OAXACA, Oax. (apro).- En un posicionamiento público dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones indígenas, campesinas y urbanas de la sociedad civil (OSC) manifestaron su “enérgico repudio a la escalada de descalificación y provocación montada por el gobierno federal”. “La posición del gobierno federal es una expresión propia de un régimen autoritario que busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México, proyectos que son sólo la continuación de los proyectos neoliberales”, afirmó la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio. “La exhibición pública por parte del presidente y su vocero, de los recursos que les fueron otorgados por diversas fundaciones internacionales, es un acto grotesco que lo único que pretende es denostarlas, cuando es evidente que las actividades que ellas realizan son legales, aunque causen incomodidad al presidente”, destacaron las organizaciones en su pronunciamiento. Y más: “Este gobierno, como lo intentaron antes gobiernos priistas y panistas, se ha fijado como uno de sus objetivos la aniquilación de las organizaciones y movimientos que sean piedra para su zapato; olvida que muchos de sus funcionarios fueron formados en las filas de la sociedad civil, a la cuál ataca y difama por defender la vida y no estar de acuerdo con sus proyectos de muerte. Este es el rostro autoritario de la Cuarta Transformación”. La Asamblea destacó que tal actitud es una “provocación montada por el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden de diversas maneras los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas”. Tras precisar que para el presidente de la República sólo hay liberales y conservadores, recalcaron: “En nuestro aporte a su comprensión de la realidad queremos decirle que nosotros no encuadramos en ninguna de esas categorías, los pueblos indígenas somos comunales y en consecuencia no comulgamos con las propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada”. De igual manera, resaltaron que los propios funcionarios de Naciones Unidas afirman que “la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y de su actividad contribuye a la percepción de que los defensores y las defensoras son blancos legítimos para abusos por parte de actores estatales y no estatales”. Nota de interés: “Tantita vergüenza, Morena”, el grito que evitó la victoria priista en San Lázaro Y calificarlos como “radicales de izquierda” y “conservadores” fue una de las causas que provocó el asesinato de Samir Flores, no lo olvidamos, puntualizaron. Insistieron en que la defensa de los territorios indígenas que hoy se expresa a lo largo y ancho del territorio nacional a contra corriente de las políticas públicas “es una apuesta por la vida de los pueblos, las personas y la biodiversidad circundante. Sabemos que eso que el capital llama desarrollo se ha convertido en miseria para los habitantes de los lugares donde se establece y enriquecimiento de unos cuantos depredadores. El ejemplo de Cancún está a la vista”. Al dirigirse a la ciudadanía, comunicaron que muchas de las actividades que realizan las organizaciones en todo el mundo, las hacen ante la falta de reconocimiento e implementación de derechos y, en consecuencia, ante la ausencia de políticas públicas que los garanticen. En el caso de México y de la Península de Yucatán en particular existe una violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, como se ha señalado en múltiples ocasiones. Detallaron que muchas de las organizaciones que trabajan en favor de los derechos de los pueblos y las personas vulnerables lo hacen a través de actividades voluntarias, o con el apoyo de la solidaridad internacional, que en muchos países está regulada a través de lo que se conoce como cooperación internacional. Además, explicaron que en el país existe una Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil que regula el funcionamiento de éstas y que entre otras cosas les otorga el derecho de recibir financiamiento internacional. Al justificar que la existencia pública de organizaciones civiles y sociales ha sido un avance en la democratización del país, recordaron “que, en los años más obscuros, si eras crítico del PRI, podías ser sujeto de desaparición, tortura o asesinato extrajudicial por los organismos de seguridad del Estado encargados del control político de la disidencia, incluido el Ejército”. El pronunciamiento fue firmado por la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios, Centro Calpulli, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño y el Centro de Derechos Humanos- Tepeyac. También el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Codigo DH, Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Consorcio Oaxaca, Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Sección XXII del SNTE, Servicios del Pueblo Mixe y Servicios para una Educación Alternativa, entre otras. Nota relacionada: Opositores al Tren Maya exigen a AMLO disculpa pública por señalamientos de fondeo extranjero