XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Con un emoticón gris de una calavera y un “tu amigo ya fue”, presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) le avisaron vía WhatsApp a un amigo de cinco jóvenes “levantados” afuera del bar “Michelucas”, ubicado en Cerro Gordo, cerca de Xalapa, que ya ni buscaran a sus amigos: un taxista, un mecánico automotriz, un peluquero, un empleado de un taller de mofles y otros dos trabajadores de la colonia Miradores. Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, de 19 años; Iván Aurelio Aguilar Villa, de 26 años; Marco Javier Reyes, de 30 años; Mario Figueroa Domínguez e Iván de Jesús Sosa Lagunes, ambos de 32 años, se reunieron en la peluquería y de ahí acordaron ir a comer mariscos y a tomar micheladas al bar “Michelucas”, ubicado a 39 kilómetros del centro de Xalapa. El plan sonaba bien. Lo último que se supo de los jóvenes es una fotografía que Abdiel Ramírez, de 19 años, mandó a sus padres a las 17:00 horas del 2 de julio en el que avisó que había ido a convivir un rato con sus amigos a las afuera de la ciudad. Prometió volver por la noche a su casa. Abdiel tenía que trabajar al otro día con su papá en el taller de mofles. Ninguno de los cinco jóvenes regresó. El taxi (placas XL-4533) en el que se fueron a Cerro Gordo aparecería desvalijado en la congregación de Chichicaxtle, a 20 kilómetros de ahí y ya muy cerca del municipio de Puente Nacional. Un corredor criminal que durante una década perteneció a la organización criminal de Los Zetas, pero que hoy es una región controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. A la medianoche del día 2 y durante la madrugada del 3 de julio, ya alarmados, los familiares de Iván Aurelio, Mario Figueroa, Iván de Jesús y Marco Javier también los empezaron a buscar con sus novias, otros con su círculo de amigos. Recorrieron la calle de Pípila –donde se encuentra la barbería y el taller mecánico- y nada, ni un sólo rastro. Entrelazados por la causa común de la desaparición de cinco jóvenes, los padres de los clientes del bar “Michelucas” acudieron al lugar, les mostraron a empleados del bar, a comerciantes cercanos y a los vecinos, as fotografías de sus hijos en el lugar, como último punto de contacto. Sólo hubo versiones encontradas, información muy escueta y mucho hermetismo, tan común y sistemático en los casos de desaparición: que tuvieron una riña ahí y que fueron “levantados” por un comando armado con armas largas; pero otra versión señala que fueron “levantados” afuera del Michelucas y que los sicarios llevaban armas cortas y que se los llevaron en una camioneta Journey Roja y en una N200 plateada. Por esta quintuple desaparición, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas abrió la carpeta de investigación 118/2020/FGE. En dicha carpeta –fustigan familiares de las víctimas- todos los que han ido a declarar lo han hecho bajo la figura de identidad resguardada. La dueña del “Michelucas” se ha negado sistemáticamente a declarar e incluso contrató a tres abogados para no rendir declaración. Peor aún, cuando la Policía Ministerial y elementos de la Fiscalía Especializada solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia del bar el día 2 de julio, los empleados del bar alegaron que las cámaras “estaban descompuestas”. El próximo 2 de septiembre se cumplen dos meses de la desaparición de estos cinco jóvenes, que inmediatamente evoca a la desaparición forzada de cinco jóvenes en Playa Vicente en enero del 2016 a manos de policías estatales, quienes entregaron a los jóvenes a manos de sicarios del CJNG. Los jóvenes –concluyó el gobierno federal de Enrique Peña Nieto- fueron asesinados, descuartizados y sus restos carbonizados en un narco-rancho de Tlalixcoyan. Un par de años después, el gobierno de Veracruz, a cargo en ese entonces del panista Miguel Ángel Yunes Linares, terminaría junto con representantes del gobierno de