Prohíben en Edomex candidaturas para agresores de mujeres y deudores alimentarios

violencia congreso política edomex Avalan en el Congreso del Estado de México reformas contra la violencia política de género. Foto: Twitter @Legismex

TOLUCA, Edomex (apro).- A partir de la contienda de 2021, en el Estado de México no podrán candidatearse quienes tengan sentencia ejecutoria por violencia política contra las mujeres o por violencia familiar y delitos contra la libertad sexual, o sean deudores alimentarios.

Además, la propaganda política o electoral no podrá contener mensajes discriminatorios y/o violentos contra mujeres.

Lo anterior, debido a que la Legislatura mexiquense aprobó un paquete de iniciativas contra la violencia política de género y en favor de la paridad, promovido por los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las reformas crean la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), instancia que se encargará de atender los casos de agresión a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras públicas, periodistas y defensoras de derechos humanos.

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Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas, propietario y suplente del mismo género (para evitar el registro de mujeres propietarias a las que se obligue a renunciar para ceder el cargo a sus suplentes hombres), y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expedirá la constancia a los candidatos que no hayan recibido sentencia ejecutoriada por los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género, y no estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en cualquiera de las entidades federativas.

El IEEM podrá solicitar el padrón de sentenciados por estos ilícitos, y en caso de que el aspirante se encuentre en la lista negra no podrá participar en la contienda.

Además, en lo sucesivo, el Ejecutivo estatal –con el nombramiento de su gabinete– y el Poder Judicial –en la designación de magistrados y jueces– deberán observar el principio de paridad.

Conforme a las reformas, se entenderá por violencia política contra las mujeres en razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad.

El incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta 50% del financiamiento público que corresponda a cada partido político, por el periodo que señale la resolución.

Durante la presentación y discusión del dictamen, avalado de manera unánime, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Mariana Uribe, indicó que las modificaciones empoderarán a las mujeres y permitirán que ocupen más cargos públicos y de alto mando. “Basta de expresiones del machismo como ‘yo no soy la señora de la casa’; dejarán de compararnos con una lavadora”, enfatizó.

“Las nuevas disposiciones obligarán a la clase política a esforzarse por ser ejemplo de conducta ante la sociedad y tener autoridad moral e impulsar las reformas que el estado requiere”, confió el también morenista Gabriel Gutiérrez.

Su correligionaria Azucena Cisneros recordó que, en la elección de 2018, 62.5% de las candidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y 82% atestiguó abusos incluso en su partido.

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También lamentó que en la entidad nunca ha habido una gobernadora, apenas 40 de 125 municipios son encabezados por una alcaldesa y sólo cinco de las 18 dependencias estatales tienen como titular a una mujer, pese a que 52% de la población mexiquense pertenece al género femenino.

De igual manera, recordó que en 2017 la entonces aspirante a gobernadora de su partido, Delfina Gómez, fue víctima de descalificaciones por su origen humilde y por el hecho de ser mujer. Y reprochó que las priistas Claudia Ruiz Massieu, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral la llamaran “incapaz, manipuladora y mentirosa”, durante una conferencia de prensa, y el expresidente Felipe Calderón cuestionara, vía Twitter, si “Delfina” era un nombre propio.

“Dudar de la inteligencia política, de la capacidad y de la autonomía de una candidata, por ser mujer y pobre, es una de las formas más perversas de violencia política de género”, acusó.

En el diseño de las normas participaron representantes de los colectivos 50+1 capítulo Estado de México, Red Mujeres en Plural, Red Rompe el Miedo, Asociación de Mujeres Abrazando México, Red de Abogadas Feministas, Constituyentes CDMX y otros de la sociedad civil, además de magistradas, juezas y consejeras electorales.

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