CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La razón por la cual se ha tratado de manera diferente a Emilio Lozoya, acusado por la corrupción internacional en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y quien está en arresto domiciliario, y Rosario Robles, quien está presa en el penal de Santa Martha Acatitla por la Estafa Maestra, es porque el primero está cooperando con la justicia mexicana y la segunda no, consideró el Fiscal General de la República, Alejandro Getz Manero.
“Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos.
“Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no se está pidiendo eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una parte de las instituciones públicas de educación superior del país”, señaló el fiscal en una videoconferencia titulada: “El caso Lozoya. Un diálogo con Alejandro Gertz Manero”, moderada por Sergio Aguayo.
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Tras dar esta explicación, exclamó: “¡Por favor! ¡Por favor! Es decir, la jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado mexicano para poder descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior.
“Que hayan sido usadas para una situación de esa naturaleza y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido ya teniendo sentencias o toda clase de procedimientos probados”.
En ese sentido, defendió el criterio de oportunidad brindado al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) para llegar al fondo en la investigación de los sobornos obtenidos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“Por supuesto que en todos estos criterios de oportunidad hay que manejarlos con transparencia porque dado, como dirían los clásicos, el
sospechosísmo que hay en este país sobre todas las conductas del poder público, dicen: ‘a lo mejor lo están protegiendo’. ¡Cómo lo vamos a proteger! ¡Al contrario! Es decir, nosotros hemos ganado procesalmente lo que nos hubiéramos tardado seis u ocho meses en ganar. ¡Ya lo tenemos ganado!”, indicó.
Al hacer una relatoría de los hechos que llevaron a la extradición de quien el fiscal llama Emilio “L”, narró que fue él quien solicitó someterse a las autoridades y leyes mexicanas, pues habían ganado en todas las instancias y estaba en el criterio de súplica ante las autoridades españolas, la cual irremediablemente iba a ganar la FGR, comentó.
“Entonces viene aquí, hace esta oferta jurídica en el sentido de que él no es el responsable de todo este entramado de corrupción a nivel de América Latina –en el caso Odebrecht-.
“Hay presidentes que se suicidaron, que están en la cárcel y en México no pasaba nada. Entonces si nosotros podemos llegar a ese fondo el valor que tiene para el Estado el hecho de no ser excepción de corrupción y la ley nos autoriza generar cualquier tipo de procedimiento para resolver un asunto de Estado como este”, añadió.
Ante la pregunta sobre si podría huir del país, Gertz Manero comentó que Emilio “L” tiene un aparato en la pierna que está siendo monitoreado en tiempo real y entregó su pasaporte.
“No hay manera de que se vaya e incluso ha presentado una denuncia y ni modo que presente una denuncia y se vaya, no tendría ningún sentido”, destacó, tras rechazar que esto signifique que está recibiendo privilegios.
El debido proceso
A manera de introducción en el caso Lozoya, Gertz Manero contó que todo comenzó en 2017 con el caso Odebrecht que llevaba la entonces Procuraduría General de la República (PGR) después de un escándalo generado en Estados Unidos que afectaba a toda América Latina por un proyecto matriz que hizo esta empresa brasileña para cooptar, corromper o usar la corrupción prexistente en los países para hacer negocios ilícitos.
“Hay que dejarlo muy claro que no es que naciera aquí, nació en Estados Unidos y se abrió ese nicho de información en la que salieron temas en lo que los funcionarios de Odebrecht habían señalado entre otros muchos países y entre otras muchas personas a funcionarios mexicanos”, señaló.
En razón de eso, dijo que el gobierno anterior no tuvo más remedio que abrir una investigación, en 2017, pero el asunto no caminaba, pese a que se tomaban declaraciones, iban los ministerios públicos a Brasil, pero se establecían convenios con Odebrecht para que dijeran algunas cosas, pero finalmente el asunto nunca se acababa de resolver.
