CIUDADA DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado un oficio en el que somete a la aprobación de esa cámara la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales. En el sexenio de Enrique Peña Nieto el gobierno evadió su responsabilidad de reconocer la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar comunicaciones individuales, lo que hubiera abierto las puertas para que miles de familias de víctimas de desaparición pudieran tener acceso a la verdad y a la justicia. Ahora a propuesta de López Obrador, el Senado tendrá que dictaminar y en su caso aprobar la declaración para su entrada en vigor. “Se somete a la aprobación de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción”, se lee en el documento.

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Además, el Comité evalúa a los estados miembro, hace observaciones, recomendaciones y examina, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o a las personas autorizadas por ellos, o toda persona que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida. De acuerdo con el documento que llegó a la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas calcula que, al 31 de diciembre de 2019, el número de desaparecidos en México asciende a 61 mil 637 personas víctimas de desaparición. “El presidente López Obrador cumple su compromiso. México reconoce la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU”, dijo este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. En 2008, el gobierno de México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero dejó pendiente el reconocimiento del artículo 31 sobre la atención a casos individuales y en 2018 el gobierno de Peña Nieto lo rechazó.