MONTERREY, N.L. (apro).- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció el despido de 11 de sus trabajadores al haber sido encontrados culpables por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haber desviado recursos públicos para la recolección de firmas en la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón. Aunque la fuente no los menciona por puestos, trascendió que los cesados son un director, un coordinador de área, tres agentes del ministerio público, un perito, un auxiliar de investigación, un asistente y tres elementos ministeriales. Al aceptar como válida la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, dictada el 21 de junio de 2018, la Fiscalía General, independiente del Gobierno Estatal, indicó que las sanciones son aplicadas “por una serie de apoyos brindados por servidores públicos del Estado al entonces candidato presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, algunos pertenecientes a esta institución”. En acato a la sentencia dictada dentro del procedimiento especial sancionador SREPSC-153/2018 la Visitaduría General de la Fiscalía nuevoleonesa inició el procedimiento de responsabilidad administrativa, de manera individualizada, en contra de los 11 servidores públicos señalados en esa resolución, de acuerdo con los términos indicados por la autoridad electoral. Los trabajadores de la Fiscalía de Nuevo León fueron notificados por la Visitaduría General, que encontró que todos ellos “faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral, al captar apoyos (firmas electrónicas) en día y horario laboral a favor de la candidatura independiente de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón”. Señala la Fiscalía, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, que los despedidos violentaron preceptos de orden constitucional, así como la normativa jurídica que rige la función pública. https://twitter.com/FiscaliaNL/status/1301211006950088707?s=20 Además de ser removidos del cargo, se les canceló el certificado de servidor público, anotación que quedó asentada en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública. En el 2017, El Bronco pidió licencia como gobernador y anunció que buscaría la candidatura para la Presidencia de México, por lo que se lanzó a recorrer el país para buscar las firmas electrónicas necesarias que le pedía la autoridad electoral para registrarse sin partido. Aunque consiguió la cuota de respaldos, y compitió en los comicios del 2018, el TEPJF lo encontró luego culpable de haber utilizado más de 500 funcionarios públicos para recabar firmas. Entre ellos se encontraba Manuel de la O, actual secretario de Salud estatal y vocero de la pandemia, quien recabó más de 3 mil firmas a favor de Rodríguez Calderón. El Tribunal ordenó al Congreso Local que impusiera castigo a El Bronco, aunque luego el gobernador ganó una controversia constitucional, con la que se determinó que los legisladores locales no tenían facultades para imponerle sanción. Ahora lo que resta es que la misma legislatura proceda con un juicio político contra el gobernador, procedimiento que difícilmente se cumplirá, pues Rodríguez termina su mandato en octubre del 2021. https://www.proceso.com.mx/641645/corte-invalida-procedimiento-estatal-para-sancionar-al-bronco-pero-abre-la-puerta-a-juicio-politico-federal