Justicia o harakiri

A partir del arribo de Emilio Lozoya a la Ciudad de México se desató una cadena de hechos que suscitaron la justificada suspicacia ciudadana. Foto: Archivo Justicia o harakiri A partir del arribo de Emilio Lozoya a la Ciudad de México se desató una cadena de hechos que suscitaron la justificada suspicacia ciudadana. Foto: Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La corrupción política no se combate con corrupción judicial. ¿Tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador la intención y la posibilidad de salir de ese funesto círculo vicioso? ¿Está dispuesto a no hacer un uso político de la justicia en el proceso contra Emilio Lozoya y a garantizar la limpieza del juico respetando a cabalidad la autonomía de la Fiscalía General de la República? ¿Su prioridad es hacer justicia con estricto apego a la ley y dar un paso decisivo hacia la instauración de un verdadero Estado de derecho, condición fundamental para la existencia de una auténtica democracia? ¿O el líder de la 4T tiene otros planes?

Hasta el momento, son más los elementos para pensar que el mandatario utilizará su poder sobre la Fiscalía –cuya autonomía constitucional está limitada en los hechos por la voluntad presidencial– para intervenir en el proceso judicial con miras a las elecciones intermedias del año próximo.

Quienes piensan que el caso Lozoya es un mero distractor para eludir los estragos de la pandemia, el derrumbe de la economía, así como el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, aseguran que el proceso será un circo, un engaño más, como siempre ha ocurrido en el pasado con el encarcelamiento de chivos expiatorios enemigos del gobernante en turno acusados de corrupción. No se puede descartar la posibilidad de que eso pudiera ocurrir si López Obrador optara por imponer la idiosincrasia del chanchullo –sea por el apego a un poder presidencial sin contrapesos o debido a una perversidad miope– para ser el gran vencedor de los comicios de 2021.

Sin embargo, existe una alternativa que debido a la polarización del debate no ha sido discutida: El principal beneficiario de que se haga justicia y se castigue a los culpables de la corrupción desenfrenada, incluidos expresidentes, es Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, él debiera ser el primer interesado en que el proceso judicial contra Lozoya llegue hasta sus últimas consecuencias, con estricto apego a la ley, porque ello favorecería también sus intereses político-electorales.

En múltiples ocasiones el mandatario ha reiterado que el propósito fundamental de su gobierno es abatir la corrupción, y ha creado una inmensa expectativa social al respecto: “el señor Lozoya revelará el modus operandi de la corrupción en los más altos niveles del gobierno”. Por tanto, la ciudadanía espera –y exige– que esta vez sí se aplique todo el rigor de la ley contra los personajes perfectamente identificados que se han enriquecido a costa del desarrollo y el patrimonio de la nación. “No soy tapadera de nadie”, asegura el líder de una transformación incierta.

Si el presidente decidiera influir o manipular el proceso judicial a fin de que sólo se juzgue y sancione a quien él decida, protegiendo amigos o cumpliendo pactos secretos, la sociedad confirmaría que en efecto se trató de una farsa, de una simulación circense. Nuevamente los ciudadanos se sentirían traicionados y ello causaría una indignación generalizada. Peor aún, AMLO sería considerado cómplice pasivo de la corrupción de sus antecesores en el cargo y sería identificado como el campeón de la impunidad. Esas dos etiquetas serían indelebles y afectarían gravemente no sólo su popularidad y perspectivas electorales sino su lugar en la Historia.

Sabemos que López Obrador es proclive a darse tiros en el pie, pero no a hacerse harakiri. (Obviamente utilizo el término en sentido metafórico, sabiendo que el sentido del honor samurái ha sido sustituido en estas tierras y tiempos por un cinismo a prueba de daga). No concibo que la incontenible ambición de poder presidencial se torne en suicidio político.

De acuerdo con este razonamiento, los intereses políticos y electorales del presidente coinciden, así sea involuntariamente, con el respeto al imperio de la ley y a la autonomía de la Fiscalía, lo cual debería conducir a un maxiproceso, como ha ocurrido en Perú y otros países de América Latina. Sin embargo, los hechos no parecen conducir hacia esa dirección.

A partir del arribo de Lozoya a la Ciudad de México se desató una cadena de hechos que suscitaron la justificada suspicacia ciudadana: El traslado a hurtadillas del aeropuerto al Hospital Ángeles, la opacidad acerca de su estado de salud y la narración de las dos audiencias iniciales a través de WhatsApp, violando el Sistema Penal Acusatorio, cuyo fin es dotar de máxima transparencia y credibilidad a los procesos penales. El Principio de Publicidad Procesal se estableció precisamente para garantizar que la impartición y procuración de justicia sea imparcial, objetiva y eficaz, aprovechando la espontaneidad del intercambio verbal en la audiencia del sistema oral sin mediación alguna.

Lozoya fue vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los casos de Agro Nitrogenados-Altos Hornos de México y Odebrecht. El acusado se declaró inocente, además de “intimidado, presionado e instrumentalizado”, y el juez federal otorgó un plazo de seis meses para que concluyan las investigaciones previas al juicio. La Fiscalía no le impuso la prisión preventiva. El acusado VIP vivirá en su residencia con posibilidad de desplazarse libremente dentro de la Ciudad de México, sólo portando un brazalete electrónico para mantenerlo monitoreado y evitar su fuga. Un trato muy distinto al que han recibido Rosario Robles o “El Marro”. Tales privilegios aumentaron la desconfianza sobre la limpieza del proceso, sobre todo porque fueron otorgados antes de que el acusado brindara la información necesaria para ser considerado testigo colaborador o merecedor del criterio de oportunidad.

Las dos primeras audiencias del proceso tuvieron graves omisiones: 1) No se incluyó en el caso de Fertinal, en el que está implicado Ricardo Salinas Pliego. 2) Tampoco se ha mencionado a Etinelo XXI, caso paradigmático de la impunidad entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 3) En el caso de Odebrecht, los sobornos son de más de 16 millones de dólares, no de 10 mdd como se dijo. 4) La reparación del daño para México derivados del caso Odebrecht asciende a un monto mínimo de más de dos mil millones de dólares. 5) la imputación de asociación delictuosa resulta insuficiente y puede generar impunidad; debió imputarse delincuencia organizada porque están dados los elementos que conducirían a un maxiproceso (Edgardo Buscaglia, Paulo Díaz Gargari e Ignacio Rodríguez Reyna, Aristegui Noticias, julio 30, 2020).

Uno de los factores que distingue a un politicastro de un estadista es la miopía de uno frente a la visión de largo plazo del otro; mientras el primero toma decisiones con miras sólo a la siguiente elección, el segundo lo hace pensando en la siguiente generación. El desenlace del proceso judicial contra Emilio Lozoya revelará con toda claridad a cuál de las dos categorías se aproxima más el presidente López Obrador. Por el bien de todos, primero el Estado de derecho. Justicia o harakiri.

El contrato de Etileno XXI, obra de Felipe Calderón

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