Relatores de ONU y CIDH llaman a fortalecer la protección ambiental

Relatores de ONU y CIDH llaman a fortalecer la protección ambiental Soledad García Muñoz, relatora especial de medio ambiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Twitter @CIDH Soledad García Muñoz, relatora especial de medio ambiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Twitter @CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En lugar de fortalecer la protección ambiental durante la pandemia de covid-19, una buena parte de los gobiernos  del continente americano han relajado las salvaguardias ambientales y presentado regresiones, alertaron dos relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante una declaración conjunta, David Boyd y Soledad García Muñoz, relatores especiales sobre derechos humanos y el medio ambiente de la ONU y la CIDH respectivamente, hicieron un llamado a los gobiernos para fortalecer la protección ambiental, recordando que la salud humana está ligada a la de los ecosistemas.

Los expertos señalaron que el creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas es provocado por una “tormenta perfecta” de acciones humanas que dañan los ecosistemas y la biodiversidad, como la deforestación, la conversión de tierras para la agricultura, el comercio de fauna silvestre, la expansión de la población, los asentamientos y las infraestructuras, la intensificación de la producción ganadera y el cambio climático.

Asimismo, advirtieron que las decisiones de política desfavorables pueden dar lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y tener repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, como los derechos a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como al derecho a vivir en un medio ambiente saludable.

“Pedimos a los Estados que refuercen sus leyes, políticas, programas y reglamentos medioambientales”, apuntaron, recordando a los gobiernos su obligación de prevenir nuevos daños y de establecer marcos institucionales sólidos que cumplan con las pautas contenidas en los instrumentos regionales y universales de derechos humanos.

Boyd y García Muñoz instaron a los gobiernos de América a suspender y no aprobar ni invertir en actividades industriales o agrícolas a gran escala si no se han aplicado los mecanismos apropiados de consulta y participación con arreglo a las normas internacionales, incluido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

De acuerdo con los expertos, la pandemia ha exacerbado las pautas de desigualdad existentes, y que “no es casualidad que las zonas con mayores niveles de contaminación ambiental y mayores tasas de mortalidad por covid-19 sean las mismas en las que viven personas históricamente discriminadas”.

Por lo que consideraron que la participación pública y la protección de los defensores de los derechos humanos medioambientales es crucial e hicieron un llamado a los estados a adoptar las medidas pertinentes para proteger a los defensores de los derechos humanos medioambientales y para investigar y enjuiciar con prontitud a los responsables de amenazas o actos de violencia contra esas personas.

Según los representantes internacionales, en algunos casos los países precisan reformar normas medioambientales específicas mediante procesos que respeten los principios de derechos humanos, pero aseveraron que invertir en la protección y la restauración de la naturaleza dará los mejores frutos a largo plazo. (Melisa Carrillo)

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