El agua, otro negocio cedido en Veracruz

Veracruz Odebrecht sobornos Javier Duarte En el entramado de sobornos de la empresa Odebrecht en México, el gobierno de Veracruz a cargo de Javier Duarte jugó un papel clave. Foto: Yerania Rolón

Xalapa, VER. (proceso).- En el entramado de sobornos de la empresa Odebrecht en México, el gobierno de Veracruz jugó un papel clave.

Según exdirectivos de la empresa brasileña, durante su campaña electoral Javier Duarte recibió 500 mil dólares; a cambio el priista concesionó a la constructora de Marcelo Odebrecht el cobro del agua de los veracruzanos por un periodo de 30 años.

Así, la entidad se convirtió en uno de los centros financieros y trampolín de la firma brasileña para canalizar hasta 13 millones 912 mil dólares a otros países mediante empresas fantasma, como Blunderbuss de México, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, además del negocio del cobro del agua cuyas tarifas, según denuncias de los usuarios, se ha incrementado entre 30% y 50%.

En 2016, cuando compareció ante la procuraduría de Brasil, Meneses Weyll, quien fue representante de Odebrecht en México, admitió los sobornos a Duarte. Hasta el momento la Fiscalía General de la República no se ha referido a este tema, aun cuando los tentáculos de la empresa brasileña se iniciaron en Veracruz, donde Braskem –su filial– fincó su coto del polietileno por medio de Etileno XXI.

Documentos consultados por ­Proceso indican que, en sociedad con Aguas de Barcelona (Agbar), la empresa de Marcelo Odebrecht tiene la concesión para el cobro del agua en tres de los principales municipios de Veracruz: Medellín, Puerto de Veracruz y Boca del Río.

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Duarte, preso en el Reclusorio Norte por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero, asumió el gobierno en diciembre de 2010. Casi un lustro después, el 1 de julio de 2015, instruyó al Congreso local a declarar la quiebra técnica del organismo público descentralizado Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), para que el título de concesión quedara en manos de Odebrecht y Agbar, que mediante un fideicomiso administran el cobro del líquido.

El título de concesión sólo está firmado por los ayuntamientos de Veracruz y Medellín. En el caso de Boca del Río, el entonces alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez no cedió; aun así, el ayuntamiento compra el agua  a Odebrecht “en bloque”.

En la página siete del título de concesión se establece que el 9 de junio de 2015, luego de que el SAS decidiera que el ganador de la licitación era Odebrecht Ambiental e Interagbar de México (filial de Aguas de Barcelona), ambas integraron la empresa Grupo Ambiental ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V., que a su vez formó el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) con el SAS de Veracruz, Boca de Río y Medellín.

El 18 de febrero de 2015 Duarte también ordenó licitar la privatización del agua; el 8 de julio de ese año el entonces mandatario decidió liquidar el SAS por “insolvencia financiera agravada… lo que motiva su extinción”. Una semana después los trabajadores del organismo fueron notificados y se les prohibió la entrada a las instalaciones.

Odebrecht obtuvo todas las facilidades en el título de concesión. Así, por ejemplo, si durante 10 días no trabaja a causa de un ciclón, ese tiempo no se computa para los 30 años de vigencia; se le autoriza a subir las tarifas del agua para que la empresa nunca pierda; si en esos 30 años crece la demanda, la ampliación de infraestructura será pagada por los tres ayuntamientos; la constructora brasileña tampoco es responsable de los pasivos ambientales que se generen.

El gigante consentido

“Trátenme bien a Odebrecht, traen (sic) una inversión millonaria”, expresó el entonces gobernador Duarte a una treintena de columnistas, directores y dueños de medios con los que solía reunirse con frecuencia.

En el encuentro del 3 de enero de 2016 Odebrecht, que pretendía adjudicarse la construcción de la primera presa de Veracruz, en la cual pretendía invertir 5 mil 400 millones, mientras que el gobierno estatal aportaría 356 millones de pesos más, mediante la Secretaría de Finanzas y Planeación, tuvo su primer descalabro.

