Casos de “El Marro” y César Duarte exhiben una Iglesia delincuente

crimen iglesia marro cesar duarte Las redes de delincuencia en México han invadido a la Iglesia católica como lo ha hecho en otros países como Colombia o Italia con el caso de la mafia Foto: Octavio Gómez

La detención de “El Marro” puso en evidencia un hecho que se sabía a voces en Guanajuato: su cercanía con la Iglesia católica de la región del Bajío.

Su devoción no se limitaba a otorgar generosos donativos a curas y parroquias. Ha trascendido que la Sedena sigue la pista del dinero en ciertas operaciones inmobiliarias y de terrenos que se hicieron como donaciones a la Iglesia por conducto de empresarios que, luego se sabría, estaban vinculados con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Por otra parte, la detención hace unas semanas del exgobernador de Chihuahua César Duarte reavivó los señalamientos de que diversos miembros del clero eran beneficiados por cuantiosos bonos de una nómina secreta que operaba aquél.

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Asimismo, llama la atención que los obispos locales han expresado públicamente sus simpatías y hasta solidaridad con los hoy acusados. El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, afirmó en enero que las amenazas a templos son del CJNG y que, de acuerdo con testimonios, el cártel de “El Marro” siempre ha sido respetuoso de las instituciones religiosas.

Por su parte, el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, en un comunicado demandó, ante la detención, un proceso justo al exgobernador Duarte, “sin revanchas ni argucias políticas”. En la notificación se ruega por Duarte, en “oración por él y por los suyos”.

¿Cuáles son las razones y por qué las iglesias de Chihuahua y de Celaya defienden a los delincuentes? ¿Qué tipo de nexos y sustentos se tejieron? Mientras que en Celaya se puede conjeturar lavado de dinero, en Chihuahua se puede presumir corrupción y asociación delictuosa.

En ambos casos, la Iglesia habría recibido dinero sucio. Queda en manos de las autoridades esclarecer vínculos y fincar responsabilidades a los transgresores, sean clérigos o laicos vinculados a la Iglesia. ¿Se atreverá el gobierno de López Obrador a tocar a la Iglesia católica?

La relación entre la Iglesia y el crimen organizado lamentablemente no es una novedad. Los vínculos entre miembros del clero con el narcotráfico tampoco. Hagamos memoria cómo desde 1997, el padre Soto, en la Basílica de Guadalupe, admitió que la Iglesia recibía narcolimosnas. Lo predicó como algo casi natural y provocó un escándalo.

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Más atrás en la línea del tiempo encontramos el dramático asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, perpetrado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a manos de sicarios, en medio de perplejidades y confrontaciones entre bandas de narcotraficantes; el caso sigue siendo confuso y tiene casi 30 años que perdura aun la opacidad. Investigaciones posteriores revelaron que Posadas recibía donaciones de narcotraficantes con las que construyó casas sacerdotales y el seminario, y que llevaba una vida suntuosa, propia de la realeza eclesiástica.

Meses después, en la casa de la nunciatura apostólica de la Ciudad de México, el nuncio Girolamo Prigione recibió indebidamente a prófugos de la justicia. Se trató de los hermanos Arellano Félix para “aclarar” el asesinato del cardenal Posadas, en una reunión celebrada el 13 de diciembre de 1993. Ni Prigione ni el propio gobierno de Salinas de Gortari se atrevieron a someter como correspondía a los delincuentes.

El 19 de septiembre de 2005 se descara el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, exsecretario de la CEM, al declarar que la Iglesia católica no tiene la obligación de investigar el origen de los recursos que recibe por concepto de limosnas, aunque provengan del narcotráfico, pues el dinero “se purifica” con la buena intención de ayudar. Además, Godínez reconoció que la diócesis a su cargo sí ha recibido narcolimosnas.

Una primera conclusión, por obvia que parezca, es que, si el crimen organizado y el narcotráfico han sido capaces de penetrar los diversos espacios de la vida social, como órganos de gobiernos locales y federal, procuradurías y tribunales, empresas y medios de comunicación, cabe suponer que también ha infiltrado a la Iglesia católica.

Las redes de delincuencia han invadido a la Iglesia católica como lo ha hecho en otros países como Colombia o Italia con el caso de la mafia.

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Por otra parte, hay estudios que muestran el grado de superstición y pensamiento mágico de muchos miembros del crimen organizado. Es un universo espeso y poco estudiado, pero presente. Son actores que viven al filo de la navaja, en situaciones límite, de vida o muerte.

Por ello, hay altos niveles de religiosidades eclécticas que asumen esta condición trágica de verdugos y vulnerabilidad en la que viven. La mayoría de origen popular y tradición religiosa católica.

Por ello, son devotos de cultos justificadores, como la Santa Muerte y santos populares como Malverde, San Judas Tadeo y prácticas de hechicería, santería y chamanismo que acompañan con su manto protector a aquellos que viven en la borderline.

O construyen cultos ad hoc, como ritos narcosatánicos, adaptaciones santeras y chamánicas que pretenden acompañar la vida subterránea y la violencia con justificaciones seudodivinas o con deidades degradadas.

Es un hecho que los diversos gobiernos, desde Salinas a la fecha, no han intervenido para sancionar a la Iglesia. Han dejado pasar relaciones delictuosas y comportamientos punibles de ésta sin que se hayan aplicado las leyes ni la justicia. Al igual que la espinosa pederastia clerical, han prevalecido en los diferentes gobiernos las reglas no escritas del llamado “fuero religioso”.

A los gobernantes les ha temblado el pulso. El Estado mexicano está en deuda con la justicia y con la ciudadanía. Esta mundanización de la misma Iglesia propicia no sólo su secularización en términos culturales, sino que desemboca en la desacralización de su propia identidad eclesial. Y para muestra, de 1990 a la fecha más de 50 sacerdotes han sido asesinados.

Este análisis forma parte del número 2285 de la edición impresa de Proceso, publicado el 16 de agosto de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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