CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Ante la recurrente violación a la intimidad de las mujeres, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) creó la Unidad de Atención de Ciberdelitos de Violencia de Género. Al participar en el Foro Virtual “Justicia Electrónica, Retos y Oportunidades”, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que con ello se busca atender la complejidad que se representa la investigación de ese tipo de ilícitos. “Hemos diseñado un proceso que va a tener que ser probado en la práctica, vamos a tener que trabajar de manera muy coordinada con los jueces y lo estamos haciendo de la mano con las mujeres que han sido víctimas de este delito”, indicó. Godoy Ramos mencionó que desde el momento en que reciben una denuncia de ese tipo solicitan la interrupción, el bloqueo de páginas, y la circulación de fotos o videos de la presunta agraviada. “Se ha establecido una vinculación directa con los responsables de Facebook, Twitter y WhatsApp, que son los más comunes para poder estar en condiciones de realizar estas primeras medidas de protección”, señaló. La violencia contra las mujeres, comentó, se caracteriza por ser estructural ya que “se encuentra en todas partes, en todas las sociedades, en todos los pueblos y ahora se ha extendido al ciberespacio”. Además, dijo que los delitos cibernéticos son un reto para los sistemas jurídicos nacionales porque no tienen fronteras, la jurisdicción es universal y afectan bienes intangibles como son los datos de información electrónica. “El internet da al delincuente anonimato al utilizar herramientas informáticas avanzadas para ocultar su identidad y las pruebas para comprobarlo son difíciles de recabar, más cuando el delito se ha cometido en otra jurisdicción distinta a la de la víctima”, refirió. El tema de la prueba es, subrayó, relevante, pues es ahí donde “tenemos que cambiar tanto los que estamos en la investigación en la procuración como los que están en la administración, ahora tenemos que adaptarnos, tenemos que adecuar medidas, adecuaciones procesales y medidas de protección”. Para lograr el objetivo, finalizó, es necesario inhabilitar prejuicios para atender los delitos con perspectiva de género, diseñar planes concretos de investigación para cada caso, así como adecuar modelos y procedimientos para generar una ruta sólida en las indagatorias. Esta acción responde a la demanda que interpuso la coordinadora del grupo parlamentario del PVEM en el Congreso local, Alessandra Rojo de la Vega, luego de la difusión de fotos íntimas suyas en la red sin su consentimiento.