Peña pidiendo una disculpa pública como último remedio y asunto olvidado en la opinión pública y en la procuración de justicia. El capo a quien se le atribuyó involucramiento en la quíntuple desaparición forzada y posterior asesinato fue Francisco Navarrete Serna, presunto líder del CJNG en la zona cuenca de Veracruz y quien sería privado de la vida junto con seis personas más el 30 de mayo de este año durante una fiesta particular transmitida vía Facebook live. El hijo de Navarrete, del mismo nombre, sería privado de la vida una semana después. En las declaraciones ministeriales concentradas en la carpeta 118/2020/FGE, un testigo de identidad resguardada refiere que Iván Aurelio Aguilar alcanzó a gritar antes de ser metido en la camioneta Journey Roja: “¿A mí porque me llevan?, ¡Yo no hice nada”. Un familiar de Aguilar asegura que desde el “levantón de sus hijos” ha habido movimientos anormales en su celular durante todo el mes de julio, alguien lo activa por ratos, tanto el chat de WhatsApp, como el inbox de Facebook. Extrañamente, nadie ha solicitado recompensa por los jóvenes, pero si han existido amenazas del crimen organizado. En el teléfono de Iván de Jesús también ha habido conexiones en WhatsApp de su teléfono e incluso le han cambiado fotografías en su avatar. Con otro de los jóvenes, utilizaron una tarjeta departamental para hacer una compra en línea. Este domingo fue Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres y familiares de tres de los cinco jóvenes víctimas de desaparición forzada se apersonaron en la Plaza Lerdo –también conocida como Plaza Regina Martínez- para solicitar el cobijo y respaldo del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, tienen mucho miedo, por la presencia tacita de una desaparición a manos del crimen organizado y también porque han recibido un trato brusco y déspota de la Fiscalía General del Estado (FGE) a raíz de una nota que apareció en una agencia de noticias y que ocasionó la irritación de la fiscal que lleva el caso, así como la de los Policías Ministeriales. “Se van a cumplir dos meses de la desaparición de estos cinco chavos oriundos de Xalapa, no queremos que se repitan los errores y las pifias de lo ocurrido en Playa Vicente, queremos que la Fiscalía entregue resultados, no hay un solo detenido, no han podido lograr que en casi dos meses la dueña del bar declare. Yo creo está protegida por alguien de muy arriba”, reprochó a micrófono abierto, Carlos Saldaña Grajales, vocero del Colectivo Familias Enlaces Xalapa y quien desde noviembre del 2011 busca a sus hijos, Jesús Alberto y Karla Nayelly Saldaña. Las madres de tres de los cinco jóvenes “levantados” hablan poco, sueltan monosílabos, se les ve la cara de terror y angustia reflejada en los ojos. Por separado logran hilar un poco más de datos y pistas. Reprochan que en dos meses poco saben de búsquedas de campo, de brigadas con drones o binomios caninos para buscar a los jóvenes en los municipios ubicados en la autopista Xalapa-Veracruz. “No avanzan, o no quieren avanzar (en la Fiscalía), no hay una declaración que precise los hechos ocurridos en esa tarde, ¿Qué nos digan qué ocurrió?, la dueña del Michelukas se negó asistir a declarar, tras obtener un amparo, con la representación de tres abogados defensores. Y ya, la Fiscalía se quedó cruzada de brazos”. Carlos Saldaña pidió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que no caiga en el mismo error de los gobernadores pasados: “ellos saben dónde están los delincuentes, saben quiénes son y saben dónde están los jóvenes y los queremos de vuelta, así como vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Las madres de dos jóvenes desaparecidos este 2 de julio lamentan haber dejado pasar mucho tiempo antes de exigir presión ante la opinión pública; sin embargo, confiesan que en la propia Fiscalía les exigieron no recurrir a la prensa para no “entorpecer” las investigaciones.