Cuando se realiza el cambio de PGR a FGR se retoma este asunto porque “tenía ya todo un antecedente muy serio muy grave y había una serie de ocultamientos que ya no era posible sostener”, ante lo cual pidió a los funcionarios salientes que le entregaran los expedientes sobre lo hecho durante estos años al respecto y, a principios de 2019, Pemex interpuso varias denuncias, una por Agronitrogenados que había comprado Pemex a Altos Hornos en condiciones deplorables y a precios exorbitantes.
“Esa era una denuncia vinculada con muchos hechos que eran coincidentes con lo que se había dicho en el de Odebrecht, una serie de conductas posiblemente ilegales que estaban siendo como entreveradas en uno y en otro y comenzamos a hacer todo el trabajo de investigación”, contó.
Pemex proporcionó los datos que eran “clarísimos” para demostrar el tráfico de influencias, privilegios injustos y descubrieron que el caso estaba relacionado con datos de Odebrecht, con lo cual se empezó a armar el dominó de toda esa información que les permitió, hace más de un año, consignar los dos casos, tanto el de Odebrecht como el de Emilio “L” y del otro individuo que está en España, sujeto ya a una orden de aprehensión, a un proceso de extradición que lo hemos ido ganando hasta este momento.
Aunque no dijo su nombre de manera abierta, el fiscal se refería al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, detenido el 28 de mayo de 2019 en Mallorca, España, relacionado a la transferencia de 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma supuestamente creada por Odebrecht para pagar sobornos.
“Este es el panorama de cómo hicimos este trabajo y como se desarrolló. Tuvimos muchos problemas, hubo filtraciones, esta gente se fue de México. Anduvimos durante un año siguiéndolos. Trabajamos con Interpol, con los policías de varios países y cuando trabajamos con la policía española nos fue mucho muy bien, hicieron una actuación impecable y logramos obtener, ahí si ya, la aprehensión de estos dos individuos y el seguimiento del caso del que hablé ayer (Lozoya) y ganamos todo, todas las instancias de extradición ante todas las cortes españolas”, detalló.
Por eso, en el último momento, Emilio “L” hizo una serie de declaraciones en el sentido de que él iba aportar e iba a dar la información de lo que realmente había pasado en el caso Odebrecht y que él dice que eso lo excluye a él de ciertas responsabilidades.
“Eso lo vamos a ver, vamos a ver qué pruebas presenta y cómo se van a manejar. No son los únicos casos y claro que vamos a seguir”, advirtió.
Comentó que en el caso Lozoya, quien está sujeto a un proceso penal, pero hizo una declaración formal sobre que aportará datos suficientes para una investigación que tiene toda esta historia tan negra de ocultamientos, “la ley le permite al Ministerio Público dar facilidades para obtener la información”, reiteró Gertz Manero
No obstante, aclaró que esto no significa que se le haya quitado responsabilidad o se le haya dado facilidades dentro del marco legal para llevar su juicio de esta manera.
“Yo no creo que sea justo para este país que las cosas lleguen hasta chivos expiatorios o en operadores porque eso no es lo que da la justicia. No se trata más que de llegar al fondo y la verdad de lo que verdaderamente ocurrió y si esto es lo que este señor está diciendo, en el sentido de que es un verdadero complot, y es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, eso tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.
“Pero no se le ha dado ningún beneficio procesal que no tenga ese sentido y el procedimiento sigue y se tiene que defender, y tiene los meses que ya le dio el juez para poder hacer esta tarea”, expresó.
Al ser cuestionado sobre si es posible una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, Gertz Manero respondió: “van a ser investigados todos los que han sido denunciados, en el caso de que las pruebas que están presentando ameriten que existen la posibilidad real de una conducta ilícita”.
En cuanto a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de consultar a la ciudadanía para ver si se investiga o no a expresidentes que hayan cometido algún ilícito, Gertz Manero aclaró:
“El presidente no tiene ninguna vinculación jurídica ni de jerarquía con la FGR. Él es el jefe del Estado, de gobierno, líder político y hace las declaraciones que son útiles para su función.
“Antes, como era un procurador de justicia, el presidente sí formaba parte. El presidente puede decir lo que considere le conviene, pero que esté formando parte del Ministerio Público no, para eso se hizo la reforma constitucional” para convertir la PGR en FGR.
