Los operadores (voluntarios e involuntarios) de Sosa Castelán

UAEH Los operadores (voluntarios e involuntarios) de Sosa Castelán Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Décadas de saqueo. Foto: Facebook

Damián Sosa Castelán atribuye los procesos contra su hermano Gerardo y otros miembros de su familia a una persecución política. Lo cierto es que sus rivales los han señalado desde hace décadas de múltiples delitos y manejos irregulares del patrimonio universitario y de fondos públicos. En la investigación abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera son los propios operadores de su grupo quienes señalan a los Sosa como quienes ordenaron los actos cuestionados.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Yo no soy nada”, dice María Cruz Campos Álvarez, una trabajadora de limpieza coacusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones de pesos en el caso que se le sigue a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

En la causa penal 263/2020, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exrector y luego encargado del manejo financiero de la casa de estudios de ser el cerebro de una maquinaria de corrupción desde la entraña de la UAEH para sustraer dinero. 

Jaque a la mafia hidalguense

En este entramado, cuyo móvil fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), María Cruz y María Luisa Montalvo Sierra son acusadas de recibir el dinero de la UAEH en una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, y dispersarlo a las cuentas de Gerardo Sosa y las de sus hijas, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hoy prófugas, así como a empresas de las que ellos tienen control: Contabilidad Automatizada de Hidalgo S.C., Contabilidad Especializada de Hidalgo S.C., y Eficiencia en Negocios y Asociados.

“No tengo nada. Soy cabeza de familia, mi esposo está desempleado y mi hija depende de mí. Si tuviera dinero no estaría yo aquí, incluso mi familia ahorita tendría qué comer”, afirma Cruz desde el Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos, donde está recluida. Pasan de las 02:00 horas del domingo 6 y tiene lugar la audiencia virtual en la que tanto ella como María Luisa, Gerardo Sosa y otro operador del Grupo Universidad, Juan Manuel Hernández Gayosso, son vinculados a proceso. 

“Por uno o dos años me dijeron que yo iba a fungir como representante legal, pero yo no veía el alcance de lo que iba a tener. Cometí el error de pertenecer a esa sociedad, pero muchas veces la necesidad económica nos orilla. Mi madre estaba enferma. Me dio miedo de que me fueran a correr y me quedara sin trabajo, y sí, acepté firmar”, reconoció Cruz ante el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien señaló, al igual que los dos representantes de la FGR, que aun si no conocía las operaciones que se realizarían en la empresa, eso no la exime de responsabilidad. 

Desde 2005 María Cruz es trabajadora de limpieza en las oficinas de El Sol de Hidalgo, en Pachuca. Ese puesto lo desempeñó hasta el 31 de agosto, cuando fue detenida.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Pachuca, ella y María Luisa constituyeron Contabilidad del Siglo XXI el 18 de enero de 2001 y, además de ser accionistas, fungieron como presidenta y vicepresidenta, respectivamente. Después, abrieron una cuenta en Scotiabank en la cual, desde 2011 hasta 2018, recibieron los 58 millones de pesos de la universidad y los dispersaron mediante cheques entre empresas controladas por los Sosa y cuentas personales de las hijas del exrector. 

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2289 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 13 de septiembre de 2020.

Sosa Castelán, el ejidatario

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