CIUDAD DE MÉXICO (apro). - A 10 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), afirmó que el acceso a la información relacionada con la investigación de este suceso es una condición necesaria para exigir justicia y la reparación del daño.
A través de un comunicado, el Inai expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y reiteró su compromiso para garantizar el acceso a información que permita acelerar los procesos de justicia en este y otros casos de violaciones graves a derechos humanos.
La dependencia relató que, en el momento de los hechos, el entonces IFAI, confirmó la reserva de la averiguación previa del caso que invocó la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que el Instituto no podía pronunciarse sobre la existencia o no de violaciones graves a derechos humanos y, por tanto, no podía instruir la apertura de la información, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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Sin embargo, el 20 de agosto de 2014, luego de su constitución, el Inai ordenó a la Procuraduría General de la República entregar los documentos que contuvieran la información sobre la detención de 16 miembros de la policía del municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.
En abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la facultad del Inai para pronunciarse sobre la existencia de violaciones graves a los derechos humanos con la finalidad de garantizar el acceso a la información sobre estos acontecimientos, por lo que relató que el 5 de junio de 2019, instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas revelar el monto pagado por indemnizaciones en el caso de la masacre de San Fernando, precisando fecha, nacionalidad y cantidad otorgada.
También en ese ámbito, el 29 de enero de 2020 instruyó a la Fiscalía General de la República entregar la versión íntegra de la averiguación previa del caso, determinando que es de interés público conocer la verdad de los hechos y las investigaciones relativas a violaciones graves de derechos humanos, por lo que no puede reservarse ningún tipo de información, documento o dato relacionado con la averiguación.
Posteriormente, el 12 de febrero de 2020, el Pleno del Inai ordenó a la FGR dar a conocer la versión íntegra de la averiguación previa del caso, y advirtió que otorgar acceso a la información permitirá conocer las diligencias que lleva a cabo la autoridad para la investigación, detención, juicio y, en su caso, sanción de los responsables.
En la misma resolución, se resolvió que la Fiscalía debe entregar también los documentos que dan cuenta del lugar donde se encontraban en 2013, los restos pendientes de identificar de las 47 fosas clandestinas localizadas en 2011, en San Fernando, Tamaulipas.
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De acuerdo con la dependencia, del 10 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2020 se han presentado 208 solicitudes de información a diversas instituciones públicas sobre la masacre de los 72, así como del hallazgo de las fosas clandestinas, en 2011, así como 38 recursos de revisión, de los cuales, uno está en proceso de resolución y 37 ya fueron resueltos.
De los recursos concluidos, detalló que 18 fueron en contra de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República; 3 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 3 del Instituto Nacional de Migración; 3 de la Secretaría de Marina; 3 de la Secretaría de Gobernación; 2 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y uno de la Policía Federal.
Con información de Melisa Carrillo