Angélica Navarrete Mendoza, líder del Sindicato de Trabajadores Teniente José Azueta, increpó al entonces alcalde del Puerto de Veracruz, el priista Ramón Poo Gil: “¿Por qué tanta insistencia, señor alcalde? ¿Quiere privatizar? ¡Hágalo!… pero por qué no buscar una empresa que no esté salpicada de corrupción a nivel mundial, cómo lo está Odebrecht”.

Poo respondió tajante a Navarrete y a los sindicalistas que la acompañaban: Odebrecht va con Aguas de Barcelona y se buscará –dijo– que cientos de empleados sean reacomodados en el nuevo organismo administrador del agua.

Poo no cumplió. Además, según Navarrete, dos años antes de la extinción del SAS él facturó entre 700 mil y 1 millón de pesos mensuales al organismo paramunicipal en compras de insumos electrónicos y papelería a Tiendas Contino, que pertenecía a la familia del entonces alcalde.

Tres días después, durante la celebración de la promulgación de la Ley Agraria en el World Trade Center (WTC), en Boca del Río, Duarte recibió al entonces presidente Enrique Peña Nieto como en los tiempos de gloria del PRI, con más de 10 mil campesinos.

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Cientos de empleados del disuelto SAS organizaron una manifestación para informar a Peña Nieto sobre la pérdida de 2 mil empleos: “Ese día –cuenta Navarrete– íbamos marchando hacía el evento de Peña Nieto, pero a la altura del casino Caliente (300 metros antes de llegar al WTC), nos pararon navales y policías en la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Entre gritos y desconcierto, un teniente de la Marina se nos acerca y nos suelta sin más:

“‘El problema del agua no es del alcalde (sic) ni del gobernador (sic), es orden federal, es orden presidencial. ¡Retírense!’… Nos retiramos para evitar un enfrentamiento o evitar una desaparición forzada (sic), como se acostumbraba en aquel entonces.”

El sindicato José Azueta sigue en pie de lucha con marchas y promoviendo amparos. En julio pasado se cumplieron cuatro años de la disolución del SAS. Desde entonces, nueve obreros, entre operadores de pipa, operadores de pozos y plantas, así como auxiliares administrativos, han fallecido sin que sus familias sean indemnizadas.

Fernando Yunes Márquez, quien sucedió a Poo en la alcaldía de Veracruz, comenta a Proceso que es “muy complejo” extinguir el título de concesión a Odebrecht. Si el Congreso local decide hacerlo, los ayuntamientos y el estado tendrían que pagar el finiquito a 2 mil empleados del extinto SAS y a 400 que actualmente opera el Grupo MAS, estimado en mil 500 millones de pesos.

“Es inviable financieramente extinguirlo. Hemos venido haciendo lo que se puede: meter orden, exigiendo mejoras al servicio. En cambio, hay que decirlo, el SAS era insostenible, se utilizó durante el sexenio de Duarte y el anterior, de Fidel Herrera, como agencia de colocación. Toda persona que pedía empleo iba al SAS, sus pérdidas eran subsidiadas por el gobierno”, comenta el alcalde.

Admite que “probablemente” ­Odebrecht no era la empresa más adecuada para hacerse cargo del agua; advierte que la concesión de 30 años tiene cláusulas muy definidas, como indemnización millonaria, no liquidación de la actual plantilla laboral, además de tener la carga del extinto sindicato José Azueta.

“En términos coloquiales –dice–, Grupo MAS funciona mejor de lo que parece; la operación no es el problema más grave. Es un tema financiero: lo que quebró al SAS fue que durante 10 años no subieron tarifas, por el sindicato, por las componendas políticas, era una vil agencia de colocaciones. Hoy, con Grupo MAS, estamos exigiendo mejoras al servicio. Y ahí vamos.”

Este texto se publicó en la edición 2286 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.

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