Desaparecer como en tiempos de Duarte y de Yunes

En la zona centro de Veracruz, en Ixtaczoquitlán, una cabecera enclavada en las montañas, con más de 75 mil habitantes, 10 personas desaparecieron en octubre del 2019, ahí, familiares de las víctimas responsabilizaron a la Policía Municipal que dirigía Octavio Alejandro Pérez –hoy prófugo de la justicia-, pues ya tiene orden de aprehensión. Según la carpeta de investigación FEADPD/ZCC/1/098-2019, se indagan posibles lazos de este órgano policíaco con el CJNG, célula criminal que disputa con Los Zetas el trasiego de droga, cobro de piso, robo de combustibles, secuestro y extorsiones, en las altas montañas de Veracruz, en los municipios de Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores, Orizaba, Nogales, Acultzingo, Zongolica, Córdoba, Ixhuatlán del Café, Huatusco, Rio Blanco, Coscomatepec, Chocaman y Ciudad Mendoza. De las diez desapariciones ya con el gobierno de la cuarta transformación, siete comerciantes oriundos de Río Blanco y Ciudad Mendoza “desaparecieron” el 26 de octubre, luego de haber sido detenidos en un retén de policías municipales y estatales. Esta desaparición forzada se realizó en varios actos: Por “conducir con temeridad”, Joel Reyes fue detenido junto con tres de sus trabajadores (Humberto Gil García, Daniel García Reyes y Ricardo Montesinos Núñez), además de un chofer cuando viajaban en un taxi luego de dejar la camioneta Van en Ciudad Mendoza repleta de mercancía. Al día siguiente, Luis Carrera y Jorge Reyes –hermano de Joel- acudieron a pagar la multa de los comerciantes, los acompañó Jorge Alducin, trabajador de los comerciantes, y el abogado Eloy Servín López. Llegaron a la comandancia municipal, pagaron la multa y avisaron a sus familiares que ya había acabado todo y que ya iban de regreso a casa. Hasta ahora, ninguno de los siete comerciantes ha vuelto. La Fiscalía General del Estado ya incluso rehúye el tema con la opinión pública. La Fiscal asignada al caso, Fabiola Melo fue removida pues familiares de los desaparecidos aseguran que ella dio “el pitazo” para que el director de la Policía Municipal escapara antes de que fuera aprehendido. A nivel nacional, Veracruz es uno de los focos rojos en el tema de desaparición y desaparición forzada, cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) y estadísticas de los colectivos de familiares de desaparecidos hablan de casi cinco mil casos ocurridos en la última década. La etapa más sombría ocurrió en el sexenio del priista, Javier Duarte (2010-2016) con 3 mil, 600 denuncias presentadas por desaparición de personas en la entidad. Los tres Fiscales que ha tenido Veracruz tiene un negro historial, el primero, Luis Ángel Bravo Contreras, estuvo 18 meses en la cárcel acusado de desaparición forzada y por encubrir actos fuera de la ley de su amigo, el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; el exfiscal, Jorge Winckler Ortiz hoy se encuentra prófugo de la justicia y declaraciones del actual Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, Winckler protegía a delincuentes aliados al CJNG. La actual Fiscal, Verónica Hernández Giadans admitió públicamente ser prima hermana de Guadalupe Hernández “La Jefa”, operadora de Los Zetas y cercana al capo Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, jefe de plaza detenido en el 2017 en Cárdenas, Tabasco. “Yo no escogí a mi familia. Ni mi familia, ni mis amigos están por encima de la ley. Sólo soy responsable de lo que yo haga y de mis palabras”, ha excusado Hernández. Su prima hermana, Guadalupe Hernández, dejó la cárcel unas semanas después de que la titular de la FGE tomó protesta ante el Congreso Local como “encargada de despacho”. El impulso de Hernández Giadans para llegar a la titularidad de la Fiscalía, se la atribuye a sus padrinos políticos, el exalcalde perredista de Xalapa y hoy diputado federal de Morena, Rafael Hernández Villalpando y al actual Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros.