rojas Bracho.

“Este consejo lo analiza, lo evalúa, pero sobre todo lo abre a la consulta ciudadana, a los legisladores y a quien quiera opinar. Una vez que se recogen las opiniones de todos los interesados, se integran o no –es opcional– al plan de manejo del bosque, al nuevo, y se le regresa a la Sedema.”

Si hubo cambios la secretaría los publica en la Gaceta de la Ciudad de México, y “ya es norma”. A partir de entonces ya se pueden hacer las licitaciones para las obras:
“En este caso, la iniciativa del presidente, coordinada por la Secretaría de Cultura y dirigida por el ciudadano Orozco, tendría que haber ido, una vez que estuviera completa en estos 16 meses (desde su anuncio el 2 de abril de 2019) a la Sedema, para que ésta le diera forma en el nuevo plan de manejo.”

Pero no fue así. El mismo Consejo Rector (único en responder a sus cartas, dirigidas al presidente y a Orozco, como se consigna en su sitio en internet) les escribió el martes 14 de julio de 2020, que hasta esa fecha el artista y su equipo han presentado adelantos de sus trabajos, pero “se trata de proyectos aislados, de diferentes escalas y grados de avance, sin la articulación física, ambiental, social y financiera que permite un programa de manejo”.

Pese a no cumplir con las disposiciones legales, se hicieron las licitaciones para el puente flotante y la reforestación de la tercera sección:

“¿Cómo pueden hacer obras no autorizadas? Aunque sea proyecto de quien sea, no es ‘mi jardín’, es un bien público y está normado.”

Señala otra irregularidad, o “trampa”: encargar el proyecto a un ciudadano que no es funcionario, no tiene atribuciones pero toma las decisiones y se le asignan 10 mil millones de pesos:

“Yo puedo ir al Congreso local, a la Cámara de Diputados o a la de Senadores, a exigir a cualquier funcionario responsabilidad sobre lo relacionado con su encargo, pero no le puedo exigir a un particular, ¿entonces cuál es el mecanismo de rendición de cuentas?”.

Por otra parte, el 27 de julio pasado se publicó en el diario El Universal, que vecinos de la cuarta sección temen que el destino de 75 hectáreas de esa área sería la construcción de viviendas para la Guardia Nacional. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, el diputado Gerardo Fernández Noroña había alertado sobre proyectos de privatización.

López Obrador informó el 2 de abril de 2019 que la cuarta sección, con las áreas que pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde estaba la antigua fábrica de armas, se sumaba al proyecto, pero añadió que la seguridad estará a cargo de la Guardia Nacional “y va a haber de todas las modalidades de protección, va a haber policía montada, guardabosques, y todo lo que se va a necesitar”.

Juárez considera que toda la información que ha circulado es muy ambigua, que la zona que se incorpora no es aprovechable, pues la mayor parte son barrancas. En cuanto a las instalaciones militares, hay varias edificaciones, algunas de uso habitacional. Se había dicho que todo sería trasladado a Puebla, pero allá no se han visto las instalaciones receptoras y al final “todo son especulaciones” pues no se conoce el Plan Maestro.

Por lo pronto el frente avanzará con la denuncia por la ilegalidad de las obras del puente flotante y la reforestación.

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